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Investigan ocho agentes de la Digesett por supuestamente colocar multas falsas para llenar “cuotas”

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Nueva vez agentes de la Dirección Nacional de Seguridad del Tránsito y Transporte (Digesett), son investigados por supuestamente colocar multas fantasmas a conductores dominicanos.

La primera investigación por colocación de multas falsas ocurrió el 13 de marzo 2017, donde se entrevistaron 22 efectivos de la institución, incluidos altos oficiales, y sancionaron a nueve y destituyeron a dos.

Sin embargo, en esta ocasión surge nuevamente una investigación a ocho miembros de la institución de diversos rangos, por estos actos cometidos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Vega, Santiago, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, y otras ciudades donde aún indagan los miembros de asuntos internos de la Policía Nacional.

Mientras que el vocero de la Digesett, Gilman Pimentel, asegura se analizan las denuncias realizadas, como la del senador Euclides Sánchez.

Y es que muchos conductores del país han sido víctimas de estas multas fantasmas, impuestas alegadamente para llenar cuotas diarias entre 10 y 15 por día, a cambio de supuestos incentivos.

Pero, pese a que siempre se determina una cantidad de miembros adscritos a la institución que cometen estos ilícitos, no se profundizan las investigaciones sobre los motivos ulteriores que los impulsan a multar sin control.

De acuerdo a la Ley de 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su artículo 298, establece que un 75% de los ingresos obtenidos por multa van a la Procuraduría General de la República y un 25% al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, (Intrant).

Además, se señala que la dirección funcional del sistema de multas provenientes de las actas de infracciones será de la exclusiva competencia del Ministerio Público.

Queda ahora en manos de la Procuraduría General determinar de dónde llegan las presiones para que continuamente se susciten estos casos.

FUENTE: CDN Canal 37

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Mujer muere durante sesión de tatuaje tras recibir sedación en su vivienda

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Lo que estaba previsto como una sesión de tatuaje a domicilio terminó con la muerte de Yenifer García, de 33 años, quien falleció el pasado 15 de agosto mientras se realizaba la tercera jornada de un tatuaje en la espalda y parte de los glúteos.

De acuerdo con versiones recogidas por medios colombianos, García había soportado las dos primeras sesiones sin medicamentos, pero para esta ocasión decidió recibir algún tipo de anestesia debido al dolor que implicaba el procedimiento.

Sedación intravenosa durante el tatuaje
La mañana del 15 de agosto, el tatuador llegó a la vivienda acompañado de un hombre que se presentó como anestesiólogo. Ambos llevaban una camilla, oxígeno y otros insumos médicos.

Sin embargo, lo que inicialmente habría sido presentado como anestesia local terminó con la aplicación de sedación intravenosa. Una de las hijas de García contó a Caracol Radio que le dijeron que permanecería despierta durante el procedimiento.

Según el relato familiar, la mujer comenzó a quedarse dormida mientras avanzaba la sesión. Al notar que su estado empeoraba, su hija llamó a los servicios de emergencia, cuyos operadores indicaron a las personas presentes que realizaran maniobras de reanimación hasta la llegada de los equipos médicos.

Después del fallecimiento, los familiares encontraron en la vivienda una caja de Ketamin-50, un frasco de Dormicum, cuyo principio activo es midazolam, una jeringa marcada con esa sustancia, un polvo para preparar una solución inyectable y un tapón de heparina.

El esposo de la víctima, Jonathan Cantor, relató que, durante la emergencia, una profesional de la salud preguntó qué medicamentos habían sido suministrados. Según su versión, el acompañante del tatuador habría mencionado una dosis inicial de ketamina, otra adicional y otros medicamentos.

La familia también cuestionó el tipo de sustancias utilizadas y pidió que se determine, mediante la investigación, qué medicamentos recibió García, en qué cantidades y bajo qué condiciones.

Verificación del supuesto anestesiólogo
Uno de los principales puntos de la investigación es la identidad y formación de la persona que administró la sedación.

La Secretaría de Salud de Bogotá verificó su registro en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud y estableció que no aparece como anestesiólogo, sino como técnico laboral auxiliar de enfermería.

Las autoridades deberán determinar si estaba legalmente facultado para administrar los medicamentos utilizados durante el procedimiento y establecer si existe alguna responsabilidad relacionada con la muerte de la mujer.

Claudia García, hermana de Yenifer, explicó a Caracol Radio que su familiar aceptó recibir el servicio de sedación porque una amiga le recomendó a la persona que lo ofrecía.

Según su relato, el hombre habría aplicado medicamentos en varias ocasiones durante la sesión, cada vez que García manifestaba que todavía sentía dolor.

Yenifer García tenía tres hijos, de 19, 14 y 10 años, y trabajaba en labores relacionadas con la costura.

La mujer llevaba más de dos décadas de relación con el padre de sus hijos y tenía previsto viajar el próximo mes a San Andrés, junto a su familia, para celebrar los 15 años de su hija.

La investigación busca establecer las causas exactas de la muerte, los medicamentos administrados y las circunstancias en las que se realizó la sedación durante la sesión de tatuaje.

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Migración demanda por RD$50 millones al dueño de tienda Mudan

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La Dirección General de Migración (DGM) mantiene una demanda por RD$50 millones contra el empresario Po Xie, propietario de la tienda Mudan, por un incidente ocurrido durante un operativo de control migratorio realizado en la avenida Duarte, en el Distrito Nacional.

De acuerdo a Julio Ernesto Heredia, en Noticias SIN, la institución acusa al comerciante de presuntamente interferir en las labores que desarrollaban sus agentes y de participar en agresiones contra miembros del personal de Migración.

Reclaman indemnización por daños y perjuicios

Como consecuencia del incidente, la DGM reclama una indemnización de RD$50 millones por concepto de daños y perjuicios que, según sostiene la institución, habrían sido ocasionados durante el conflicto.

Las acusaciones forman parte de un proceso que se encuentra actualmente en los tribunales, por lo que corresponderá a la justicia determinar la veracidad de los señalamientos y las eventuales responsabilidades de las partes involucradas.

El caso todavía no llega al juicio de fondo

El expediente se encuentra en una etapa previa al conocimiento del juicio de fondo. Durante ese proceso deberán ser presentadas y evaluadas las pruebas, así como los argumentos de la Dirección General de Migración y de la defensa del empresario.

Hasta el momento no existe una condena judicial contra Po Xie por estos hechos. Los señalamientos realizados por Migración constituyen alegaciones dentro del proceso que deberán ser demostradas ante el tribunal correspondiente.

El caso ha generado atención debido tanto al monto de la indemnización reclamada como a las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento durante el operativo migratorio realizado en una de las principales zonas comerciales de la capital

 

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