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El Gobierno rechaza financiar primarias; JCE convoca a los partidos para analizar situación
Autoridades del Gobierno se mantienen firmes en torno a que el costo de las primarias del 6 de octubre, deberán ser financiadas por los cinco partidos que usarán esa metodología para escoger sus candidatos a cargos electivos.
Ayer los ministros Administrativos de la Presidencia y de Economía, Planificación y Desarrollo, coincidieron en señalar que la Ley 33-18 de Partidos, es muy clara en torno a quienes deben costear el proceso.
Mientras la Junta Central Electoral (JCE) anunció que el lunes sostendrá una reunión con los cinco partidos que celebrarán primarias.
El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, dijo que desconoce cuál ha sido el acuerdo a que arribaron el pleno de la JCE y los representantes de los partidos respecto al financiamiento de las elecciones primarias.
Sostuvo que, de todas maneras, el legislador previó esa temática al momento de discutir y aprobar la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
Dijo que lo correcto es esperar para ver el contenido, “aunque la ley es clara en ese sentido de cómo debe financiarse ese proceso”.
Mientras, El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, consideró que la Junta debe resolver el financiamiento de las primarias, ya que de lo contrario habría que modificar el Presupuesto Nacional.
Precisó que se supone que los costos de las primarias de los partidos corresponden a esas organizaciones políticas.
“Eso todavía creo que está sujeto a discusión pero se supone que los costos de las primarias de los partidos tienen que cubrirlo con el presupuesto de la campaña los partidos no con el presupuesto nacional”.
Indicó que es algo que todavía no está completamente definido, yo prefiero esperar a que se tome una decisión definitiva.
Dijo que si el Gobierno tuviera que buscar recursos para las primarias entonces significaría que habría que hacer modificaciones para restar recursos a otras cosas más importantes para el país.
“Cuando se hace una cosa se limita lo que se iba hacer en otra y eso es lo que habría que hacer en el caso hipotético, en el caso de que el Estado tuviera que buscar recursos. Estamos a las expectativas de que eso lo resuelva la JCE con los partidos porque es a los partidos que les corresponde financiar su primaria”, manifestó.
Aumenta oposición
Partidos se mostraron ayer opuesto a que el Estado dominicano asuma casi la totalidad del costo de las primarias que celebraran cinco organizaciones políticas para escoger sus candidatos a cargos electivos, y demandan que se cumpla con la Ley 33-18.
Luis Miguel De Camps, presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), calificó de preocupante el anuncio realizado por la Junta Central Electoral (JCE) de que el Estado asumirá el 85% del costo de las primarias del 6 de octubre.
“Entendemos que la flexibilidad mostrada por la JCE contradice la posición que el mismo organismo anunció a final de julio de 2018, cuando señaló que, de aprobarse la ley de partidos sin el correspondiente aprovisionamiento de fondos, no sería posible llevarla a cabo”, enfatizó.
Max Puig, presidente de Alianza por la Democracia (APD), dijo compartir la indignación y el rechazo generalizado que ha concitado la aplicación que ha hecho la Junta de la Ley 33-18 con relación al financiamiento de las elecciones primarias.
“Es una ley injusta que profundiza las inequidades propias del sistema electoral dominicano. Si, para colmo, una ley mala se aplica mal se agudizan los problemas y se retrocede en términos democráticos”, aseguró.
El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle, afirmó que para el Estado cubrir la partida de los RD$1,249,000.00 de las primarias, habría que realizar una modificación a la Ley de Presupuesto General del Estado del año 2019.
“Eso resulta contraria al artículo 47 de la ley 33-18”, destacó.La Junta convoca
El Pleno de la JCE decidió ayer convocar a los partidos políticos PLD, PRM, PRD, ALPAIS y OD, a los fines de analizar el presupuesto de las primarias, a la luz del artículo 47 de la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
El encuentro tendrá lugar el próximo lunes 11, a las 10:00 de la mañana, en el salón de Partidos Políticos de la sede de la JCE.
La convocatoria dice que el objetivo es consolidar los elementos de un acuerdo previo que debe ser suscrito entre las partes conforme a dicha ley.
Aprueban voto automatizado
La Junta Central Electoral (JCE) anunció que ya es un hecho la implementación del sistema de voto automatizado en las primarias del 6 de octubre próximo, luego de que ayer se firmara un acuerdo entre los cinco partidos participantes avalando el uso de esa tecnología.
El acuerdo fue suscrito por el equipo técnico de la JCE, encabezado por los directores de Informática, Miguel Ángel García, y de Elecciones, Mario Núñez, así como por los delegados técnicos de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Moderno (PRM), Revolucionario Dominicano (PRD), Alianza País (ALPAIS) y Opción Democrática (OD). La aplicación es un piloto con miras a su uso en las elecciones del próximo año 2020.
FUENTE: Diario Libre
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TC anula la polémica Ley de la DNI al declararla inconstitucional
El Tribunal Constitucional (TC) anuló la ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) “por no ser conforme con la Constitución”.
De acuerdo con la Sentencia del TC/0767/24, se acogió la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que buscaba anular la ley 1-24.
Esta ley de la DNI fue aprobada por el Congreso Nacional el pasado 10 enero y promulgada por el Poder Ejecutivo el 15 del mismo mes.
Reseña el Listín Diario que en las semanas previas a la creación, se depositaron al menos siete acciones de inconstitucionalidad contra la Ley.
El pasado 22 de enero, Acción Cristiana, Juventud con una Misión, RD Inclusiva, Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia (FOMUDEMI), FUMEJID así como Mayobanex Pepín y María Magdalena Piña Dirocié presentaron “una acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 9, 11, 12, 13 y 26 de la Ley 1-24, que crea la DNI, por supuesta violación a la libertad y seguridad personal, a la intimidad y honor personal, a la libertad de expresión e información, y a la reglamentación de los derechos y garantías fundamentales; derechos y principios consagrados en los artículos 40, 44, 49 y 74 de la Constitución”.
