La Procuraduría General de la República informó que el Consejo Superior del Ministerio Público procedió a suspender temporalmente a la fiscalizadora Carmen Lisset Núñez, para que a través de la Inspectoría General de esta institución, se proceda a realizar una amplia investigación sobre los hechos acontecidos mientras realizaba junto a miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) un allanamiento judicial en una peluquería, ubicada en el municipio de Villa Vásquez, provincia Montecristi.

La institución rectora del Ministerio Público informó mediante un comunicado de prensa que el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, tan pronto tuvo conocimiento de la denuncia que circula en las redes y con el propósito de que sean esclarecidos los acontecimientos alrededor del hecho, solicitó realizar una inmediata investigación a la Inspectoría del Ministerio Público.

Asimismo, indica el comunicado que convocó al Consejo Superior del Ministerio Público para que en sesión extraordinaria y a los fines de realizar una investigación objetiva sin obstáculos, procediera a suspender temporalmente a la fiscalizadora actuante, requiriendo y designando al magistrado Bolívar Sánchez, Inspector General del Ministerio Público, para que amplíe la investigación ya iniciada y determine si la magistrada Núñez actuó apegada a los procedimientos establecidos en las leyes.

El procurador dijo que “el Ministerio Público está en estos momentos analizando todas las evidencias recolectadas en el lugar e interrogando las personas necesarias y de determinarse que los oficiales actuantes, tanto de la DNCD como del Ministerio Público tuvieran comprometida su responsabilidad penal, se actuará sin contemplación y de acuerdo a lo establecido en las normas que rigen dichas instituciones y en la ley penal. Por igual, de resultar ser falsa la denuncia, también se procedería conforme lo indica la norma.

La institución explicó de forma preliminar que el allanamiento realizado en dicho establecimiento comercial es presuntamente el resultado de una investigación en curso llevada a cabo por el Ministerio Público de esa localidad y agentes de la DNCD conforme lo contempla la orden judicial No. 611-1-2019 SAUJ-00808, mediante la cual el juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Montecristi autorizó el allanamiento a la Barbería en fecha 31 de julio del presente año, cuyos detalles también se encuentran bajo investigación.

De igual manera, señala la institución que afirmar que la representante del Ministerio Público actuante implantó drogas en dicho lugar, resulta aún anticipado y extemporáneo, ya que en ningún momento en el vídeo que ha trascendido en las redes sociales, se ve a la fiscal cometer dicho acto y que la responsabilidad penal o no de la misma será determinada por la propia investigación.