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Padres de menor supuestamente abusada por general y coronel enfrentarían 10 años de prisión

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El acuerdo al que supuestamente habría llegado la madre de la adolescente menor de edad con el general José Acosta Castellanos a cambio de evitar el sometimiento a la justicia por abuso sexual podría costarle hasta 10 años de prisión a los padres que tenían conocimiento de la situación y decidieron realizar una transacción comercial en vez de la denuncia ante el Ministerio Público.

El señalamiento lo hace la abogada Dilia Leticia Jorge Mera quien expresó que “si hubo un posible acuerdo previo, eso pudiera tipificarse como explotación sexual comercial de niños que es prestar servicios de una persona menor de edad a cambio de recibir favores materiales, dinero, cualquier tipo de transacción”, en el programa El Día.

Declaraciones obtenidas por Diario Libre revelan que la madre de la adolescente a la Fiscalía dijo que hizo “un acuerdo firmado por el abogado. Fuimos todos, frente al abogado, pues el general nos dio un televisor, una nevera y una cama”.

Jorge Mera sostiene que si se investiga y se logra demostrar esa transacción: “Ahí habría una pena de hasta de 10 años que le correspondería a la persona que está en ese negocio, porque eso es un negocio. Eso es, te doy mi hija a cambio de que tu me regales una nevera, una televisión, o la cama”.

La abogada sostiene que este tipo de situaciones ocurren con frecuencia en la República Dominicana porque se ha normalizado el tema de las relaciones sexuales entre menores de edad con adultos y eso es un abuso.

“En el país se ha normalizado que los adolescentes tengan relaciones con adultos. Hay que desnormalizar las relaciones entre menores de edad y adultos. Eso no es correcto, es un abuso. Es un general que puede ser perfectamente su papá”, sentenció.

Otra situación que preocupa a la abogada es el hecho de que el hombre se encontraba en una situación de poder sobre la joven. Pues ella lo conoció al Policía a través de un programa comunitario de la Policía Nacional.

Junto al general, también es sometido por supuesto abuso a la menor, el coronel Ángel Bautista Piña, ambos de la Policía Nacional.

FUENTE: Diario Libre

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Mujer muere durante sesión de tatuaje tras recibir sedación en su vivienda

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Lo que estaba previsto como una sesión de tatuaje a domicilio terminó con la muerte de Yenifer García, de 33 años, quien falleció el pasado 15 de agosto mientras se realizaba la tercera jornada de un tatuaje en la espalda y parte de los glúteos.

De acuerdo con versiones recogidas por medios colombianos, García había soportado las dos primeras sesiones sin medicamentos, pero para esta ocasión decidió recibir algún tipo de anestesia debido al dolor que implicaba el procedimiento.

Sedación intravenosa durante el tatuaje
La mañana del 15 de agosto, el tatuador llegó a la vivienda acompañado de un hombre que se presentó como anestesiólogo. Ambos llevaban una camilla, oxígeno y otros insumos médicos.

Sin embargo, lo que inicialmente habría sido presentado como anestesia local terminó con la aplicación de sedación intravenosa. Una de las hijas de García contó a Caracol Radio que le dijeron que permanecería despierta durante el procedimiento.

Según el relato familiar, la mujer comenzó a quedarse dormida mientras avanzaba la sesión. Al notar que su estado empeoraba, su hija llamó a los servicios de emergencia, cuyos operadores indicaron a las personas presentes que realizaran maniobras de reanimación hasta la llegada de los equipos médicos.

Después del fallecimiento, los familiares encontraron en la vivienda una caja de Ketamin-50, un frasco de Dormicum, cuyo principio activo es midazolam, una jeringa marcada con esa sustancia, un polvo para preparar una solución inyectable y un tapón de heparina.

El esposo de la víctima, Jonathan Cantor, relató que, durante la emergencia, una profesional de la salud preguntó qué medicamentos habían sido suministrados. Según su versión, el acompañante del tatuador habría mencionado una dosis inicial de ketamina, otra adicional y otros medicamentos.

La familia también cuestionó el tipo de sustancias utilizadas y pidió que se determine, mediante la investigación, qué medicamentos recibió García, en qué cantidades y bajo qué condiciones.

Verificación del supuesto anestesiólogo
Uno de los principales puntos de la investigación es la identidad y formación de la persona que administró la sedación.

La Secretaría de Salud de Bogotá verificó su registro en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud y estableció que no aparece como anestesiólogo, sino como técnico laboral auxiliar de enfermería.

Las autoridades deberán determinar si estaba legalmente facultado para administrar los medicamentos utilizados durante el procedimiento y establecer si existe alguna responsabilidad relacionada con la muerte de la mujer.

Claudia García, hermana de Yenifer, explicó a Caracol Radio que su familiar aceptó recibir el servicio de sedación porque una amiga le recomendó a la persona que lo ofrecía.

Según su relato, el hombre habría aplicado medicamentos en varias ocasiones durante la sesión, cada vez que García manifestaba que todavía sentía dolor.

Yenifer García tenía tres hijos, de 19, 14 y 10 años, y trabajaba en labores relacionadas con la costura.

La mujer llevaba más de dos décadas de relación con el padre de sus hijos y tenía previsto viajar el próximo mes a San Andrés, junto a su familia, para celebrar los 15 años de su hija.

La investigación busca establecer las causas exactas de la muerte, los medicamentos administrados y las circunstancias en las que se realizó la sedación durante la sesión de tatuaje.

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Migración demanda por RD$50 millones al dueño de tienda Mudan

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La Dirección General de Migración (DGM) mantiene una demanda por RD$50 millones contra el empresario Po Xie, propietario de la tienda Mudan, por un incidente ocurrido durante un operativo de control migratorio realizado en la avenida Duarte, en el Distrito Nacional.

De acuerdo a Julio Ernesto Heredia, en Noticias SIN, la institución acusa al comerciante de presuntamente interferir en las labores que desarrollaban sus agentes y de participar en agresiones contra miembros del personal de Migración.

Reclaman indemnización por daños y perjuicios

Como consecuencia del incidente, la DGM reclama una indemnización de RD$50 millones por concepto de daños y perjuicios que, según sostiene la institución, habrían sido ocasionados durante el conflicto.

Las acusaciones forman parte de un proceso que se encuentra actualmente en los tribunales, por lo que corresponderá a la justicia determinar la veracidad de los señalamientos y las eventuales responsabilidades de las partes involucradas.

El caso todavía no llega al juicio de fondo

El expediente se encuentra en una etapa previa al conocimiento del juicio de fondo. Durante ese proceso deberán ser presentadas y evaluadas las pruebas, así como los argumentos de la Dirección General de Migración y de la defensa del empresario.

Hasta el momento no existe una condena judicial contra Po Xie por estos hechos. Los señalamientos realizados por Migración constituyen alegaciones dentro del proceso que deberán ser demostradas ante el tribunal correspondiente.

El caso ha generado atención debido tanto al monto de la indemnización reclamada como a las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento durante el operativo migratorio realizado en una de las principales zonas comerciales de la capital

 

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