Panorama
Fiscal y agentes DNCD quedaron al descubierto en caso droga barbería Villa Vásquez
A nueve días hoy de haber sido puesta al desnudo una operación ilícita de implantación de droga por una fiscal y personal de la Dirección Nacional de Control de Drogas, en una barbería de Villa Vásquez, de la provincia Monte Cristi, las denuncias iniciales de una trama para perjudicar a los dueños de ese centro ya no resiste duda alguna desde que ayer una comisión de la agencia antinarcóticos que investigó el hecho admitió lo ocurrido y recomendó la expulsión de cinco de sus miembros.
Desde entonces, el desarrollo de los eventos apunta a fortalecer la verdad contenida por una demoledora prueba documental contenida en un video subido a las redes sociales donde se ve a agentes de la DNCD colocando drogas en la peluquería, y luego la llegada de la fiscal Carmen Lisset Núñez, implicada en los hechos.
El olfato de la Procuraduría para detectar trazas de la verdad fue revelador desde un principio. Conocido el caso, el ente la interrogó y luego la suspendió de funciones.
Entonces ella renunció al cargo, y poco después intentó abandonar el país a través del aeropuerto de Santiago, pero fue impedida, ya que le había sido colocada una alerta migratoria de manera preventiva.
Tres días después de develarse el escándalo, el presidente de la DNCD, Félix Alburquerque Comprés, dijo no descartaba la posibilidad de que un video que circulaba en las redes sociales podría ser montaje, advirtiendo entonces que, de comprobarse así, la institución llegará “hasta las últimas consecuencias”.
Y aun con la burbuja generada por este caso en las redes y la presión porque se conociera la verdad, el general Comprés salió en defensa de la fiscal, al defender en forma enfática las cualidades de la exfiscalizadora, y hasta definirla como “una fiscal que, si ustedes ven su hoja de vida, es una fiscal intachable; su transparencia y su proceder no está en tela de juicio”.
Pero poco más de una semana después de surgir a luz el escándalo, Lisset Núnez preparó viaje al exterior, frustrado por la acción rápida de la Procuraduría, junto a su esposo, el abogado Anderson Gago Manaset.
Ahora, la comisión interna de la DNCD que tuvo a su cargo la investigación ha establecido, sin espacio a duda, que los cinco miembros del organismo antinarcótico atrapados en cámara tuvieron mala actuación durante el allanamiento y dispuso, como castigo, su expulsión de ese cuerpo.
El informe preliminar determinó que los agentes, un mayor, un capitán, un sargento, un cabo de la Policía Nacional y un alistado de la Fuerza Aérea, “violaron los protocolos y procedimientos de actuación, conforme al reglamento interno de la institución”.
Los comisionados también recomendaron suspender de sus instituciones a los agentes actuantes, y ponerlos a disposición del Ministerio Público, al comprobarse que hubo “una actuación irregular en el ejercicio de sus funciones durante el allanamiento a la barbería”.
La comisión investigadora del caso, como auxiliar de la Procuraduría General de la República, está conformada por el consultor jurídico de la DNCD, general retirado Miguel A. Matos; el inspector general, coronel Freddy R. Soto Thormann; el director de asuntos internos, coronel Ramón Abreu, y el director de Operaciones contra el Tráfico Interno, coronel Julio E. Pérez Félix.
Una fuente ligada a la investigación identificó a los agentes como el mayor Víctor Encarnación, el capitán Juan de Dios Heredia, y un cabo que aún no ha sido identificado.
Repudio total
Una indignación generalizada ha causado en Villa Vásquez, de la provincia Monte Cristi, tras destaparse el escándalo recogido en un video en el que agentes de la DNCD, en compañía de la ahora renunciante fiscal Carmen Lisset Núñez, allanando una barbería, donde colocaron drogas.
El exfiscal de Monte Cristi y abogado de los tres jóvenes dueños de la barbería, Elvis Muñoz, dijo que Villa Vásquez es un municipio de 27,000 habitantes, con 32 puntos de drogas y barrios pequeños que tienen hasta dos y que las autoridades tienen conocimiento de eso y no actúan.
Dijo que el pueblo está indignado ante un hecho tan bochornoso, y afirmó que el caso de los propietarios de la barbería no es aislado, porque muchos jóvenes han cumplido condenas y otros se encuentran en prisión injustamente porque les han colocado drogas.
DETALLES
En tanto, el representantes de la Iglesia evangélica Metodista Libre de Villa Vásquez, a la que pertenecen los propietarios de la peluquería, lamentaron lo sucedido y pidieron que los responsables del hecho sean sancionados ejemplarmente, “porque eso no debe repetirse”.
Personas de Villa Vásquez, entre ellos el ex fiscal Muñoz, dijeron al Listín Diario que cientos de jóvenes fueron víctimas de la trampa maligna de la fiscalizadora Núñez y los agentes de la Direccion Nacional de Control de Drogas, en ese municipio de la provincia Monte Cristi. El repudio ha alcanzado niveles altos de indignación que ya ha trascendido a Monte Cristi.
