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Panorama

Anibel llamaba para denunciar que su expareja violaba acuerdo y la fiscal no le respondía

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Miguel Ureña, abogado de Anibel González, quien fue ultimada el pasado viernes por su expareja, dijo que la víctima puso en conocimiento que su verdugo violaba el acuerdo por el que se le redujo más de la mitad de la pena y que incluso cuando llamaba a la fiscal Margarita Hernández para quejarse esta no le respondía la llamada.

Ureña sostuvo que González era una joven batalladora que cada día luchaba para superarse, lo que no entendió Yasmil Oscar Fernández Estévez.

“Esa bestia no entendió que ella tenía derecho a superarse como mujer”, afirmó.

Calificó el acuerdo al que arribó la fiscalía como “un mamotreco” y del que “se dice hubo manejo de dinero”.

Expuso que Anibel no se constituyó en partes civil en contra de su ex cuando éste la hirió de gravedad de siete puñaladas, por lo que fue un proceso que únicamente participó el Ministerio Público.

Demandó que el caso sea investigado por la Procuraduría General de la República.

Yasmil Oscar Fernández Estévez, expareja de Gónzález y con quien procreó a tres niñas, fue sentenciado a cinco años, después que en diciembre de 2017, en una primera ocasión intentara, sin éxito, matarla.

El viernes logró su cometido al herirla de varios disparos frente a las hijas de ambos y suicidó.

El Ministerio Público le falló a Anibel González
El abogado Miguel Ureña habló durante el sepelio González.

La hoy occisa fue baleada en su residencia del barrio Los Maestros de San Pedro de Macorís, de donde bajó las escaleras pidiendo auxilio gravemente herida.

Sus vecinos salieron a socorrerla, pero la ambulancia del 911 tardó 25 minutos para llegar y la joven falleció en el hospital horas después.

En tanto que Estévez se suicidó de un disparo en la cabeza.

La joven, quien también era abogada, fue sepultada en medio de una gran manifestación de dolor y reclamos de justicia por parte de familiares y abogados en el Cementerio Municipal de San Pedro de Macorís en la mañana de este domingo.

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"El padre de mis hijas está libre. Llegó mi hora cero. Fui a la Fiscalía pero la titular no estaba. Ella fue la que hizo su acuerdo. A la otra la despidió" escribió Anibel González, según reseña en un tuit la periodista @edith_febles. Entre más horas pasan, más expuestas quedan las autoridades responsables de ese adefesio jurídico que finalmente se convirtió en la sentencia de muerte de Anibel, escribe por su parte el abogado @felixportes. Y además agrega que @procuraduriagralrd debe investigar porque si las niñas fueron escuchadas en Cámara Gessel, cuyos testimonios fueron desgarradores e impactantes estos no fueron presentados como pruebas por el MP en la acusación o ponderados como motivos para rechazar el acuerdo. Además ¿Por qué si la fiscal Luz Aurora Almonte señaló que no estaba de acuerdo con los términos del penal abreviado fue sustituida por otra fiscal en este caso Margarita Hernández Morales? La Suprema Corte de Justicia también debe investigar al juez o jueces que dejaron en libertad al asesino de Anibel, como ya lo está haciendo la Procuraduría con la fiscal o fiscales actuantes.

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Dudoso acuerdo
En febrero de 2019 la fiscal Margarita Hernández, a pesar del rechazo de la fiscal que llevaba el caso Luz Aurora, acordó reducir la pena del Yasmil Oscar Fernández.

La fiscal Luz Aurora se retiró de audiencia y le dijo al tribunal que fue sorprendida en su buena fe con un acuerdo que no conocía. Luego cuando se reanuda la audiencia quien sube es otra fiscal, Margarita Hernández.

Por lo acordado por ambas partes, Fiscalía y parte acusada, “se le suspendieron tres años y seis meses de prisión al imputado a cambio” a cambio el victimario tenía que abstenerse de agredir, amenazar o intimidar a la víctima; comprometerse a presentarse ante el centro conductual para hombres del centro doctor Luis Bergés, durante el tiempo de suspensión de la pena; y ordenó el alejamiento del imputado Yasmil Oscar Fernández del domicilio de Anibel González Ureña, disponiendo una orden de protección a favor de la víctima.

FUENTE: Diario Libre

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Interponen recurso contra designación de Juan Manuel Méndez en el Intrant

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Será este miércoles cuando formalmente sea sometido a la justicia la designación del mayor general retirado Juan Manuel Méndez al frente del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), por considerarse irregular.

La acción legal será depositada a la 1:00 de la tarde ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), informó el consultor vial y comunicador Dary Terrero, quien insistió en que el funcionario carece de las condiciones técnicas requeridas para dirigir dicha institución.

