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El Gobierno rechaza financiar primarias; JCE convoca a los partidos para analizar situación

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Autoridades del Gobierno se mantienen firmes en torno a que el costo de las primarias del 6 de octubre, deberán ser financiadas por los cinco partidos que usarán esa metodología para escoger sus candidatos a cargos electivos.

Ayer los ministros Administrativos de la Presidencia y de Economía, Planificación y Desarrollo, coincidieron en señalar que la Ley 33-18 de Partidos, es muy clara en torno a quienes deben costear el proceso.

Mientras la Junta Central Electoral (JCE) anunció que el lunes sostendrá una reunión con los cinco partidos que celebrarán primarias.

El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, dijo que desconoce cuál ha sido el acuerdo a que arribaron el pleno de la JCE y los representantes de los partidos respecto al financiamiento de las elecciones primarias.

Sostuvo que, de todas maneras, el legislador previó esa temática al momento de discutir y aprobar la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

Dijo que lo correcto es esperar para ver el contenido, “aunque la ley es clara en ese sentido de cómo debe financiarse ese proceso”.

Mientras, El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, consideró que la Junta debe resolver el financiamiento de las primarias, ya que de lo contrario habría que modificar el Presupuesto Nacional.

Precisó que se supone que los costos de las primarias de los partidos corresponden a esas organizaciones políticas.

“Eso todavía creo que está sujeto a discusión pero se supone que los costos de las primarias de los partidos tienen que cubrirlo con el presupuesto de la campaña los partidos no con el presupuesto nacional”.

Indicó que es algo que todavía no está completamente definido, yo prefiero esperar a que se tome una decisión definitiva.

Dijo que si el Gobierno tuviera que buscar recursos para las primarias entonces significaría que habría que hacer modificaciones para restar recursos a otras cosas más importantes para el país.

“Cuando se hace una cosa se limita lo que se iba hacer en otra y eso es lo que habría que hacer en el caso hipotético, en el caso de que el Estado tuviera que buscar recursos. Estamos a las expectativas de que eso lo resuelva la JCE con los partidos porque es a los partidos que les corresponde financiar su primaria”, manifestó.

Aumenta oposición
Partidos se mostraron ayer opuesto a que el Estado dominicano asuma casi la totalidad del costo de las primarias que celebraran cinco organizaciones políticas para escoger sus candidatos a cargos electivos, y demandan que se cumpla con la Ley 33-18.

Luis Miguel De Camps, presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), calificó de preocupante el anuncio realizado por la Junta Central Electoral (JCE) de que el Estado asumirá el 85% del costo de las primarias del 6 de octubre.

“Entendemos que la flexibilidad mostrada por la JCE contradice la posición que el mismo organismo anunció a final de julio de 2018, cuando señaló que, de aprobarse la ley de partidos sin el correspondiente aprovisionamiento de fondos, no sería posible llevarla a cabo”, enfatizó.

Max Puig, presidente de Alianza por la Democracia (APD), dijo compartir la indignación y el rechazo generalizado que ha concitado la aplicación que ha hecho la Junta de la Ley 33-18 con relación al financiamiento de las elecciones primarias.

“Es una ley injusta que profundiza las inequidades propias del sistema electoral dominicano. Si, para colmo, una ley mala se aplica mal se agudizan los problemas y se retrocede en términos democráticos”, aseguró.

El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle, afirmó que para el Estado cubrir la partida de los RD$1,249,000.00 de las primarias, habría que realizar una modificación a la Ley de Presupuesto General del Estado del año 2019.

“Eso resulta contraria al artículo 47 de la ley 33-18”, destacó.La Junta convoca

El Pleno de la JCE decidió ayer convocar a los partidos políticos PLD, PRM, PRD, ALPAIS y OD, a los fines de analizar el presupuesto de las primarias, a la luz del artículo 47 de la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

El encuentro tendrá lugar el próximo lunes 11, a las 10:00 de la mañana, en el salón de Partidos Políticos de la sede de la JCE.

La convocatoria dice que el objetivo es consolidar los elementos de un acuerdo previo que debe ser suscrito entre las partes conforme a dicha ley.

