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RD dio pleno respaldo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela

RD dio pleno respaldo a Juan Guaidó como presidente interino

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Gedeón Santos, embajador de la República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos (OEA). (FUENTE EXTERNA)

República Dominicana respaldó ayer oficialmente al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó Márquez, como titular del Poder Ejecutivo de esa nación ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la votación de la sesión extraordinaria celebrada ayer y en la que 16 de un total de 34 estados miembros desconocieron la legitimidad del segundo mandato de Nicolás Maduro Moros.

Los países que reconocieron a Guaidó como mandatario interino de la República Bolivariana de Venezuela fueron Argentina, Haití, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Las 16 naciones le solicitaron al organismo y a las Fuerzas Armadas venezolanas garantizar la seguridad de Guaidó Márquez y la de los miembros de la Asamblea Nacional, conformada por una mayoría opositora; así como la del resto de los dignatarios y diplomáticos que permanecen en suelo venezolano.

“Ayer en Venezuela se produjo un golpe de Estado por países que quieren justificarlo en esta organización”, respondió Asbina Ixchel Marin Sevilla, representante de Venezuela en la OEA a los países que en la votación desconocieron al gobierno de Maduro.

Continuidad
La decisión del Gobierno dominicano transcendió en la noche del pasado miércoles a través del portavoz de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, quien informó en su cuenta oficial de Twitter que el país votaría en la misma dirección que lo hizo en la resolución adoptada el 10 de enero en la Asamblea General de ese organismo internacional.

Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, declaró “ilegítimo” el régimen “del antiguo presidente Maduro”.

“Todas sus declaraciones sin ilegítimas”, dijo en su discurso el funcionario estadounidense.

Asimismo, Pompeo anunció 20 millones de dólares en ayuda humanitaria para el pueblo venezolano e instó al resto de los miembros de la OEA a reconocer a Guaidó como el mandatario legítimo de la República.

Pompeo volvió a advertir al “usurpador” Nicolás Maduro sobre cualquier decisión para “usar la violencia y reprimir una transición pacífica”.

UE y legitimidad
Concluida la sesión de la OEA, la Unión Europea se pronunció sobre la crisis política venezolana. A través de su vocera, Maja Kocijancic, recalcó su respaldo a la Asamblea Nacional de esa nación como la institución elegida “legítimamente”, sin reconocer a su presidente, Juan Guaidó, como mandatario interino de Venezuela, tal y como él se autoproclamó.

“Por principio, no reconocemos gobiernos, sino a los países”, indicó en la rueda de prensa .

Partidos se pronuncian
Los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y Reformista Social Cristiano (PRSC) pidieron al presidente Danilo Medina Sánchez reconocer a Juan Gerardo Guaidó Márquez como gobernante encargado de Venezuela más allá de la votación de la OEA.

De los mayoritarios, no se han pronunciado sobre la crisis política y social venezolana los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y el Revolucionario Dominicano (PRD).

Fidelio rechaza intervención
El diputado de Alianza País y excombatiente de la Guerra de Abril de 1965, Fidelio Despradel, recordó que fue la Organización de Estados Americanos (OEA) la que dio autorización para la segunda intervención del ejército de Estados Unidos al país y defendió al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como el mandatario que ha sido electo a través del mecanismo constitucional del voto ciudadano. “Defendemos que el pueblo de Venezuela busque el camino de la paz y la unidad”, expresó Despradel, al rechazar cualquier injerencia.

Diario Libre

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Procuraduría revoca multas por violar el toque de queda

Dispone que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias sean presentados ante un juez de paz

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La procuradora General de la República revocó, tras concluir el proceso de revisión que anunció esta semana, la “Instrucción general sobre procesamiento y sanciones por incumplimiento del toque de queda y prohibición de aglomeraciones”.

La decisión de la magistrada Miriam Germán Brito revierte la instrucción que había emitido a los fiscales de las distintas instancias del Ministerio Público el 11 de enero de 2021, en el que establecía los montos a cobrar por las multas al toque de queda y otras disposiciones emitidas por el gobierno ante la pandemia del COVID-19.

Mediante estas nuevas directrices, de fecha 15 de enero de 2021, la procuradora general dispone que los integrantes del Ministerio Público deberán procurar que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo, y que a su vez se amparan en declaratorias de estado de excepción, deberán ser sometidos ante el juez de paz de la jurisdicción correspondiente que conozca asuntos contravencionales.

