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El Gobierno rechaza financiar primarias; JCE convoca a los partidos para analizar situación

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Autoridades del Gobierno se mantienen firmes en torno a que el costo de las primarias del 6 de octubre, deberán ser financiadas por los cinco partidos que usarán esa metodología para escoger sus candidatos a cargos electivos.

Ayer los ministros Administrativos de la Presidencia y de Economía, Planificación y Desarrollo, coincidieron en señalar que la Ley 33-18 de Partidos, es muy clara en torno a quienes deben costear el proceso.

Mientras la Junta Central Electoral (JCE) anunció que el lunes sostendrá una reunión con los cinco partidos que celebrarán primarias.

El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, dijo que desconoce cuál ha sido el acuerdo a que arribaron el pleno de la JCE y los representantes de los partidos respecto al financiamiento de las elecciones primarias.

Sostuvo que, de todas maneras, el legislador previó esa temática al momento de discutir y aprobar la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

Dijo que lo correcto es esperar para ver el contenido, “aunque la ley es clara en ese sentido de cómo debe financiarse ese proceso”.

Mientras, El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, consideró que la Junta debe resolver el financiamiento de las primarias, ya que de lo contrario habría que modificar el Presupuesto Nacional.

Precisó que se supone que los costos de las primarias de los partidos corresponden a esas organizaciones políticas.

“Eso todavía creo que está sujeto a discusión pero se supone que los costos de las primarias de los partidos tienen que cubrirlo con el presupuesto de la campaña los partidos no con el presupuesto nacional”.

Indicó que es algo que todavía no está completamente definido, yo prefiero esperar a que se tome una decisión definitiva.

Dijo que si el Gobierno tuviera que buscar recursos para las primarias entonces significaría que habría que hacer modificaciones para restar recursos a otras cosas más importantes para el país.

“Cuando se hace una cosa se limita lo que se iba hacer en otra y eso es lo que habría que hacer en el caso hipotético, en el caso de que el Estado tuviera que buscar recursos. Estamos a las expectativas de que eso lo resuelva la JCE con los partidos porque es a los partidos que les corresponde financiar su primaria”, manifestó.

Aumenta oposición
Partidos se mostraron ayer opuesto a que el Estado dominicano asuma casi la totalidad del costo de las primarias que celebraran cinco organizaciones políticas para escoger sus candidatos a cargos electivos, y demandan que se cumpla con la Ley 33-18.

Luis Miguel De Camps, presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), calificó de preocupante el anuncio realizado por la Junta Central Electoral (JCE) de que el Estado asumirá el 85% del costo de las primarias del 6 de octubre.

“Entendemos que la flexibilidad mostrada por la JCE contradice la posición que el mismo organismo anunció a final de julio de 2018, cuando señaló que, de aprobarse la ley de partidos sin el correspondiente aprovisionamiento de fondos, no sería posible llevarla a cabo”, enfatizó.

Max Puig, presidente de Alianza por la Democracia (APD), dijo compartir la indignación y el rechazo generalizado que ha concitado la aplicación que ha hecho la Junta de la Ley 33-18 con relación al financiamiento de las elecciones primarias.

“Es una ley injusta que profundiza las inequidades propias del sistema electoral dominicano. Si, para colmo, una ley mala se aplica mal se agudizan los problemas y se retrocede en términos democráticos”, aseguró.

El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle, afirmó que para el Estado cubrir la partida de los RD$1,249,000.00 de las primarias, habría que realizar una modificación a la Ley de Presupuesto General del Estado del año 2019.

“Eso resulta contraria al artículo 47 de la ley 33-18”, destacó.La Junta convoca

El Pleno de la JCE decidió ayer convocar a los partidos políticos PLD, PRM, PRD, ALPAIS y OD, a los fines de analizar el presupuesto de las primarias, a la luz del artículo 47 de la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

El encuentro tendrá lugar el próximo lunes 11, a las 10:00 de la mañana, en el salón de Partidos Políticos de la sede de la JCE.

La convocatoria dice que el objetivo es consolidar los elementos de un acuerdo previo que debe ser suscrito entre las partes conforme a dicha ley.

Aprueban voto automatizado
La Junta Central Electoral (JCE) anunció que ya es un hecho la implementación del sistema de voto automatizado en las primarias del 6 de octubre próximo, luego de que ayer se firmara un acuerdo entre los cinco partidos participantes avalando el uso de esa tecnología.

El acuerdo fue suscrito por el equipo técnico de la JCE, encabezado por los directores de Informática, Miguel Ángel García, y de Elecciones, Mario Núñez, así como por los delegados técnicos de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Moderno (PRM), Revolucionario Dominicano (PRD), Alianza País (ALPAIS) y Opción Democrática (OD). La aplicación es un piloto con miras a su uso en las elecciones del próximo año 2020.