Aprueban voto automatizado
La Junta Central Electoral (JCE) anunció que ya es un hecho la implementación del sistema de voto automatizado en las primarias del 6 de octubre próximo, luego de que ayer se firmara un acuerdo entre los cinco partidos participantes avalando el uso de esa tecnología.

El acuerdo fue suscrito por el equipo técnico de la JCE, encabezado por los directores de Informática, Miguel Ángel García, y de Elecciones, Mario Núñez, así como por los delegados técnicos de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Moderno (PRM), Revolucionario Dominicano (PRD), Alianza País (ALPAIS) y Opción Democrática (OD). La aplicación es un piloto con miras a su uso en las elecciones del próximo año 2020.

FUENTE: Diario Libre

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Poder Ejecutivo somete préstamos por 465 millones de dólares para desarrollo vial y ambiental

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A pocos días de concluir la presente legislatura, el presidente Luis Abinader, remitió al Congreso Nacional a través de la Cámara de Diputados dos nuevos contratos de préstamo por un monto conjunto de US$465.5 millones (27 mil 488 millones de pesos) para desarrollo vial y ambiental

Estos contratos de financiamiento, suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), deberán agotar el trámite legislativo en la Cámara Baja y ratificado por el Senado antes de devolverlo al ejecutivo.

El primer acuerdo asciende a US$265.5 millones y fue firmado el pasado 22 de abril de 2026 para financiar el Proyecto de Plan de Manejo de la Cuenca del Río Yuna, que será ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi).

Con estos recursos se pretende impulsar un desarrollo sostenible, resiliente y bajo en carbono en la cuenca del río Yuna mediante el fortalecimiento de la gestión del recurso hídrico, la reducción del riesgo de inundaciones, la implementación de soluciones basadas en la naturaleza y la promoción de tecnologías agrícolas climáticamente inteligentes.

El segundo contrato contempla un financiamiento de US$200 millones de dólares, firmado el 29 de abril de 2026, para ejecutar el Programa de Implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial, que será ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

Con estos recursos se busca mejorar la seguridad de la red vial principal del país, reforzar la protección en los entornos escolares y fortalecer las labores de fiscalización, educación vial y atención a las víctimas de accidentes de tránsito.

La remisión de estos dos nuevos empréstitos se produce cuando el Congreso entra en la recta final de la legislatura y apenas semanas después de que, el pasado 2 de junio, el Poder Legislativo aprobara otros dos préstamos por US$600 millones, también sometidos por el Poder Ejecutivo.

De ser aprobados, los nuevos contratos elevarían a US$1,065.5 millones el monto de los préstamos autorizados o en proceso de conocimiento por el Congreso durante las últimas semanas.

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Arrestan inspector migratorio que exigió un soborno de RD$100 mil a mujer

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Una operación conjunta del Ministerio Público e Inteligencia de la Dirección General de Migración llevó al arresto de un inspector de control migratorio que exigió a una mujer la entrega de un soborno de RD$100 mil para facilitar su salida al Reino de España por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

El imputado Carlos Javier Sánchez estaba bajo vigilancia y fue sorprendido cuando iba a recibir el dinero durante una entrega controlada autorizada por una jueza.

La investigación del caso está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de La Altagracia, y cuenta con el apoyo de la dirección de inteligencia migratoria a cargo del general de brigada Juan Carlos Vicente Pérez, FARD.

El proceso de investigación ha contado con el apoyo de varios equipos de inteligencia
de la Dirección General de Migración (DGM).

La entrega controlada del dinero fue realizada por un equipo especializado de vigilancia y seguimiento del Ministerio Público, el cual estuvo representado en la operación por el fiscal Miguel Crucey, de la Dirección General de Persecución.

La operación se amparó en el Auto núm. 02535-2026, dictado en fecha 26 de junio de este 2026, por la jueza Francis Y. Reyes Diloné, del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia.

La entrega controlada, que en este caso se produjo en una acción coordinada con la DGM, se inscribe en las acciones proactivas implementadas por la actual gestión del Ministerio Público para perseguir la corrupción y el crimen organizado.

El imputado Carlos Javier Sánchez fue perseguido y arrestado a partir del  momento en que iba a recibir el dinero fuera de un establecimiento comercial, durante la entrega controlada autorizada por decisión judicial.

El Ministerio Público someterá al imputado a la justicia en las próximas horas para
conocerle medidas de coerción en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia.

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