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Panorama

Procuraduría investigará si pagos corresponden a sobornos adicionales de Odebrecht

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La Procuraduría General de la República (PGR) informó que tal cual han reiterado desde el inicio de la investigación, en caso de que surgieran nuevos elementos sobre el caso Odebrecht, se realizarían las investigaciones correspondientes y con las consecuencias de lugar.

Resaltó en un comunicado que ni las delaciones premiadas ni ninguno de los documentos solicitados y recibidos por las autoridades de Brasil hasta la fecha contemplan pagos por sobornos para la Termoeléctrica Punta Catalina, pero que de corresponder esta información a sobornos, actuarán con la misma determinación y responsabilidad con la que siempre han actuado.

El jefe del Ministerio Público, Jean Rodríguez, informó que ha iniciado las diligencias para establecer la veracidad de las informaciones publicadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación a través de la periodista Alicia Ortega, y el origen de las mismas, a los fines de verificar si alguno de estos pagos corresponde a sobornos adicionales a los US$92 millones que la empresa admitió pagar en el país para obtener contratos de obras públicas y por los cuales el Ministerio Público ha logrado que 6 imputados sean enviados al primer juicio de fondo de corrupción transnacional en la historia de la República Dominicana.

En ese sentido, la Procuraduría General de la República recordó que un caso de corrupción tan complejo como el caso Odebrecht, para lograr descubrir su entramado y convertir en prueba los sobornos realizados en nuestro país, en adición a la investigación local, las dos principales fuentes de información externa correspondieron primero a la información en manos de las autoridades brasileñas y estadounidenses y segundo a la que se comprometió a entregar la empresa y que, precisamente a esos fines, fueron agotadas todas las solicitudes de cooperación internacional necesarias para lograr el objetivo.

Respecto a la cooperación internacional, se recordó que el Ministerio Público solicitó formalmente, entre otros países, a Estados Unidos y Brasil, el suministro de toda la información en su poder relativa al caso Odebecht y República Dominicana, sin excepción, así como también se trasladó junto a un equipo de fiscales dominicanos a Brasil y Estados Unidos, sosteniendo decenas de reuniones y dando seguimiento a dichas solicitudes con las más altas autoridades de esos países, incluyendo los procuradores generales, fiscales adjuntos encargados del caso Odebrecht, encargados de cooperación internacional y agencias de investigación de ambos países, sin recibir a la fecha esa información adicional presentada como posibles nuevos sobornos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

De igual forma, recordó el representante del Ministerio Público que para lograr pruebas contundentes y someter los responsables a la justicia, al igual que Estados Unidos, Brasil, Perú, Panamá, Ecuador y Guatemala, la República Dominicana logró un Acuerdo de Colaboración con la empresa Odebrecht en la cual la misma se comprometía a suministrar, sin limitación, toda la documentación e información que poseía, conocía y conservara de los hechos vinculados a la República Dominicana y que esta información fue entregada por la empresa, revisada por el Ministerio Público de Brasil y enviada directamente por el Ministerio Público de Brasil como toda la presunta información disponible correspondiente a sobornos en nuestro país, debidamente, rubricada, numerada y sellada, la cual fue posteriormente depositada íntegramente y en su totalidad, junto a su traducción oficial al español, ante el juez de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Francisco Ortega Polanco, quien por sentencia confirmó la validez de dicha documentación y envió a juicio de fondo a 6 imputados, resaltando que esa documentación, que hoy es pública, no incluye la nueva información que ha sido publicada como posible nuevo soborno.

De esta forma, a partir de las informaciones publicadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación respecto a presuntos pagos adicionales para la obtención del contrato de la central termoeléctrica de carbón de Punta Catalina y de otras obras, el procurador general de la República solicitó tanto a la empresa Odebrecht como a la periodista Alicia Ortega la documentación a que hacen referencia para proceder con la evaluación de las mismas.

Explicó el procurador Jean Rodríguez que tal cual fue resaltado por la periodista Alicia Ortega, en los documentos entregados por la empresa y el Ministerio Público de Brasil se contemplan y sí fueron incluidos en el expediente todos los pagos recibidos como pagos de sobornos y precisamente por eso, como parte de nuestra acusación, sometimos 7 personas a la justicia, resaltando a la vez que “si existen evidencias y se comprueba que esos nuevos pagos son reales y que corresponden a sobornos adicionales u a otras personas adicionales que los hayan recibido, todas las que sean identificadas como responsables, serán sometidas a la acción a la justicia, tal y como hemos hecho con un grupo de imputados como nunca se había realizado antes”.

De igual manera, resaltó que la documentación presuntamente filtrada no solo fue solicitada a Brasil y Estados Unidos y a la propia empresa, sino que tampoco fue detectada ni considerada por la Comisión designada por el Poder Ejecutivo, para determinar si hubo sobreevaluación ni tampoco por la prestigiosa empresa auditora norteamericana, FTI Consulting, quienes al igual que la Procuraduría General de la República desconocían la existencia de dichas informaciones y si estas corresponden a sobornos.