FUENTE: Ramón Cruz Benzan/ Listín Diario
Panorama
Interponen recurso contra designación de Juan Manuel Méndez en el Intrant
Será este miércoles cuando formalmente sea sometido a la justicia la designación del mayor general retirado Juan Manuel Méndez al frente del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), por considerarse irregular.
La acción legal será depositada a la 1:00 de la tarde ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), informó el consultor vial y comunicador Dary Terrero, quien insistió en que el funcionario carece de las condiciones técnicas requeridas para dirigir dicha institución.
Terrero explicó que el recurso había sido presentado la mañana de ayer a través de su abogado, Víctor Eddy Mateo Vásquez, pero debió ser retirado temporalmente debido a un error de redacción que lo catalogaba como general activo, cuando en realidad Méndez se encuentra en condición de retiro como miembro del Ejército de la República Dominicana.
El 16 de agosto pasado, el Poder Ejecutivo designó a Méndez al frente del Intrant mediante el decreto 551-26, nombramiento que según Terrero no se corresponde con el perfil del funcionario, partiendo de que este no cumple los requisitos de ley que son necesarios para ocupar dicha posición, incluyendo títulos universitarios.
Tras darse a conocer la pasada semana su sometimiento, el director del Intrant publicó en sus redes sociales una serie de diplomas universitarios que avalan su preparación académica.
“Aunque hace unos añitos que me gradué de abogado, a los 22 años, luego, hace 23 años, hice una especialidad. Creo que ni mis hijos lo sabían, pero gracias a Dios, aunque si muero y vuelvo a nacer me engancho a la guardia”, escribió el funcionario.
Todo el mundo conoce que, en la República Dominicana, a partir de la ley que crea el Ministerio de Administración Pública, ningún dominicano puede ocupar una posición técnica para la cual no esté formado”, subrayó Terrero al conversar con El Nacional esta mañana.
Agregó que el artículo 13 de dicha legislación establece que quien aspire a dirigir la entidad debe poseer no solo un título universitario, sino también formación específica en el área.
Vía El Nacional
Panorama
Eduardo Hidalgo pide auditar RD$1,251 millones destinados al Bono a Mil
El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, pidió este martes que sean auditados los RD$1,251 millones destinados al programa Bono a Mil, al tiempo que reclamó una explicación pública sobre quiénes son los beneficiarios y cuáles son los criterios utilizados para incluir a las familias en esa iniciativa.
Durante una entrevista en el prograna El Despertador, Hidalgo expresó preocupación por el manejo del programa y consideró necesario que las autoridades rindan cuentas sobre el destino de esos recursos y el impacto que ha tenido la iniciativa entre las familias con estudiantes del sistema público.
“Necesitamos que eso se audite. Que se audite. Y necesitamos que se rinda cuentas”, expresó Hidalgo.
El dirigente magisterial sostuvo que se trata de una inversión superior a los mil millones de pesos, por lo que entiende que debe explicarse a la ciudadanía quiénes reciben el beneficio y bajo cuáles condiciones son seleccionados.
Cuestiona impacto del programa
Hidalgo manifestó que la ADP ha expresado preocupación desde hace tiempo sobre la forma en que se manejan este tipo de ayudas y planteó que, además de conocer a los beneficiarios, debe evaluarse el impacto que tiene el incentivo en el acompañamiento de los padres a sus hijos.
El presidente de la ADP señaló que existen situaciones en las que los estudiantes dejan de asistir a clases, principalmente después de días feriados, por lo que consideró necesario analizar también el compromiso de las familias beneficiadas con la asistencia escolar.
Reclama explicación sobre aulas para niños de tres años
Durante la entrevista, Hidalgo también pidió al Ministerio de Educación rendir un informe sobre las 300 aulas para niños y niñas de tres años anunciadas en 2022 como parte de un plan piloto.
Recordó que la ADP respaldó la iniciativa porque permitiría reducir la brecha existente desde la educación inicial entre estudiantes del sistema público y aquellos que pueden ingresar desde edades más tempranas a centros privados.
Según explicó, proyecciones de la Oficina Nacional de Estadística situaban en alrededor de 153 mil la cantidad de niños de tres años para 2026, lo que representaría una necesidad cercana a 7,000 aulas, tomando como referencia grupos de aproximadamente 20 estudiantes.
Hidalgo sostuvo que las 300 aulas anunciadas no resolverían completamente el déficit, pero sí representarían un avance, por lo que reclamó información sobre su estado actual.
“¿Qué pasó con esas 300 aulas que se anunciaron?”, cuestionó.
ADP estima unos 300 mil estudiantes sin cupo
El presidente del gremio informó además que un estudio de la ADP establece que alrededor de 300 mil estudiantes de primaria y secundaria no encontraron cupo por falta de aulas.
