Una operación conjunta del Ministerio Público e Inteligencia de la Dirección General de Migración llevó al arresto de un inspector de control migratorio que exigió a una mujer la entrega de un soborno de RD$100 mil para facilitar su salida al Reino de España por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

El imputado Carlos Javier Sánchez estaba bajo vigilancia y fue sorprendido cuando iba a recibir el dinero durante una entrega controlada autorizada por una jueza.

La investigación del caso está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia, y cuenta con el apoyo de la dirección de inteligencia migratoria a cargo del general de brigada Juan Carlos Vicente Pérez, FARD.

El proceso de investigación ha contado con el apoyo de varios equipos de inteligencia
de la Dirección General de Migración (DGM).

La entrega controlada del dinero fue realizada por un equipo especializado de vigilancia y seguimiento del Ministerio Público, el cual estuvo representado en la operación por el fiscal Miguel Crucey, de la Dirección General de Persecución.

La operación se amparó en el Auto núm. 02535-2026, dictado en fecha 26 de junio de este 2026, por la jueza Francis Y. Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.

La entrega controlada, que en este caso se produjo en una acción coordinada con la DGM, se inscribe en las acciones proactivas implementadas por la actual gestión del Ministerio Público para perseguir la corrupción y el crimen organizado.

El imputado Carlos Javier Sánchez fue perseguido y arrestado a partir del  momento en que iba a recibir el dinero fuera de un establecimiento comercial, durante la entrega controlada autorizada por decisión judicial.

El Ministerio Público someterá al imputado a la justicia en las próximas horas para
conocerle medidas de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.

La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dejó en libertad, bajo medidas de coerción, a los diez imputados acusados de participar en un alegado fraude financiero superior a los RD$200 millones en perjuicio del Banco BHD, tras variar la prisión preventiva que pesaba en su contra.

La decisión de la Corte fue fundamentada en que los delitos económicos, por su naturaleza, no ameritan la imposición de prisión preventiva.

No obstante, el abogado del Banco BHD, Julio Camejo, criticó ese criterio al considerar que envía «un mensaje distorsionado a la sociedad» sobre las consecuencias de este tipo de delitos.

Entre los beneficiados figura Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado por el Ministerio Público como el presunto cabecilla de la trama y exempleado de la entidad bancaria. También fueron favorecidos Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.

Los procesados permanecían en prisión preventiva desde que el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional les impuso esa medida y declaró el caso complejo, al considerar que existían elementos suficientes para vincularlos con una presunta red de acreditaciones irregulares dentro de la institución financiera.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Cepeda Núñez habría aprovechado su posición como empleado del Banco BHD para realizar acreditaciones fraudulentas que permitían transferir fondos a cuentas de terceros, quienes presuntamente recibían y se beneficiaban del dinero obtenido de manera ilícita.

La denuncia fue presentada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional, luego de que el banco detectara movimientos irregulares durante una investigación interna iniciada en marzo.

El Banco BHD informó que las pérdidas económicas fueron absorbidas por la institución y aseguró que los depósitos de los clientes nunca estuvieron comprometidos. Asimismo, destacó que colaboró desde el inicio con el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Superintendencia de Bancos para esclarecer los hechos.