A pocos días de concluir la presente legislatura, el presidente Luis Abinader, remitió al Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados dos nuevos contratos de préstamo por un monto conjunto de US$465.5 millones (27 mil 488 millones de pesos) para desarrollo vial y ambiental

Estos contratos de financiamiento, suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), deberán agotar el trámite legislativo en la Cámara Baja y ratificado por el Senado antes de devolverlo al ejecutivo.

El primer acuerdo asciende a US$265.5 millones y fue firmado el pasado 22 de abril de 2026 para financiar el Proyecto de Plan de Manejo de la Cuenca del Río Yuna, que será ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).

Con estos recursos se pretende impulsar un desarrollo sostenible, resiliente y bajo en carbono en la cuenca del río Yuna mediante el fortalecimiento de la gestión del recurso hídrico, la reducción del riesgo de inundaciones, la implementación de soluciones basadas en la naturaleza y la promoción de tecnologías agrícolas climáticamente inteligentes.

El segundo contrato contempla un financiamiento de US$200 millones de dólares, firmado el 29 de abril de 2026, para ejecutar el Programa de Implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial, que será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Con estos recursos se busca mejorar la seguridad de la red vial principal del país, reforzar la protección en los entornos escolares y fortalecer las labores de fiscalización, educación vial y atención a las víctimas de accidentes de tránsito.

La remisión de estos dos nuevos empréstitos se produce cuando el Congreso entra en la recta final de la legislatura y apenas semanas después de que, el pasado 2 de junio, el Poder Legislativo aprobara otros dos préstamos por US$600 millones, también sometidos por el Poder Ejecutivo.

De ser aprobados, los nuevos contratos elevarían a US$1,065.5 millones el monto de los préstamos autorizados o en proceso de conocimiento por el Congreso durante las últimas semanas.

Una operación conjunta del Ministerio Público e Inteligencia de la Dirección General de Migración llevó al arresto de un inspector de control migratorio que exigió a una mujer la entrega de un soborno de RD$100 mil para facilitar su salida al Reino de España por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

El imputado Carlos Javier Sánchez estaba bajo vigilancia y fue sorprendido cuando iba a recibir el dinero durante una entrega controlada autorizada por una jueza.

La investigación del caso está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia, y cuenta con el apoyo de la dirección de inteligencia migratoria a cargo del general de brigada Juan Carlos Vicente Pérez, FARD.

El proceso de investigación ha contado con el apoyo de varios equipos de inteligencia
de la Dirección General de Migración (DGM).

La entrega controlada del dinero fue realizada por un equipo especializado de vigilancia y seguimiento del Ministerio Público, el cual estuvo representado en la operación por el fiscal Miguel Crucey, de la Dirección General de Persecución.

La operación se amparó en el Auto núm. 02535-2026, dictado en fecha 26 de junio de este 2026, por la jueza Francis Y. Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.

La entrega controlada, que en este caso se produjo en una acción coordinada con la DGM, se inscribe en las acciones proactivas implementadas por la actual gestión del Ministerio Público para perseguir la corrupción y el crimen organizado.

El imputado Carlos Javier Sánchez fue perseguido y arrestado a partir del  momento en que iba a recibir el dinero fuera de un establecimiento comercial, durante la entrega controlada autorizada por decisión judicial.

El Ministerio Público someterá al imputado a la justicia en las próximas horas para
conocerle medidas de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.