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Panorama

Procuraduría investigará si pagos corresponden a sobornos adicionales de Odebrecht

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La Procuraduría General de la República (PGR) informó que tal cual han reiterado desde el inicio de la investigación, en caso de que surgieran nuevos elementos sobre el caso Odebrecht, se realizarían las investigaciones correspondientes y con las consecuencias de lugar.

Resaltó en un comunicado que ni las delaciones premiadas ni ninguno de los documentos solicitados y recibidos por las autoridades de Brasil hasta la fecha contemplan pagos por sobornos para la Termoeléctrica Punta Catalina, pero que de corresponder esta información a sobornos, actuarán con la misma determinación y responsabilidad con la que siempre han actuado.

El jefe del Ministerio Público, Jean Rodríguez, informó que ha iniciado las diligencias para establecer la veracidad de las informaciones publicadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación a través de la periodista Alicia Ortega, y el origen de las mismas, a los fines de verificar si alguno de estos pagos corresponde a sobornos adicionales a los US$92 millones que la empresa admitió pagar en el país para obtener contratos de obras públicas y por los cuales el Ministerio Público ha logrado que 6 imputados sean enviados al primer juicio de fondo de corrupción transnacional en la historia de la República Dominicana.

En ese sentido, la Procuraduría General de la República recordó que un caso de corrupción tan complejo como el caso Odebrecht, para lograr descubrir su entramado y convertir en prueba los sobornos realizados en nuestro país, en adición a la investigación local, las dos principales fuentes de información externa correspondieron primero a la información en manos de las autoridades brasileñas y estadounidenses y segundo a la que se comprometió a entregar la empresa y que, precisamente a esos fines, fueron agotadas todas las solicitudes de cooperación internacional necesarias para lograr el objetivo.

Respecto a la cooperación internacional, se recordó que el Ministerio Público solicitó formalmente, entre otros países, a Estados Unidos y Brasil, el suministro de toda la información en su poder relativa al caso Odebecht y República Dominicana, sin excepción, así como también se trasladó junto a un equipo de fiscales dominicanos a Brasil y Estados Unidos, sosteniendo decenas de reuniones y dando seguimiento a dichas solicitudes con las más altas autoridades de esos países, incluyendo los procuradores generales, fiscales adjuntos encargados del caso Odebrecht, encargados de cooperación internacional y agencias de investigación de ambos países, sin recibir a la fecha esa información adicional presentada como posibles nuevos sobornos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

De igual forma, recordó el representante del Ministerio Público que para lograr pruebas contundentes y someter los responsables a la justicia, al igual que Estados Unidos, Brasil, Perú, Panamá, Ecuador y Guatemala, la República Dominicana logró un Acuerdo de Colaboración con la empresa Odebrecht en la cual la misma se comprometía a suministrar, sin limitación, toda la documentación e información que poseía, conocía y conservara de los hechos vinculados a la República Dominicana y que esta información fue entregada por la empresa, revisada por el Ministerio Público de Brasil y enviada directamente por el Ministerio Público de Brasil como toda la presunta información disponible correspondiente a sobornos en nuestro país, debidamente, rubricada, numerada y sellada, la cual fue posteriormente depositada íntegramente y en su totalidad, junto a su traducción oficial al español, ante el juez de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Francisco Ortega Polanco, quien por sentencia confirmó la validez de dicha documentación y envió a juicio de fondo a 6 imputados, resaltando que esa documentación, que hoy es pública, no incluye la nueva información que ha sido publicada como posible nuevo soborno.

De esta forma, a partir de las informaciones publicadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación respecto a presuntos pagos adicionales para la obtención del contrato de la central termoeléctrica de carbón de Punta Catalina y de otras obras, el procurador general de la República solicitó tanto a la empresa Odebrecht como a la periodista Alicia Ortega la documentación a que hacen referencia para proceder con la evaluación de las mismas.