FUENTE: Diario Libre

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Condenan a 30 años de prisión a hombre de 83 años en Santiago

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El tercer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago condenó la tarde del martes a 30 años de prisión a Nicolás Suárez, de 83 años, tras hallarlo culpable de tentativa de asesinato, una decisión que será apelada por su defensa, que la considera desproporcionada e incompatible con sus condiciones de salud.

La información fue ofrecida por la defensora pública Milagros del Carmen, representante legal del condenado, quien explicó que el tribunal acogió la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público.

No obstante, la defensa sostuvo que no se configuraban las agravantes necesarias para tipificar el hecho como tentativa de asesinato, por lo que propusieron una calificación menos grave que permitiera una pena suspendida.

La abogada indicó que Suárez presenta problemas de salud, incluyendo limitaciones visuales y auditivas, y recordó que actualmente cumple arresto domiciliario, medida obtenida meses atrás.

Advirtió que, de quedar firme la condena, el imputado tendría que ser trasladado a un centro penitenciario, lo que calificó como una “condena de muerte” por su avanzada edad.

La defensa anunció que apelará la sentencia ante la Corte de Apelación, buscando que se imponga una pena menor que pueda ser cumplida en

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Gregory Adames se la canta a los hermanos Espaillat en juicio preliminar

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Gregory Adames, exempleado de la discoteca Jet Set y sobreviviente del colapso que el 8 de abril de 2025 dejó 236 muertos y más de un centenar de heridos, ejerció este lunes su derecho a declarar ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en la audiencia preliminar reanudada tras el receso del pasado 20 de abril.

Su testimonio, ofrecido en calidad de víctima —una figura procesal distinta a la de testigo, cuya presentación el juez Reymundo Mejía había rechazado en la sesión anterior—, fue uno de los más directos y detallados escuchados hasta ahora en el proceso contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del local.

«Él que está aquí no puede decir que no sabía»
Ante el magistrado Mejía, Adames fue categórico: los responsables del establecimiento tenían pleno conocimiento de las condiciones en que operaba la discoteca.

«El que está aquí no puede decir que no sabía lo que pasaba. Todas las situaciones se me comunicaban a mí y yo se las reportaba directamente», afirmó, en referencia a los propietarios del local.

Según su relato, las fallas estructurales —entre ellas filtraciones de agua y desprendimientos de plafones— eran una constante desde que ingresó a trabajar en el lugar, y se fueron agravando con el tiempo.

Cada incidencia, sostuvo, era notificada de manera reiterada a Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, sin que se tomaran medidas correctivas.

Instalaciones provisionales que nunca se corrigieron
Adames también describió un incendio ocurrido en la planta eléctrica del local, tras el cual técnicos especializados habrían advertido que el establecimiento no estaba en condiciones de operar.

Sin embargo, según su versión, se insistió en reabrir la discoteca recurriendo a instalaciones provisionales.

«Se colocaron cables temporales que permanecieron desde 2023 hasta el día del derrumbe», afirmó, a pesar de que las recomendaciones técnicas apuntaban en sentido contrario.

Meses antes del colapso, agregó, se reportaban desprendimientos de plafones y acumulación de agua que eran atendidos de forma improvisada: en lugar de corregir las fallas de raíz, se colocaban lonas para contener el agua.

«El problema no era una sola vez, era constante», puntualizó.

Adames, aseguró que la noche del incidente solicitó la suspensión de la actividad tras detectar estas situaciones de riesgo dentro del establecimiento.

De acuerdo con su declaración, él tomó la decisión luego de que se registrara un evento previo con un cliente y observar condiciones que consideró peligrosas.

Sin embargo, afirmó que su petición fue rechazada por los responsables del negocio, quienes alegaron que se trataba de una “buena fecha” desde el punto de vista comercial.

Un proceso marcado por tensiones y deserciones
La declaración de Adames se produce en un momento de alta tensión procesal. En la sesión del 20 de abril, el juez Mejía había rechazado la solicitud de una de las partes querellantes de presentarlo como testigo, argumentando que la etapa de instrucción no es el momento para la producción probatoria, sino el juicio de fondo.

El abogado Luis Aybar, representante de Adames, elevó la voz en sala para exigir que su defendido fuera escuchado.

Ese mismo día, alrededor de 50 querellantes se retiraron del proceso, aunque sus representantes legales aseguraron que quienes permanecen mantienen una postura firme.

El Ministerio Público, que en noviembre de 2025 presentó una acusación formal de 156 páginas, solicita la apertura a juicio por homicidio involuntario de 236 personas y golpes y heridas involuntarias a más de un centenar de víctimas.

Vía Acento.com.do

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