Explicó que el sindicato no se opone a que los centros inscriban a todos los estudiantes que soliciten un espacio, pero advirtió que esa medida ha provocado sobrepoblación en diferentes planteles.
De acuerdo con Hidalgo, aulas diseñadas para 25 estudiantes están recibiendo entre 35 y 40, mientras que en algunos liceos existen cursos con 50 y hasta 55 alumnos, situación que, según planteó, afecta la calidad de la enseñanza.
Centros no iniciaron clases por problemas de infraestructura
Hidalgo indicó que varios planteles no pudieron iniciar el año escolar debido a trabajos de infraestructura pendientes.
Entre los casos mencionó el Liceo Unión Panamericana, donde los trabajos de mantenimiento se realizaron próximo al comienzo de las clases, pese a que, a su juicio, debieron ejecutarse durante junio o julio.
También citó la situación de un liceo de Blanco Arriba, Tenares, cuyos estudiantes han recibido docencia en espacios improvisados mientras esperan la terminación de su centro educativo.
Asimismo, aseguró que más de 40 centros en Higüey no pudieron comenzar las clases por problemas de infraestructura y que en San Pedro de Macorís entre 25 y 30 planteles enfrentaron dificultades similares.
Cuestiona ejecución de recursos
Sobre los problemas de infraestructura, Hidalgo descartó inicialmente que la principal causa sea la falta de recursos económicos y cuestionó que cada año queden partidas sin ejecutar pese a las necesidades existentes en las escuelas.
Indicó que las autoridades deben explicar si los retrasos responden a dificultades burocráticas u otros factores, debido a que existen centros que permanecen con trabajos pendientes al inicio de cada período escolar.
Solo 43 % recibiría agua los cinco días
Otro de los problemas señalados por Hidalgo fue el suministro de agua en las escuelas.
Según explicó, alrededor del 43 % de los centros recibe agua durante los cinco días de la semana, mientras que el resto enfrenta diferentes niveles de interrupción.
Algunos planteles reciben agua dos o tres días, mientras que otros pueden permanecer sin el servicio, afectando baños, lavamanos y cocinas.
Hidalgo planteó que en esos casos deben buscarse alternativas, como reparación de bombas, construcción de cisternas o pozos y contratación de camiones de agua cuando sea necesario.
Rechaza cobros en escuelas públicas
El presidente de la ADP aseguró que la organización se opone al cobro de inscripción o reinscripción en escuelas públicas.
Explicó que esta práctica se estaría produciendo en algunos centros educativos administrados mediante convenios con iglesias u otras entidades, pese a que reciben recursos del Ministerio de Educación.
Según afirmó, en algunos centros se estarían cobrando cuotas de RD$200 y RD$500.
Hidalgo pidió al Ministerio de Educación investigar esos casos y sostuvo que esos planteles reciben transferencias precisamente para cubrir sus gastos de funcionamiento.
Denuncia retrasos en transferencias
Hidalgo también denunció retrasos en la entrega de las transferencias económicas que reciben las escuelas para cubrir gastos operativos.
Afirmó que, pese a encontrarse ya en agosto, los centros habían recibido solo una transferencia, aunque estas deberían realizarse trimestralmente.
Esos recursos son utilizados para comprar materiales gastables y productos de limpieza, reparar puertas, ventanas y tuberías, así como adquirir agua cuando los planteles enfrentan dificultades con el suministro.
El dirigente explicó que la falta de esos fondos puede dejar deudas en manos de los directores y las juntas de centro, dificultando el acondicionamiento de las escuelas.
Técnicos mantienen pagos pendientes
Sobre los incentivos por evaluación del desempeño correspondientes a técnicos del sistema educativo, Hidalgo aseguró que todavía existe un grupo que no ha recibido esos recursos.
Reconoció que otros técnicos sí fueron pagados, aunque aclaró que la ADP no maneja la cantidad exacta de personas pendientes debido a que ese personal pertenece a otra organización sindical.
ADP se desvincula de protesta
Hidalgo también aclaró que la protesta realizada durante el acto oficial de apertura del año escolar no fue organizada por la ADP.
Indicó que la persona vinculada a la manifestación estuvo anteriormente contratada por el sindicato, pero no está nombrada como maestro en el Ministerio de Educación y, por tanto, no forma parte actualmente de la ADP.
Según explicó, la organización emitió un comunicado para desautorizarlo a hablar en nombre del gremio.
Pide mejorar salarios del personal de apoyo
Aunque rechazó la forma en que se produjo la protesta, Hidalgo afirmó que la ADP sí ha planteado en varias ocasiones la necesidad de mejorar las condiciones salariales del personal de apoyo de las escuelas.
Cuestionó que trabajadores encargados de la vigilancia y limpieza de los centros educativos devenguen alrededor de RD$14,000 mensuales y aseguró que el gremio ha llevado ese reclamo ante las autoridades educativas.
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