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Panorama

La ONDA ordena a Telecable Central suspender retransmisión programación Univisión

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SANTO DOMINGO. La Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA) ordenó este lunes a la empresa Telecable Central la suspensión inmediata  de la señal y contenido de la cadena de televisión norteamericana Univisión.

La decisión está contenida en la resolución número   006 – 2018, emitida por la ONDA, firmada por el director de la institución, doctor Trajano Santana s.

La medida fue notificada, mediante acto de alguacil a los ejecutivos de Telecable Central, en la provincia La Vega; Telemicro, canal 5, en la capital y a Univisión, representada en el país por el bufete de abogados  Biaggi Messina.

También fue notificada la empresa Lorac comunications.

La ONDA tomó la decisión luego que fuera apoderada por Univisión de una denuncia en el sentido de que Telecable Central estaba transmitiendo de manera ilegal su programación en República Dominicana.

Aseguró que solo la empresa Telemicro, canal 5, está autorizada a retransmitir su programación en República Dominicana.

Tan pronto recibió la denuncia, funcionarios del Departamento de Inspectoría de la ONDA viajaron a La Vega para verificar la veracidad de la denuncia.

Los inspectores de la ONDA se reunieron durante más de una hora con los ejecutivos de Cable Central y pasaron el caso al Departamento Legal de la institución, organismo que citó a las partes en conflicto para escuchar y recibir las pruebas de sus alegatos.

La ONDA dijo que dispuso la “suspensión cautelar inmediata de la retransmisión de la señal y contenido de Univisión hasta que tome una decisión definitiva sobre el conflicto.

Indicó que procedió de esa forma porque Telecable Central no presentó la documentación que demuestre su alegato de que posee un contrato que lo autoriza a retransmitir la programación de Univisión

“Lo cual impide a esta oficina determinar si la retransmisión o transmisión y comercialización de la referida señal satelital en su programación cuentan con la autorización expresa de su titular y de existir, para qué municipio, provincia y región ha sido autorizada a efectos de comercialización”.

Manifestó que “esta oficina ha verificado la apariencia de buen derecho y peligro de demora, respecto al hecho que se denuncia”, expresa la resolución de la ONDA.

La entidad gubernamental ordenó la remisión formal de la presente resolución a la Procuraduría General de la República para su conocimiento y fines de lugar.

“Esta resolución no es definitiva, por lo que, contra la misma, cabe interponer una reconsideración por ante la Oficina Nacional de Derecho de Autor y un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo, ambos dentro del plazo de 30 días a contar desde el día de su notificación”, precisa la resolución.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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Identifican a los dos fallecidos en explosión de camión en el malecón; mujer manejaba la yipeta

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Las autoridades identificaron este lunes a los dos fallecidos en el accidente de tránsito que involucró un camión de combustible, un automóvil, una yipeta y una motocicleta en la avenida George Washington, próximo al restaurante Adrián Tropical, en el Distrito Nacional. Dos de los vehículos se calcinaron producto de una explosión.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Alejandro Torres Mejía, de 35 años, y María Altagracia Méndez de Olivo, de 53.

De acuerdo con la información suministrada a Diario Libre por el jefe del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, José Frómeta Herasme, el hombre fallecido conducía el camión y la mujer se desplazaba en la yipeta.

Frómeta Herasme indicó que las causas de la explosión del camión tanquero se encuentran en fase de investigación.

El accidente ocurrió a las 6:58 de la mañana de este lunes. Según las autoridades, el camión transportaba alrededor de 10,000 galones de combustible, que se derramaron y posteriormente explotó causando un incendio.

Por tratarse de gasoil, los bomberos utilizaron espuma para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas.

El incendio provocó una intensa humareda en la zona y movilizó a unas 12 unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, además de generar un fuerte congestionamiento vehicular.

Al lugar del hecho acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (Ceccom).

«Lo único que pensé fue en salir del vehículo»: el relato de un sobreviviente del accidente en la George Washington

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Cancelan concesión minera a Falcondo por incumplimientos

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El Tribunal Superior Administrativo (TSA) puso fin a casi siete décadas de concesión minera de Falconbridge Dominicana (Falcondo), al determinar que la empresa incumplió obligaciones esenciales mientras la explotación de los yacimientos de Quisqueya I permanecía paralizada desde noviembre de 2023.

La Segunda Sala del TSA acogió la acción presentada por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), en representación del Estado dominicano, y ordenó la terminación de los contratos de concesión suscritos hace casi 70 años, en 1956 y 1969, correspondientes a Quisqueya I, una extensión de 22,392 hectáreas entre La Vega y Monseñor Nouel.

La sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, emitida el 12 de agosto de 2026, consideró acreditados incumplimientos relacionados con la explotación de los recursos mineros, obligaciones económicas y laborales y la entrega de información técnica requerida por la legislación.

Según una nota de prensa, uno de los elementos determinantes fue que las operaciones productivas de Quisqueya estaban detenidas desde el 17 de noviembre de 2023, conforme a una certificación de la Dirección General de Minería.

A esto se sumó que Falcondo no había entregado los informes semestrales de progreso correspondientes a 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones de 2023 y 2024.

Para el tribunal, esas faltas comprometían obligaciones directamente vinculadas con el propósito de la concesión: explotar efectivamente los recursos otorgados por el Estado y mantener informadas a las autoridades sobre el desarrollo de las operaciones.

El TSA también consideró que la inactividad de la concesión afectaba el interés general asociado al aprovechamiento de los recursos mineros nacionales, por lo que entendió que los incumplimientos tenían la gravedad suficiente para justificar la terminación de los contratos.

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