Panorama
Procuraduría investigará si pagos corresponden a sobornos adicionales de Odebrecht
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que tal cual han reiterado desde el inicio de la investigación, en caso de que surgieran nuevos elementos sobre el caso Odebrecht, se realizarían las investigaciones correspondientes y con las consecuencias de lugar.
Resaltó en un comunicado que ni las delaciones premiadas ni ninguno de los documentos solicitados y recibidos por las autoridades de Brasil hasta la fecha contemplan pagos por sobornos para la Termoeléctrica Punta Catalina, pero que de corresponder esta información a sobornos, actuarán con la misma determinación y responsabilidad con la que siempre han actuado.
El jefe del Ministerio Público, Jean Rodríguez, informó que ha iniciado las diligencias para establecer la veracidad de las informaciones publicadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación a través de la periodista Alicia Ortega, y el origen de las mismas, a los fines de verificar si alguno de estos pagos corresponde a sobornos adicionales a los US$92 millones que la empresa admitió pagar en el país para obtener contratos de obras públicas y por los cuales el Ministerio Público ha logrado que 6 imputados sean enviados al primer juicio de fondo de corrupción transnacional en la historia de la República Dominicana.
En ese sentido, la Procuraduría General de la República recordó que un caso de corrupción tan complejo como el caso Odebrecht, para lograr descubrir su entramado y convertir en prueba los sobornos realizados en nuestro país, en adición a la investigación local, las dos principales fuentes de información externa correspondieron primero a la información en manos de las autoridades brasileñas y estadounidenses y segundo a la que se comprometió a entregar la empresa y que, precisamente a esos fines, fueron agotadas todas las solicitudes de cooperación internacional necesarias para lograr el objetivo.
Respecto a la cooperación internacional, se recordó que el Ministerio Público solicitó formalmente, entre otros países, a Estados Unidos y Brasil, el suministro de toda la información en su poder relativa al caso Odebecht y República Dominicana, sin excepción, así como también se trasladó junto a un equipo de fiscales dominicanos a Brasil y Estados Unidos, sosteniendo decenas de reuniones y dando seguimiento a dichas solicitudes con las más altas autoridades de esos países, incluyendo los procuradores generales, fiscales adjuntos encargados del caso Odebrecht, encargados de cooperación internacional y agencias de investigación de ambos países, sin recibir a la fecha esa información adicional presentada como posibles nuevos sobornos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
De igual forma, recordó el representante del Ministerio Público que para lograr pruebas contundentes y someter los responsables a la justicia, al igual que Estados Unidos, Brasil, Perú, Panamá, Ecuador y Guatemala, la República Dominicana logró un Acuerdo de Colaboración con la empresa Odebrecht en la cual la misma se comprometía a suministrar, sin limitación, toda la documentación e información que poseía, conocía y conservara de los hechos vinculados a la República Dominicana y que esta información fue entregada por la empresa, revisada por el Ministerio Público de Brasil y enviada directamente por el Ministerio Público de Brasil como toda la presunta información disponible correspondiente a sobornos en nuestro país, debidamente, rubricada, numerada y sellada, la cual fue posteriormente depositada íntegramente y en su totalidad, junto a su traducción oficial al español, ante el juez de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Francisco Ortega Polanco, quien por sentencia confirmó la validez de dicha documentación y envió a juicio de fondo a 6 imputados, resaltando que esa documentación, que hoy es pública, no incluye la nueva información que ha sido publicada como posible nuevo soborno.
De esta forma, a partir de las informaciones publicadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación respecto a presuntos pagos adicionales para la obtención del contrato de la central termoeléctrica de carbón de Punta Catalina y de otras obras, el procurador general de la República solicitó tanto a la empresa Odebrecht como a la periodista Alicia Ortega la documentación a que hacen referencia para proceder con la evaluación de las mismas.
Explicó el procurador Jean Rodríguez que tal cual fue resaltado por la periodista Alicia Ortega, en los documentos entregados por la empresa y el Ministerio Público de Brasil se contemplan y sí fueron incluidos en el expediente todos los pagos recibidos como pagos de sobornos y precisamente por eso, como parte de nuestra acusación, sometimos 7 personas a la justicia, resaltando a la vez que “si existen evidencias y se comprueba que esos nuevos pagos son reales y que corresponden a sobornos adicionales u a otras personas adicionales que los hayan recibido, todas las que sean identificadas como responsables, serán sometidas a la acción a la justicia, tal y como hemos hecho con un grupo de imputados como nunca se había realizado antes”.
De igual manera, resaltó que la documentación presuntamente filtrada no solo fue solicitada a Brasil y Estados Unidos y a la propia empresa, sino que tampoco fue detectada ni considerada por la Comisión designada por el Poder Ejecutivo, para determinar si hubo sobreevaluación ni tampoco por la prestigiosa empresa auditora norteamericana, FTI Consulting, quienes al igual que la Procuraduría General de la República desconocían la existencia de dichas informaciones y si estas corresponden a sobornos.
Mediante un comunicado de prensa la institución reiteró que el procurador general de la República acepta con apertura y receptividad cualquier información adicional y que pueda ser verificada, ya que cualquier nueva evidencia y/o elemento que se aporte, permitirán fortalecer el expediente para los actuales imputados o para someter a la justicia cualquier otra persona que haya recibido sobornos.