Explicó el procurador Jean Rodríguez que tal cual fue resaltado por la periodista Alicia Ortega, en los documentos entregados por la empresa y el Ministerio Público de Brasil se contemplan y sí fueron incluidos en el expediente todos los pagos recibidos como pagos de sobornos y precisamente por eso, como parte de nuestra acusación, sometimos 7 personas a la justicia, resaltando a la vez que “si existen evidencias y se comprueba que esos nuevos pagos son reales y que corresponden a sobornos adicionales u a otras personas adicionales que los hayan recibido, todas las que sean identificadas como responsables, serán sometidas a la acción a la justicia, tal y como hemos hecho con un grupo de imputados como nunca se había realizado antes”.

De igual manera, resaltó que la documentación presuntamente filtrada no solo fue solicitada a Brasil y Estados Unidos y a la propia empresa, sino que tampoco fue detectada ni considerada por la Comisión designada por el Poder Ejecutivo, para determinar si hubo sobreevaluación ni tampoco por la prestigiosa empresa auditora norteamericana, FTI Consulting, quienes al igual que la Procuraduría General de la República desconocían la existencia de dichas informaciones y si estas corresponden a sobornos.

Mediante un comunicado de prensa la institución reiteró que el procurador general de la República acepta con apertura y receptividad cualquier información adicional y que pueda ser verificada, ya que cualquier nueva evidencia y/o elemento que se aporte, permitirán fortalecer el expediente para los actuales imputados o para someter a la justicia cualquier otra persona que haya recibido sobornos.

Destacó que una prueba que evidencia la coherencia del accionar del Ministerio Público en cuanto a la receptividad en caso de que aparecieran nuevos elementos, lo constituye el acuerdo suscrito entre la Procuraduría General de la República y la constructora Odebrecht, debidamente homologado mediante resolución No. 059-2017-SRES-0098-RP, en el cual en su artículo 4, estratégicamente el Ministerio Público deja abierta la posibilidad de que en caso de que las investigaciones arrojaran que el monto de los sobornos fuese mayor, igualmente sería aumentada la multa por el doble del nuevo soborno, lo cual, a juicio de la institución sería beneficioso para el país y en detrimento de eventuales sobornantes y sobornados.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

Panorama

Aumentan las sentencias a centros de salud por supuestas malas prácticas médicas

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Las sentencias condenatorias en contra de clínicas y hospitales del país, por presuntas malas prácticas médicas, han aumentado sustancialmente en los últimos días.

El más reciente de los casos, es el de la Clínica Corazones Unidos, que fue condenada al pago 6 millones 875 mil pesos en compensaciones y costos acumulados por negligencia médica en dos pacientes.

Angelina María Hernández y Milagros del Socorro Alba F. fueron las afectadas.

Hernández fue indemnizada con un millón 590 mil pesos tras sufrir un deterioro en su visión debido a la implantación incorrecta de lentes intraoculares para corregirle un problema de visión, lo que le dejó daños permanentes.

La sentencia 035-2023-SSEN-00954 fue emitida el 9 de octubre del año 2023 por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Reseña el periódico Hoy que la decisión judicial incluyó intereses acumulados desde la notificación el 16 de noviembre de 2023, calculados al 1.5 por ciento mensual.

Mientras que la sentencia civil, número 1303-2023-SSEN-00407, favoreció a Del Socorro Alba F. con el pago de un millón 750 mil pesos, que se incrementó en 3.5 millones de pesos con el duplo de 1.5 por ciento del monto dictado por el dispositivo judicial.

El mismo además ordena el pago del monto como compensación después de que se descubrió una gasa dejada en su pecho cerca del corazón durante una operación en la misma clínica.

Había acudido al centro de salud para colocarse un stent para corregir un problema cardiovascular, le fue dejada una gasa en la cirugía para colocarle el dispositivo, error que fue corregido mediante una intervención quirúrgica en Estados Unidos.

Como consecuencia de ambas sentencias, fueron embargadas las cuentas de Clínica Corazones Unidos en diferentes bancos comerciales.

Uno de los abogados de las pacientes, licenciado Gilberto Objío Subero, explicó que la clínica no cuenta con un seguro de responsabilidad civil médica que respalde estos casos, por lo que se procederá a continuar con las acciones judiciales necesarias para asegurar la compensación.

