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Claro dice que no puede participar en recolección de datos de teléfonos intervenidos

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La empresa de telecomunicaciones Claro aclaró este jueves que como prestadora solo está autorizada a realizar interceptaciones telefónicas por orden de un juez y que no puede participar en la recolección de “ningún tipo de registro resultante del proceso”.

Dijo, igualmente, que no le corresponde como prestadora validar la titularidad del número interceptado.

“Una vez recibida la instrucción judicial, el procedimiento establece que las telefónicas solo deben facilitar la conexión técnica al organismo de investigación encargado de realizar la interceptación. Por lo tanto, no corresponde a las prestadoras validar la titularidad del número interceptado, ni participar en la recolección de ningún tipo de registro resultante de ese proceso”, adujo Claro en un breve comunicado.

Agregó que de acuerdo a la ley y un precedente del Tribunal Constitucional, las telefónicas están obligadas a “mantener el secreto y la confidencialidad de las solicitudes de interceptaciones que se hacen amparadas en órdenes judiciales, así como de todos los datos relacionados con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público”.

La compañía emitió su postura luego de que ayer miércoles, la Octava Sala Penal del Distrito Nacional le diera un plazo de 10 días para que entregara a la magistrada Miriam Germán Brito, jueza de la Suprema Corte de Justicia, la documentación resultante de la interceptación de que fue objeto su teléfono por orden del Ministerio Público. No obstante, en el documento, la prestadora no hace mención al nombre de la jueza ni se refiere al caso ni a la orden judicial emitida en su contra.

El dictamen fue emitido acogiendo un recurso de hábeas data que interpuso Germán, presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

La intervención de que fue objeto el teléfono de la jueza se dio a conocer durante las evaluaciones a que fue sometida por el Consejo Nacional de la Magistratura para ser sustituida o ratificada en el alto tribunal.

Posteriormente, Bolívar Sánchez, inspector de la Procuraduría General de la República, reveló en una rueda de prensa que la interceptación fue ordenada por él mismo luego de que durante una investigación que hacía a un presunto narcotraficante notaron una comunicación con ese número.

DL

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Se entrega uno de los profesores acusados de violar estudiante en SPM

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Se entregó este jueves uno de los profesores acusados de supuesta violación a una menor de 13 años en una escuela de Quisqueya, en San Pedro de Macorís.

Conforme a una fuente consultada por reporteros de Listín Diario, se trata de Fernando Altagracia Peña Eusebia, quien se presentó a una comandancia policial en compañía de sus abogados en horas de la mañana.

“Hay uno de los profesores que está detenido, que se presentó voluntariamente en el día de hoy”, indicó la persona, cuyo nombre se hace omisión para preservar su integridad.

De acuerdo a la fuente, los padres de la adolescente se presentaron el lunes 18 de este mes de noviembre e interpusieron la querella formal en contra de los dos profesores que incurrieron en la presunta violación sexual.

El hecho ocurrió en la Escuela Básica La Siria, misma que permanece cerrada desde que se el caso se ventiló a la luz pública el pasado lunes, aunque la docencia se continúa impartiendo en la virtualidad, conforme informó al Listín Diario el director de la Regional 05 de Educación, Isidro Santana.

FUENTE: Listín Diario

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Cierran escuela de SPM tras denuncia de violación sexual a una estudiante

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Dos profesores están siendo acusados de supuestamente cometer abuso sexual contra una estudiante de 13 años en el centro educativo La Siria, ubicado en el municipio de Quisqueya, provincia de San Pedro de Macorís.

Ante la situación, la dirección regional del Ministerio de Educación, en San Pedro de Macorís, tomó la decisión de cerrar el centro educativo para retirar a los docentes por una protesta que se hizo el pasado lunes con intención de agredirlos.

Isidro Santana Ramírez, director de la Regional de Educación, dijo a los medios que la misma adolescente denunció a los maestros y que los padres de la menor procedieron a realizar la denuncia.

«Solo podemos decir que tanto el Ministerio de Educación, como la regional, lo que hicimos fue tomar las decisiones pertinentes para que se realice una investigación», señaló.

Precisó que tanto el ministro de Educación, Ángel Hernández, como la regional de Educación, entienden que todo el que está involucrado le debe caerle todo el peso de la ley.

«Se supone que la escuela es el lugar de seguridad, la segunda casa de los niños, por tanto, todo aquel que haya cometido una falta en ese sentido y que esté involucrado en esto, entonces, tendrá que pagar porque no se puede quedar impune», subrayó.
El director regional de Educación explicó que con esto no está afirmando el hecho, pero que la fiscalía está realizando las investigaciones de lugar.

Expresó que nunca habían tenido este tipo de denuncias, hasta ahora.

Por el momento, la identidad de los docentes no han sido reveladas, pero se supo que se trata presuntamente de un profesor de matemáticas y otro de inglés.

Vía Diario Libre

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