Terrero explicó que el recurso había sido presentado la mañana de ayer a través de su abogado, Víctor Eddy Mateo Vásquez, pero debió ser retirado temporalmente debido a un error de redacción que lo catalogaba como general activo, cuando en realidad Méndez se encuentra en condición de retiro como miembro del Ejército de la República Dominicana.

El 16 de agosto pasado, el Poder Ejecutivo designó a Méndez al frente del Intrant mediante el decreto 551-26, nombramiento que según Terrero no se corresponde con el perfil del funcionario, partiendo de que este no cumple los requisitos de ley que son necesarios para ocupar dicha posición, incluyendo títulos universitarios.

Tras darse a conocer la pasada semana su sometimiento, el director del Intrant publicó en sus redes sociales una serie de diplomas universitarios que avalan su preparación académica.

“Aunque hace unos añitos que me gradué de abogado, a los 22 años, luego, hace 23 años, hice una especialidad. Creo que ni mis hijos lo sabían, pero gracias a Dios, aunque si muero y vuelvo a nacer me engancho a la guardia”, escribió el funcionario.

Todo el mundo conoce que, en la República Dominicana, a partir de la ley que crea el Ministerio de Administración Pública, ningún dominicano puede ocupar una posición técnica para la cual no esté formado”, subrayó Terrero al conversar con El Nacional esta mañana.

Agregó que el artículo 13 de dicha legislación establece que quien aspire a dirigir la entidad debe poseer no solo un título universitario, sino también formación específica en el área.

Vía El Nacional

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Eduardo Hidalgo pide auditar RD$1,251 millones destinados al Bono a Mil

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El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, pidió este martes que sean auditados los RD$1,251 millones destinados al programa Bono a Mil, al tiempo que reclamó una explicación pública sobre quiénes son los beneficiarios y cuáles son los criterios utilizados para incluir a las familias en esa iniciativa.

Durante una entrevista en el prograna El Despertador, Hidalgo expresó preocupación por el manejo del programa y consideró necesario que las autoridades rindan cuentas sobre el destino de esos recursos y el impacto que ha tenido la iniciativa entre las familias con estudiantes del sistema público.

“Necesitamos que eso se audite. Que se audite. Y necesitamos que se rinda cuentas”, expresó Hidalgo.

El dirigente magisterial sostuvo que se trata de una inversión superior a los mil millones de pesos, por lo que entiende que debe explicarse a la ciudadanía quiénes reciben el beneficio y bajo cuáles condiciones son seleccionados.

Cuestiona impacto del programa
Hidalgo manifestó que la ADP ha expresado preocupación desde hace tiempo sobre la forma en que se manejan este tipo de ayudas y planteó que, además de conocer a los beneficiarios, debe evaluarse el impacto que tiene el incentivo en el acompañamiento de los padres a sus hijos.

El presidente de la ADP señaló que existen situaciones en las que los estudiantes dejan de asistir a clases, principalmente después de días feriados, por lo que consideró necesario analizar también el compromiso de las familias beneficiadas con la asistencia escolar.

Reclama explicación sobre aulas para niños de tres años
Durante la entrevista, Hidalgo también pidió al Ministerio de Educación rendir un informe sobre las 300 aulas para niños y niñas de tres años anunciadas en 2022 como parte de un plan piloto.

Recordó que la ADP respaldó la iniciativa porque permitiría reducir la brecha existente desde la educación inicial entre estudiantes del sistema público y aquellos que pueden ingresar desde edades más tempranas a centros privados.

Según explicó, proyecciones de la Oficina Nacional de Estadística situaban en alrededor de 153 mil la cantidad de niños de tres años para 2026, lo que representaría una necesidad cercana a 7,000 aulas, tomando como referencia grupos de aproximadamente 20 estudiantes.

Hidalgo sostuvo que las 300 aulas anunciadas no resolverían completamente el déficit, pero sí representarían un avance, por lo que reclamó información sobre su estado actual.

“¿Qué pasó con esas 300 aulas que se anunciaron?”, cuestionó.

ADP estima unos 300 mil estudiantes sin cupo
El
presidente del gremio informó además que un estudio de la ADP establece que alrededor de 300 mil estudiantes de primaria y secundaria no encontraron cupo por falta de aulas.

Explicó que el sindicato no se opone a que los centros inscriban a todos los estudiantes que soliciten un espacio, pero advirtió que esa medida ha provocado sobrepoblación en diferentes planteles.