Ney Arias Lora
En el caso del Hospital Traumatológico Doctor Ney Arias Lora, este fue condenado por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) al pago de 10 millones de pesos a favor de Félix Julián Encarnación Feliz, quien perdió su pierna derecha luego de adquirir una bacteria tras ser operado en este centro de salud.

Encarnación Feliz incoó una demanda en responsabilidad patrimonial, dictando la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo, la sentencia núm. 0030-1642-2023-SSEN-00268, de fecha 31 de marzo de 2023, la cual fue objeto del recurso de casación.

La misma también obliga al pago de un interés judicial del 1.5% mensual sobre las sumas indicadas previamente, a título de indemnización compensatoria por los daños correspondientes a la amputación y prótesis de su pierna derecha.

El demandante fue ingresado por emergencia el 19 de enero de 2016, tras sufrir un siniestro de tránsito en el municipio de Baní, provincia Peravia, recibiendo un golpe en la cara, específicamente en el tabique nasal y una fractura abierta en la tibia y el peroné de su pierna derecha.

El 20 de noviembre de 2017, el paciente es ingresado nueva vez, vía emergencia, con un absceso en la pierna derecha y dolor, a lo que se procedió a evaluarlo y realizarle algunas imágenes, de las cuales no mostró lesiones óseas, refriéndolo a Gerencia de Ortopedia para consulta con un diagnóstico de osteomielitis de tibia derecha, osteomielitis de pierna derecha y resultado positivo al cultivo de la bacteria K.Pneumoniae.

CECIP
A la lista también se agrega el Centro de Cirugías Plásticas y Especialidades (CECIP), sentenciado a pagar 2 millones de pesos a la paciente Sulandy Altagracia Crucet.

La jueza Clara Almonte, de la Segunda Sala del Tribunal Penal del Distrito Nacional, también impuso un mes de prisión al cirujano plástico Asmín Aquino por mala práctica médica.

Cabe destacar que en los últimos años, los grandes centros se han visto precisados a obligar a sus médicos a tener un seguro que cubra los efectos de posibles demandas, debido a que cada vez son más los casos que van a los tribunales.

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Panorama

Dictan prisión domiciliaria a mujer acusada de mandar a matar a su esposo

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La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago impuso prisión domiciliaria a Daneris Pérez Espinal, acusada de pagarle a dos hombres para que asesinaran a su esposo Julio Cesar Rodríguez Paula en 2020.

Además, le fue impuesta presentación periódica y el uso de un dispositivo electrónico a Pérez Espinal, por presuntamente mandar a matar a Julio Cesar Rodríguez Paula, en un hecho ocurrido en el municipio de Tamboril, de Santiago.

La jueza Yiberty Polanco, quien estuvo a cargo de la coerción, tomó la decisión de enviar la imputada a su casa a cumplir la medida, por problemas de salud, por lo que ya Daneris Pérez, no podrá ser víctima ni testigo en el caso que se conocía por la muerte de su esposo.

Reseña el Listín que Carlos Villanueva, abogado de la familia de las víctimas, explicó que Daneris Pérez Espinal ahora será una imputada más en el proceso.

Tanto a Joan Giancarlo Acosta y Fabricio Antonio Báez Pérez, estos dos últimos están cumpliendo un año de prisión preventiva por el mismo hecho.

Mientras que las hermanas del fallecido mostraron su descontento por la decisión del tribunal, entendiendo que debió ir a prisión, ya que fue la que coordinó la muerte de su pariente.

Ana Dolores Rodríguez, hermana del fallecido, dijo que existían pruebas suficientes para imponer prisión a la asesina de su hermano.

“Habían pruebas suficientes para que ella estuviera presa, no mandarla a la casa, ya que hubo manipulaciones de los hijos, indicando de que ella estaba enferma y que está siendo medicada, ¿entonces su madre está enferma y nuestro hermano dónde?», dijo Dolores Rodríguez.

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