De acuerdo con la instrucción, el Ministerio Público deberá seguir velando porque, con base al ordenamiento jurídico, las multas impuestas al ciudadano jamás excedan de entre uno y diez salarios mínimos, como lo establece la Ley General de Salud Pública, número 42-01, de fecha 8 de marzo del año 2001.

Al impartir la comunicación interna a los fiscales, la procuradora recordó la necesidad de que el Ministerio Público apoye las acciones del Gobierno y acompañe a toda la población en la implementación de las medidas que, como el toque de queda y el distanciamiento social, buscan frenar la pandemia del COVID-19, provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, el cual ha afectado en el país a 188,969 personas (1,482 en 24 horas), con la pérdida irreparable de 2,432 vidas humanas.

Aunque procedió a revocar su instrucción tras analizarla y discutirla con su equipo de expertos, la magistrada garantizó a la ciudadanía “que jamás el Ministerio Público dejará de cumplir sus funciones y su obligación de perseguir sanciones contra quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades competentes para garantizar la salud pública”.

El artículo 153 de la Ley General de Salud estipula sanciones de entre 1 y 10 salarios mínimos (entre RD$10,000 y RD$100,000) para quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades de salud para prevenir y controlar las enfermedades transmisibles.

Sobre la fijación de montos anteriores, la procuradora expuso que “obedecían al interés del Ministerio Público de ofrecer una especie de criterio de oportunidad para atenuar la sanción imponible en el caso de conductas que se consideren de menor lesividad, así como un parámetro común para proceder y evitar la discrecionalidad”.

“La Procuraduría General de la República refuerza su interés en fortalecer el estado de derecho y recuerda a la comunidad jurídica y al liderazgo político la necesidad de un debate constructivo que aporte soluciones”, establece la nota de prensa.

Recordó que al momento de iniciar el estado de emergencia hace un año, República Dominicana, como muchos países, se encontró frente a la necesidad de actuar ante una pandemia que sorprendió a todo el mundo. Por esa razón, intuye, las normas aplicables a quienes violentan las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para prevenir y controlar la pandemia, al parecer se empezaron a aplicar analógicamente al procedimiento de multas establecido en la Ley General de Tránsito.

Dicha legislación permite el pago voluntario de la multa del infractor, sin necesidad de agotar el procedimiento jurisdiccional, beneficiando al procesado con la fijación de un monto menor imponible.

Además de emitir la instrucción, Germán Brito sostuvo una reunión de trabajo con la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, a quien encomendó instruir a todos los fiscales para que procedan a instrumentar de urgencia los sometimientos correspondientes por el procedimiento contravencional a quienes violenten las medidas adoptadas para prevenir la COVID, incluyendo el incumplimiento del toque de queda.

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Abel Martínez dice DNCD entró a su oficina y orden de allanamiento tenía otra dirección

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El alcalde de Santiago, Abel Martínez, afirmó este viernes que agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) penetraron la residencia que ha utilizado como oficina a pesar de que en la orden de allanamiento tenía la dirección de otra propiedad.

“Malintencionado, por error o por confusión, penetraron a una casa de campaña que tenemos hace más de 15 años en la urbanización Paraíso, no obstante la orden de allanamiento dice otro número de casa y otro número de calle”, aseguró Martínez.

Asimismo, reiteró que no vive en el lugar donde la DNCD realizó la pesquisa, sino que solo la alquila, añadiendo que lo ha hecho durante los últimos 15 años y que todas las personas que lo conocen saben que desde allí opera su base política.

Igualmente el integrante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijo sentirse indignado por las acciones de la DNCD, calificándola como una violación de privacidad, y expresó que más allá de beneficiarse del narcotráfico, lo ha combatido, desde su época de ayudante de fiscal.

No los conoce
En cuanto a las personas buscadas por las autoridades, Martínez aseveró que no los conoce e indicó que espera que estos sean apresados.

El Ministerio Público, en el referido allanamiento, perseguía a Amílcar Rafael Soto Candelario, de 46 años, y Carlos Edelmiro Roso Peña de 48, quienes son buscados por presuntamente violar la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas; la 631-16 sobre armas y municiones; de la 155-17 sobre lavados de activos provenientes del tráfico ilegal de drogas, y otras “infracciones graves”.

FUENTE: Listín Diario

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