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Prisión preventiva para general José Acosta Castellanos y coronel Piña Bautista, acusados de abusar a una menor
El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictó tres meses de prisión preventiva al general y coronel procesados por abuso sexual a una menor de edad.
La medida de coerción se cumplirá en el centro Operaciones Especiales, donde son detenidos los agentes policiales requeridos por la ley.
El general de brigada, José Acosta Castellanos, supuestamente habría hecho abortar en dos ocasiones a la adolescente con quien supuestamente estuvo desde que esta tenía 15 años de edad, señala la Fiscalía en la solicitud de medida, reseña Diario Libre.
En la misma solicitud se describe que durante la relación que la joven mantuvo con el general Acosta Castellanos “esta quedó embarazada en dos ocasiones, una en el año 2017 y la otra en el 2018, en ambas ocasiones el imputado José Alejandro Antonio Acosta Castellanos le dijo que ella no podía tener bebé, que se hiciera un aborto”. seguidamente informa que “para esto, en la última ocasión le mandó trece mil pesos (RD$13,000) y le compró las pastillas abortivas Cytotec”, continúa el Ministerio Público.
Según el relato de los hechos por la fiscalía, el general “en pleno conocimiento de que la víctima era menor de edad, la llamaba para que se juntara en un parque que se encuentra en los alrededores del hogar de ésta y sostenía relaciones sexuales en su vehículo, de igual modo se desplazaban a un apartamento del imputado donde también sostenían relaciones sexuales”, relata la fiscalía del Distrito Nacional.
Sobre el coronel Piña Batista la fiscalía detalla que éste la conoció por medio del general en julio del 2018 y que aun sabiendo que la chica era menor de edad, éste también entabló una “relación sentimental con la adolescente” y que además un video sexual de la víctima y el coronel circula en internet.
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Mujer muere durante sesión de tatuaje tras recibir sedación en su vivienda
Lo que estaba previsto como una sesión de tatuaje a domicilio terminó con la muerte de Yenifer García, de 33 años, quien falleció el pasado 15 de agosto mientras se realizaba la tercera jornada de un tatuaje en la espalda y parte de los glúteos.
De acuerdo con versiones recogidas por medios colombianos, García había soportado las dos primeras sesiones sin medicamentos, pero para esta ocasión decidió recibir algún tipo de anestesia debido al dolor que implicaba el procedimiento.
Sedación intravenosa durante el tatuaje
La mañana del 15 de agosto, el tatuador llegó a la vivienda acompañado de un hombre que se presentó como anestesiólogo. Ambos llevaban una camilla, oxígeno y otros insumos médicos.
Sin embargo, lo que inicialmente habría sido presentado como anestesia local terminó con la aplicación de sedación intravenosa. Una de las hijas de García contó a Caracol Radio que le dijeron que permanecería despierta durante el procedimiento.
Según el relato familiar, la mujer comenzó a quedarse dormida mientras avanzaba la sesión. Al notar que su estado empeoraba, su hija llamó a los servicios de emergencia, cuyos operadores indicaron a las personas presentes que realizaran maniobras de reanimación hasta la llegada de los equipos médicos.
Después del fallecimiento, los familiares encontraron en la vivienda una caja de Ketamin-50, un frasco de Dormicum, cuyo principio activo es midazolam, una jeringa marcada con esa sustancia, un polvo para preparar una solución inyectable y un tapón de heparina.
El esposo de la víctima, Jonathan Cantor, relató que, durante la emergencia, una profesional de la salud preguntó qué medicamentos habían sido suministrados. Según su versión, el acompañante del tatuador habría mencionado una dosis inicial de ketamina, otra adicional y otros medicamentos.
La familia también cuestionó el tipo de sustancias utilizadas y pidió que se determine, mediante la investigación, qué medicamentos recibió García, en qué cantidades y bajo qué condiciones.
Verificación del supuesto anestesiólogo
Uno de los principales puntos de la investigación es la identidad y formación de la persona que administró la sedación.
La Secretaría de Salud de Bogotá verificó su registro en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud y estableció que no aparece como anestesiólogo, sino como técnico laboral auxiliar de enfermería.
Las autoridades deberán determinar si estaba legalmente facultado para administrar los medicamentos utilizados durante el procedimiento y establecer si existe alguna responsabilidad relacionada con la muerte de la mujer.
Claudia García, hermana de Yenifer, explicó a Caracol Radio que su familiar aceptó recibir el servicio de sedación porque una amiga le recomendó a la persona que lo ofrecía.
Según su relato, el hombre habría aplicado medicamentos en varias ocasiones durante la sesión, cada vez que García manifestaba que todavía sentía dolor.
Yenifer García tenía tres hijos, de 19, 14 y 10 años, y trabajaba en labores relacionadas con la costura.
La mujer llevaba más de dos décadas de relación con el padre de sus hijos y tenía previsto viajar el próximo mes a San Andrés, junto a su familia, para celebrar los 15 años de su hija.
La investigación busca establecer las causas exactas de la muerte, los medicamentos administrados y las circunstancias en las que se realizó la sedación durante la sesión de tatuaje.
Noticias SIN
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Migración demanda por RD$50 millones al dueño de tienda Mudan
La Dirección General de Migración (DGM) mantiene una demanda por RD$50 millones contra el empresario Po Xie, propietario de la tienda Mudan, por un incidente ocurrido durante un operativo de control migratorio realizado en la avenida Duarte, en el Distrito Nacional.
De acuerdo a Julio Ernesto Heredia, en Noticias SIN, la institución acusa al comerciante de presuntamente interferir en las labores que desarrollaban sus agentes y de participar en agresiones contra miembros del personal de Migración.
Reclaman indemnización por daños y perjuicios
Como consecuencia del incidente, la DGM reclama una indemnización de RD$50 millones por concepto de daños y perjuicios que, según sostiene la institución, habrían sido ocasionados durante el conflicto.
Las acusaciones forman parte de un proceso que se encuentra actualmente en los tribunales, por lo que corresponderá a la justicia determinar la veracidad de los señalamientos y las eventuales responsabilidades de las partes involucradas.
El caso todavía no llega al juicio de fondo
El expediente se encuentra en una etapa previa al conocimiento del juicio de fondo. Durante ese proceso deberán ser presentadas y evaluadas las pruebas, así como los argumentos de la Dirección General de Migración y de la defensa del empresario.
Hasta el momento no existe una condena judicial contra Po Xie por estos hechos. Los señalamientos realizados por Migración constituyen alegaciones dentro del proceso que deberán ser demostradas ante el tribunal correspondiente.
El caso ha generado atención debido tanto al monto de la indemnización reclamada como a las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento durante el operativo migratorio realizado en una de las principales zonas comerciales de la capital
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