Destacó que una prueba que evidencia la coherencia del accionar del Ministerio Público en cuanto a la receptividad en caso de que aparecieran nuevos elementos, lo constituye el acuerdo suscrito entre la Procuraduría General de la República y la constructora Odebrecht, debidamente homologado mediante resolución No. 059-2017-SRES-0098-RP, en el cual en su artículo 4, estratégicamente el Ministerio Público deja abierta la posibilidad de que en caso de que las investigaciones arrojaran que el monto de los sobornos fuese mayor, igualmente sería aumentada la multa por el doble del nuevo soborno, lo cual, a juicio de la institución sería beneficioso para el país y en detrimento de eventuales sobornantes y sobornados.
Panorama
Policía en Bonao prohíbe uso de capuchas y pasamontañas en espacios públicos
En una acción que supuestamente busca transformar las estrategias de prevención del delito en República Dominicana, la Dirección Regional Cibao Sur de la Policía Nacional ha oficializado una nueva normativa de control de identidad.
La disposición prohíbe de manera terminante el uso de pasamontañas, capuchas y cualquier indumento diseñado para ocultar las facciones del rostro en espacios públicos.
Esta medida se integra en un marco más amplio de políticas de seguridad ciudadana que pretenden devolver la tranquilidad a los transeúntes y facilitar la labor de vigilancia en una región clave para la economía y la estabilidad social del país caribeño.
La fundamentación técnica de esta prohibición descansa sobre la premisa de que el anonimato visual es uno de los mayores aliados de la criminalidad moderna.
De acuerdo con los informes de inteligencia policial en el territorio caribeño, una parte significativa de los delitos de contacto, como los asaltos en motocicletas y robos a establecimientos comerciales, son perpetrados por individuos que utilizan prendas de vestir para evadir el reconocimiento facial.
Al eliminar la posibilidad de cubrirse el rostro, las autoridades buscan desarticular la ventaja táctica que el anonimato otorga al delincuente, obligando a cualquier persona en la vía pública a ser plenamente identificable por las patrullas y los sistemas de monitoreo.
La implementación de esta medida también responde a la necesidad de optimizar las inversiones en tecnología de seguridad.
En los últimos años, la República Dominicana ha incrementado su red de cámaras de vigilancia de alta definición y sistemas de inteligencia artificial aplicados a la seguridad pública.
Sin embargo, la efectividad de estas herramientas se ve severamente comprometida cuando el sujeto de interés porta una capucha o un pasamontañas.

La Dirección Regional Cibao Sur sostiene que permitir que el rostro permanezca visible es un requisito sine qua non para que los sistemas de respuesta rápida puedan cruzar datos y bases de datos criminales en tiempo real, aumentando así la tasa de detenciones en flagrante delito.
Además, las autoridades destacan que la prohibición del uso de capuchas y pasamontañas en espacios públicos facilita la identificación de personas con órdenes de arresto pendientes.
Esta medida busca disuadir conductas delictivas y fortalecer la colaboración entre los cuerpos de seguridad y la ciudadanía, quienes podrán alertar de manera más eficiente sobre la presencia de individuos sospechosos en su entorno.
Construcción de confianza comunitaria
Más allá de la persecución del crimen, la medida tiene un componente psicológico profundo orientado a la percepción de seguridad.
La presencia de individuos con el rostro oculto suele generar una atmósfera de desconfianza y ansiedad entre los ciudadanos que transitan por calles y parques.
Al normalizar la visibilidad facial, la Policía Nacional aspira a fomentar un entorno de convivencia mucho más transparente y seguro.
La institución ha sido enfática al señalar que esta normativa no debe interpretarse como una restricción a la libertad personal, sino como un pacto de colaboración mutua donde el ciudadano cede una preferencia estética o de vestimenta en favor del beneficio colectivo de la paz pública.
FUENTE: Infobae.com
Panorama
Aumentan RD$5.00 a precios de gasolina y gasoil; deja sin variación el GLP
El Gobierno dispuso este viernes un aumento en los dos tipos de gasolina y de gasoil de cinco pesos por galón, mientras que dejó sin variación el costo del gas licuado de petróleo (GLP).
Para la semana del 14 al 20 de marzo 2026, la gasolina premium se venderá a 295.10 pesos y la regular a 277.50 pesos por galón, según anunció el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
En tanto, el gasoil regular se ofertará al público a 229.80 pesos el galón, mientras que el gasoil óptimo se despachará a 247.10 pesos.
En el caso del avtur, su precio ascenderá a 302.40 pesos el galón, incrementándose 67.37 pesos, de acuerdo con una comunicación del MICM. Asimismo, el kerosene se venderá a 343.80 pesos el galón, para un aumento de 73.20 pesos.
Subsidio
A través de un comunicado de prensa, el Gobierno informó que destinó un subsidio de 1,189.8 millones de pesos para la próxima semana.
Desde hace dos semanas, el precio internacional del petróleo y de los derivados de este registran aumentos, debido al conflicto bélico que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán, en Medio Oriente, y que también ha afectado a otros países productores del crudo en esa región.
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