De acuerdo con Hidalgo, aulas diseñadas para 25 estudiantes están recibiendo entre 35 y 40, mientras que en algunos liceos existen cursos con 50 y hasta 55 alumnos, situación que, según planteó, afecta la calidad de la enseñanza.

Centros no iniciaron clases por problemas de infraestructura
Hidalgo indicó que varios planteles no pudieron iniciar el año escolar debido a trabajos de infraestructura pendientes.

Entre los casos mencionó el Liceo Unión Panamericana, donde los trabajos de mantenimiento se realizaron próximo al comienzo de las clases, pese a que, a su juicio, debieron ejecutarse durante junio o julio.

También citó la situación de un liceo de Blanco Arriba, Tenares, cuyos estudiantes han recibido docencia en espacios improvisados mientras esperan la terminación de su centro educativo.

Asimismo, aseguró que más de 40 centros en Higüey no pudieron comenzar las clases por problemas de infraestructura y que en San Pedro de Macorís entre 25 y 30 planteles enfrentaron dificultades similares.

Cuestiona ejecución de recursos
Sobre los problemas de infraestructura, Hidalgo descartó inicialmente que la principal causa sea la falta de recursos económicos y cuestionó que cada año queden partidas sin ejecutar pese a las necesidades existentes en las escuelas.

Indicó que las autoridades deben explicar si los retrasos responden a dificultades burocráticas u otros factores, debido a que existen centros que permanecen con trabajos pendientes al inicio de cada período escolar.

Solo 43 % recibiría agua los cinco días
Otro de los problemas señalados por Hidalgo fue el suministro de agua en las escuelas.

Según explicó, alrededor del 43 % de los centros recibe agua durante los cinco días de la semana, mientras que el resto enfrenta diferentes niveles de interrupción.

Algunos planteles reciben agua dos o tres días, mientras que otros pueden permanecer sin el servicio, afectando baños, lavamanos y cocinas.

Hidalgo planteó que en esos casos deben buscarse alternativas, como reparación de bombas, construcción de cisternas o pozos y contratación de camiones de agua cuando sea necesario.

Rechaza cobros en escuelas públicas
El presidente de la ADP aseguró que la organización se opone al cobro de inscripción o reinscripción en escuelas públicas.

Explicó que esta práctica se estaría produciendo en algunos centros educativos administrados mediante convenios con iglesias u otras entidades, pese a que reciben recursos del Ministerio de Educación.

Según afirmó, en algunos centros se estarían cobrando cuotas de RD$200 y RD$500.

Hidalgo pidió al Ministerio de Educación investigar esos casos y sostuvo que esos planteles reciben transferencias precisamente para cubrir sus gastos de funcionamiento.

Denuncia retrasos en transferencias
Hidalgo también denunció retrasos en la entrega de las transferencias económicas que reciben las escuelas para cubrir gastos operativos.

Afirmó que, pese a encontrarse ya en agosto, los centros habían recibido solo una transferencia, aunque estas deberían realizarse trimestralmente.

Esos recursos son utilizados para comprar materiales gastables y productos de limpieza, reparar puertas, ventanas y tuberías, así como adquirir agua cuando los planteles enfrentan dificultades con el suministro.

El dirigente explicó que la falta de esos fondos puede dejar deudas en manos de los directores y las juntas de centro, dificultando el acondicionamiento de las escuelas.

Técnicos mantienen pagos pendientes
Sobre los incentivos por evaluación del desempeño correspondientes a técnicos del sistema educativo, Hidalgo aseguró que todavía existe un grupo que no ha recibido esos recursos.

Reconoció que otros técnicos sí fueron pagados, aunque aclaró que la ADP no maneja la cantidad exacta de personas pendientes debido a que ese personal pertenece a otra organización sindical.

ADP se desvincula de protesta
Hidalgo también aclaró que la protesta realizada durante el acto oficial de apertura del año escolar no fue organizada por la ADP.

Indicó que la persona vinculada a la manifestación estuvo anteriormente contratada por el sindicato, pero no está nombrada como maestro en el Ministerio de Educación y, por tanto, no forma parte actualmente de la ADP.

Según explicó, la organización emitió un comunicado para desautorizarlo a hablar en nombre del gremio.

Pide mejorar salarios del personal de apoyo
Aunque rechazó la forma en que se produjo la protesta, Hidalgo afirmó que la ADP sí ha planteado en varias ocasiones la necesidad de mejorar las condiciones salariales del personal de apoyo de las escuelas.

Cuestionó que trabajadores encargados de la vigilancia y limpieza de los centros educativos devenguen alrededor de RD$14,000 mensuales y aseguró que el gremio ha llevado ese reclamo ante las autoridades educativas.

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