Además, la Sociedad Dominicano de Diarios (SDD) se pronunció en varias ocasiones sobre algunos artículos de la ley, en específico los 9, 11 y 26.
Las sanciones que establece
El artículo 11 indicaba que “todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal a entregarle a la Dirección General de Inteligencia” todas las informaciones que requiriera sobre las cuales se tengan datos o conocimientos en asuntos que puedan afectar la seguridad nacional.
Mientras el artículo 26 establecía sanciones penales, como prisión menor de dos a tres años y multas desde nueve a quince salarios mínimos del sector público, contra quienes “oculten informaciones” requeridas por la DNI.
Reacción del expresidente Fernández
Al conocerse la sentencia del Tribunal Constitucional, reaccionó de inmediato el presidente de Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, quien dijo en un mensaje publicado en su red social X: “El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la Ley 1-24 sobre el DNI mediante la sentencia TC/0767/24, acogiendo un recurso presentado por la Fuerza del Pueblo y otros partidos opositores.
Esta decisión reafirma la importancia de proteger el estado de derecho y los derechos fundamentales. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la Constitución y los intereses del pueblo”.
El exmandatario también había expresado previamente por la misma red social X, el pasado 22 de enero, “que esa ley era un retroceso institucional democrático más grave que ha ocurrido en el país desde la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo hasta la actualidad”.
Reuniones con la SDD
El pasado septiembre, el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Persio Maldonado, dijo que se presentarían los cambios a varios de esos artículos para corregir “ambigüedades” que habían sido identificadas. Estas declaraciones se produjeros después de varios encuentros entre los directivos de la SDD y la representación del Poder Ejecutivo.
“Se han hecho los ajustes de lugar, sobre todo en aquellas disposiciones que se insinuaba que su actuación debería de estar precedida de una autorización judicial, lo cual nosotros entendíamos que estaba dicho en términos generales, pero la comisión ha entendido que debe de decirlo de manera específica en cada uno de los artículos que refieren a esas acciones y nosotros así lo hemos aceptado”, dijo, también, en aquella ocasión el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.
Por lo que el 19 de septiembre, Peralta, en nombre del Ejecutivo depositó ante el Senado el proyecto de ley que modifica la Ley 1-24, luego de que la mesa de trabajo conformada por la sociedad civil y el Gobierno llegaran a un consenso.
En principio, la finalidad de la creación de la DNI era proteger “los intereses de la nación y evaluar amenazas internas y externas contra el Estado”, de acuerdo con el Senado.
La pieza fue aprobada en dos lecturas consecutivas, luego que el senador Dionis Sánchez, presidente de la Comisión Especial que estudió el proyecto, presentó al Pleno del Senado un informe favorable y solicitó que fuera incluido en el orden del día, declarado de urgencia y aprobado, tal cual lo remitió la Cámara de Diputados.
También la SIP se opuso a la Ley
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también fue otra de las instituciones que se pronunció en contra de la Ley de la DNI.
En un artículo publicado en este diario, el 22 de enero pasado, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, editor periodístico de La Voz del Interior de Argentina, dijo que “el lenguaje amplio y ambiguo de esta ley, sumado a su carácter sancionatorio, puede fomentar la autocensura entre periodistas y medios de comunicación, con el impacto que ello causaría en el derecho de todos los dominicanos a acceder a información, un derecho consagrado en la Constitución”.
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Prisión preventiva de tres meses a maestro acusado de violar estudiante
“Yo soy inocente; yo di las pruebas porque no me encontraba en el centro educativo. Ella dice que fue hace tres meses y todos saben que hace tres meses no había docencia”, fueron las palabras de Fernando Altagracia Peña Eusebio, un profesor de la escuela básica La Siria, del municipio Quisqueya, acusado de violar a una menor de 13 años en ese centro.
Ayer, miércoles fue la audiencia de medida de coerción en su contra, donde fue sentenciado a tres meses de prisión preventiva,
El pasado lunes, la vista fue aplazada por el paro de labores desarrollado por fiscales en demanda de aumento salarial.
En el fallo se ordena la reclusion de Peña Eusebio en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís (CCR-11).
CHIVO EXPIATORIO
“Le advertimos al Ministerio Público, de manera responsable, que con Fernando no van a coger chivo expiatorio. Nosotros tenemos las pruebas y en el momento que nos sintamos acorralados vamos a presentar todas las pruebas que tenemos para demostrar que Fernando es inocente”, señaló Santana.
Manuel Enrique Rodríguez, padre de la menor, declaró estar “agradecido con Dios porque las cosas salieron de esa manera”.
A pesar de las medidas que le fueorn impuestas al presunto agresor sexual, Enrique Rodríguez señaló que espera que “Alejandro sea agarrado”.
Se refiere a Alejandro Roberto Bello Matos, un profesor de matemáticas también señalado de supuestamente haber violado a la menor, quien está prófugo.
EL CONCEPTO
La violencia sexual es cualquier actividad o contacto sexual que ocurre sin su consentimiento. Puede involucrar fuerza física o amenaza de fuerza. También puede ocurrir debido a coerción o amenazas. Si usted ha sido víctima de violencia sexual, no es su culpa, porque esta nunca es culpa de la víctima.
La agresión sexual, el abuso sexual, el incesto y la violación son todos tipos de violencia sexual. La violencia sexual es un problema de salud pública grave.
Ocurre con más frecuencia en las mujeres, pero los hombres también son víctimas. la violencia sexual no se limita a la violación.
FUENTE: Listín Diario
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