Mediante un comunicado de prensa la institución reiteró que el procurador general de la República acepta con apertura y receptividad cualquier información adicional y que pueda ser verificada, ya que cualquier nueva evidencia y/o elemento que se aporte, permitirán fortalecer el expediente para los actuales imputados o para someter a la justicia cualquier otra persona que haya recibido sobornos.

Destacó que una prueba que evidencia la coherencia del accionar del Ministerio Público en cuanto a la receptividad en caso de que aparecieran nuevos elementos, lo constituye el acuerdo suscrito entre la Procuraduría General de la República y la constructora Odebrecht, debidamente homologado mediante resolución No. 059-2017-SRES-0098-RP, en el cual en su artículo 4, estratégicamente el Ministerio Público deja abierta la posibilidad de que en caso de que las investigaciones arrojaran que el monto de los sobornos fuese mayor, igualmente sería aumentada la multa por el doble del nuevo soborno, lo cual, a juicio de la institución sería beneficioso para el país y en detrimento de eventuales sobornantes y sobornados.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

Panorama

Presentan querella contra jefe PN por 87 muertes en supuestos intercambios

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La denuncia lo señala por la muerte de 87 personas en supuestos intercambios de disparos con agentes.

Entre los abogados que firman la acción están Cándido Simó, Valentín Medrano, Enrique Vallejo Garib, Ibo René Sánchez y Manuel Sierra.

Quieren que el director sea procesado por cada una de esas muertes, cuyos nombres aparecen documentados en el expediente.

De acuerdo a Silvio Cabrera en El Nacional, el abogado Valentín Medrano, hablando en nombre del grupo, aseguró que no defienden a delincuentes, sino el derecho a la vida.

Sostuvo además que la Policía no tiene forma de justificar esas muertes con la versión de intercambios de disparos y que se estaría ejecutando a una centena de jóvenes sin seguir los protocolos.

Las armas y la escena del crimen, en el centro del reclamo

Medrano planteó una cuenta sencilla: si hubo 200 intercambios de disparos, tiene que haber 200 armas.

Según el grupo, esas armas deben pasar por cadena de custodia para determinar su numeración, algo que, a su juicio, no se está haciendo.

También cuestionó que la escena no esté siendo protegida como corresponde y que no se espere la llegada del médico legista antes de intervenir.

Por eso piden investigar tanto las armas como cada escenario donde se produjeron los hechos.

Qué pueden hacer los familiares

Medrano llamó a los familiares de las víctimas a acercarse a la Fiscalía, donde el fiscal Carlos Vidal recibe las quejas. Recomendó llevar documentos que demuestren el vínculo con las víctimas y su interés en acudir a la justicia.

 

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Panorama

Por no tener sustento judicial, Migración eliminó impedimento de salida a más de 56 mil personas

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La Procuraduría General de la República (PGR) informó que requirió a la Dirección General de Migración (DGM) proceder a solo mantener activos los impedimentos de salida del país y las alertas migratorias que cuentan con un sustento judicial.

En ese sentido, procedió a solicitar levantar cualquier alerta e impedimento de salida que incumpla con esa condición legal, una medida que busca fortalecer el mantenimiento de las garantías de los derechos fundamentales de todas las personas.

Informaron que la actualización del sistema migratorio se produce como resultado de más de seis meses de trabajo de una mesa técnica conjunta del Ministerio Público y Migración, la cual ha procedido a analizar la data desde 1990 para auditar a fondo tres décadas de datos acumulados sin una actualización de oficio.

“El análisis permitió verificar que, a través de los años, miles de personas acumularon registros que carecían de sustento judicial y limitaban su derecho al libre tránsito, ya sea por procesos judiciales cumplidos hace tiempo o por errores administrativos sin órdenes judiciales de una autoridad competente”, explicaron en nota de prensa.

En el último informe sobre ese proceso, la Dirección General de Migración explicó que ha liberado de estas trabas a 56,140 ciudadanos que recuperaron su derecho a viajar al exterior sin ningún contratiempo.

Con ese propósito, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, pidió oficialmente al director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, que, sin importar quién lo haya colocado, se priorice el levantamiento de: 1) Registros individualizados que carecían de base legal, 2) Registros históricos no individualizados (acumulados entre 1990 y 2026) y 3) Registros individualizados, pero ya cumplidos sus fines.

La Procuraduría General de la República explicó que, más que una actualización y modernización de la base de datos, se trata de un triunfo para los derechos fundamentales y de una victoria para la Constitución.

Indicó que después de más de seis meses de rigurosa labor de auditoría, depuración y análisis técnico, se pudo corregir una distorsión histórica que se acumuló con los años, como evidenció la cifra crítica de registros y alertas que debieron ser evaluados para determinar si incurrían en una afectación de un derecho fundamental de la ciudadanía.

Con esta iniciativa, la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Migración reafirman su rol como garante de los derechos ciudadanos (Art. 169 de la Constitución) y refuerzan la protección de los derechos a la libertad personal y al libre tránsito (Art. 40 y 46), en estricto apego a la Ley núm. 200 sobre Impedimentos de Salida y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

La mesa técnica interinstitucional continuará trabajando hasta la depuración total de la data y la implementación de un nuevo sistema de interoperabilidad para la colocación y levantamiento de impedimentos de salida, cuya entrada en vigencia se tiene prevista para diciembre del presente año 2026.

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