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Empresarios Dupuy Barceló son acusados de evadir el pago de 2,186 millones de pesos

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Los tres ejecutivos de la empresa Dupuy Barceló que fueron arrestados el pasado viernes, por el Ministerio Público, están acusados de defraudación tributaria, elaboración de comercio clandestino de productos gravados, falsedad de las declaraciones juradas y de escritura de comercio, así como asociación de malhechores y lavado de activos.

Según un documento de la Oficina del Ministerio Público para asuntos investigativos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), al que tuvo acceso el periódico Diario Libre, José Antonio Barceló Larroca, Michael Wayne Dupuy Barceló y Robert Alexander Dupuy Barceló, gerente y propietarios, habrían defraudado al Estado dominicano con más de 2,186 millones de pesos generados por impuestos, recargos e intereses.

Según dice el texto suministrado por el Ministerio Público , para realizar el fraude, los empresarios habrían recurrido a asociarse con contables, asesores y otros accionistas de la empresa.

Medida de coerción
El juez José Alejandro Vargas, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito, aplazó para el próximo martes, a las 11 de la mañana, el conocimiento de medida de coerción en contra de los tres empresarios.

Para realizar la detención de los empresarios, la Fiscalía del Distrito Nacional habría llevado a cabo varios allanamientos en las pasadas semanas a propiedades de los detenidos, de donde se confiscó decenas de documentos.

Según el Ministerio Público, los tres funcionarios son responsables de facturar a terceros con un valor superior a lo reportado por la transacción a la DGII, evidenciado en los pagos bancarios realizados por sus clientes.

Declaración de pasivos inexistentes, es decir declaración de supuestas deudas contraídas por los accionistas de la empresa, que al ser contrapuestas con los ingresos de las ventas de las empresas, reducen la base imponible de los impuestos a pagar.

Otro de los puntos enumerados por la entidad en la acusación, es la salida de materia prima no justificada, en este caso botellas de producto terminado, las cuales eran movilizadas sin sustentos sobre su destino, lo cual constituye “evidentemente venta paralela de productos de alcohol no declaradas”, resalta el documento.

También trata la diferencia de alcohol por más de 126,719.94 litros, lo cual no fue plasmado en los formularios de producción de alcohol, los cuales son controles que requiere la DGII.

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TSE ordena excluir de la boleta electoral a Rafael Paz; ya no será candidato a diputado

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El Tribunal Superior Electoral (TSE) ordenó a la Junta Central Electoral que inscriba como candidatos a diputados del partido Fuerza del Pueblo y aliados de la Circunscripción 1 del Distrito Nacional a que incluya al diputado Robert Enmanuel Martínez Amparo en su boleta.

El recurso elevado por Martínez Amparo, quien había sido seleccionado a través del mecanismo de encuestas, afectó directamente la candidatura de Rafael Paz, como candidato a diputado de la 1, desde diciembre pasado cuando fue proclamado.

Pero el TSE ordena también la exclusión de la propuesta de referencia de los ciudadanos Rosa Margarita Feliciano Rodríguez, Fanny Selinés Méndez Simonó, y Katiuska Morel Alcántara.

La decisión del TSE determina que en la posición 1 de la FP debe ir Andy Roberto Morales Rivera, en la 2 Francisco José Guillén Blandino y en la tres Martínez Amparo.

La decisión obliga a la FP que identifique la mujer más votada en el proceso interno para que sea incluida en su propuesta de candidaturas en la posición número 4; y que en las dos plazas restantes que la FP se reservó en dicha demarcación, sean ocupadas por igual cantidad de mujeres, candidaturas que deberán ser aportadas por dicho partido o por los partidos aliados beneficios de dichas plazas, de haber intervenido pactos en ese sentido.

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Menor haitiana habría sido violada y amenazada en Higüey

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El Ministerio Público de Verón, en la provincia La Altagracia, investiga una denuncia de violación en contra de una menor de 14 años de edad, de origen haitiano, ocurrida el pasado viernes en el Ensanche Bulevar, en Punta Cana.

Según la acusación incoada en la Fiscalía de la Unidad de Género de Bávaro, la menor fue violada por varios agentes de la Dirección General de Migración (DGM).

“Estamos dando seguimiento a la denuncia y en el día de hoy (ayer jueves) vinimos a buscar a la víctima para ponerla bajo protección”, explica la fiscal de esa localidad, Rocío García, en un audiovisual compartido en el canal de Youtube de Juan Bautista.

Reseña Listín Diario que ante este hecho, la DGM informó en una nota de prensa, que investiga la denuncia junto al Ministerio Público.

En el documento se establece que Venancio Alcántara, director de Migración “calificó de reprochable ese tipo de ultraje y garantiza a la ciudadanía que si uno de los inspectores está involucrado en esa violación tan bochornosa será cancelado y puesto a disposición de la justicia para determinar su inocencia o culpabilidad”.

Asimismo, señalan que Migración “no tendrá contemplación debido a que no tolera ese tipo de acciones, porque a diario a los inspectores migratorios se les instruye para tratar con respeto a los extranjeros interdictos, no importa la nacionalidad, porque su misión es cumplir la Ley 285–04”.

En una llamada telefónica realizada por este medio a Santiago Molina, miembro de la Comisión de los Derechos Humanos en esa zona y quien asiste a la familia de la menor en el caso, este expresó que la jovencita, la cual se omite su nombre por razones legales, fue violada cuando los agentes se percataron que sus padres no estaban en la casa, debido “a que se encontraban trabajando”.

Relató que luego los agentes se llevaron a la adolescente hacia el centro de Migración de la zona, la amenazaron de muerte y la dejaron ir junto a una vecina.

Explicó que ante la denuncia puesta en la Fiscalía de la zona, los agentes se presentaron a la casa de la menor de edad y la volvieron a amenazar de muerte junto a sus padres, acción que fue vista por miembros de la “Comisión de los Derechos Humanos, quienes se enfrentaron en una discusión con el personal de Migración”.

En las imágenes compartidas al rotativo se observa que la menor y su familia viven en una casa construida con zinc y madera.

En el mismo video donde se observa a la fiscal García, varias personas denuncian que los agentes de Migración cobran entre “15 mil y 17 mil” a los haitianos para soltarlos luego de detenerlos.

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