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VIDEO: Leonel Fernández propone plan integral para enfrentar violencia contra la mujer
El expresidente Leonel Fernández, planteó a través de Twitter el establecimiento de un “Observatorio Nacional de Violencia basada en Género” y una “Defensoría Pública de la Mujer” como parte de un programa de detección de agresiones y asesoría a aquellas féminas que hayan sido objeto de maltrato.
Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y de la coalición de partidos, Juntos Podemos, explicó que el plan será ejecutado a partir del 16 de agosto de este año, fecha en que aspira retornar a la Presidencia de la República.
El tres veces mandatario de la República aseguró que en el caso del observatorio, este serviría para disponer de “información exacta y confiable sobre este fenómeno criminal para un abordaje eficaz de este complejo problema”.
Mientras que la defensoría, ofrecería asistencia gratuita a mujeres víctimas de maltrato que no puedan costear su representación profesional ante los tribunales.
“Articularemos un sistema de detección temprana de agresiones que vincule a las instituciones prestadoras de servicios de salud con el sistema de justicia, para el reporte de casos de lesiones en las cuales se sospeche la comisión de agresiones violentas”, escribió Fernández, candidato a la presidencia por el partido Fuerza del Pueblo.
En uno de sus mensajes, el aspirante presidencial sostuvo que su propuesta permitiría “a las autoridades llevar a cabo intervenciones oportunas que impidan un desenlace trágico”.
También habló de un “Programa de Inserción Laboral y Capacitación Técnica para Víctimas”, con el objetivo de que estas alcancen la independencia económica.
El planteamiento también incluiría un sistema de control y seguimiento a las denuncias de violencia basada en el género a través de un equipo que evalúe los casos, analice las situaciones de riesgo y recomiende medidas de intervención.
Fernández indicó que su programa prevería destinar “un porcentaje significativo de la publicidad estatal a la sensibilización de la ciudadanía en torno a la naturaleza y magnitud de la violencia basada en el género”.
El plan forma parte de la segunda ola de transformaciones que Fernández plantea impulsar desde el Gobierno para asegurar un futuro de bienestar y prosperidad a todo el pueblo dominicano.
Propuestas
1. Establecer un Observatorio Nacional de Violencia Basada en el Género. Una de las dificultades más relevantes que existen en la actualidad, concernidas a este fenómeno criminal, es lo poco que sabemos acerca de él.
La información que dominan las autoridades sobre el tema es sesgada, inexacta y poco confiable. Resulta indispensable superar la niebla estadística que nos impide conocer datos de alto valor para lograr el abordaje eficaz de este complejo problema.
La instalación de un Observatorio Nacional de Violencia Basada en el Género, que dependa del Ministerio de la Mujer, y que cuente con personal técnico capacitado para recabar y analizar sistemáticamente información sobre los diversos aspectos que se relacionan con este fenómeno, podría ser de enorme utilidad.
2. Desarrollar un Programa de Inserción Laboral y Capacitación Técnica para Víctimas.
La subordinación económica genera un lazo de dependencia entre las mujeres maltratadas y sus agresores que muchas veces impide a las primeras sustraerse del peligroso contexto en el que se encuentran.
Desde el Estado debe impulsarse un amplio programa que ayude a las víctimas de violencia basada en el género a incorporarse al mercado laboral, y que potencie sus capacidades individuales para alcanzar la independencia económica.
3. Articular un sistema de detección temprana de agresiones que vincule a las instituciones prestadoras de servicios de salud.
Uno de los problemas más frecuentes en el abordaje de este fenómeno criminal tiene que ver con que muchas veces nos enteramos de sus ominosas consecuencias cuando ya es demasiado tarde.
Es indispensable establecer protocolos de reporte y referenciación desde el sistema de salud a las instituciones del sistema de justicia, en las cuales se notifiquen casos de lesiones en las cuales se sospeche la comisión de agresiones violentas.
Desde las emergencias de clínicas y hospitales deben suministrarse insumos que permitan ulteriores indagaciones dirigidas a detectar situaciones de esta índole, lo cual permitirá a las autoridades llevar a cabo intervenciones oportunas que impidan un desenlace trágico.
4. Promover una reforma curricular que favorezca la redefinición de las relaciones de género en el marco de la tolerancia, la igualdad y la paz.
Promover el cambio cultural para abordar las asimetrías de poder en las relaciones de género es una tarea en la que debe intervenir la escuela, junto a la familia y al resto de la sociedad.
Incorporar en el currículo escolar, desde fases muy tempranas del proceso educativo, asignaturas que contribuyan a fomentar la igualdad, la solución pacífica de conflictos y la tolerancia es indispensable para avanzar en esta dirección.
5. Orientar un porcentaje significativo de la publicidad estatal a la sensibilización de la ciudadanía en torno a la naturaleza y magnitud de la violencia basada en el género.
La apreciable cantidad de recursos que el Estado invierte en promover sus actividades y realizaciones estaría mejor invertida si se obliga a destinar, mediante decreto presidencial, no menos de un 10% del monto global invertido en publicidad por parte del Gobierno a campañas de sensibilización e información ciudadana en relación con este tipo de violencias.
6. Organizar un sistema de monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las órdenes de protección.
Empleando la tecnología de la comunicación, deben proveerse los recursos logísticos y financieros suficientes para establecer un sistema de monitoreo que asegure un nivel más efectivo de cumplimiento de las órdenes de protección.
Debe especializarse un personal de apoyo, con el equipamiento necesario y en combinación otros servicios dispuestos por el Estado para atender situaciones de emergencia, para el seguimiento cercano de las mujeres en cuyo beneficio han sido dictadas tales órdenes, quienes deben de disponer de un mecanismo de comunicación eficaz para dar la voz de alerta en caso de transgresión o peligro inminente.
7. Ejecutar un amplio programa de sensibilización focalizado en los medios de comunicación.
La difusión de noticias relacionadas con hechos de violencia basada en el género puede servir como un mecanismo que acompañe los esfuerzos desplegados por las autoridades para orientar a la ciudadanía en torno a las características de este pernicioso fenómeno criminal, apoyando las políticas de prevención dispuestas por el Estado.
De común acuerdo con los gremios en el área de la comunicación social, debe llevarse a cabo un vasto programa de sensibilización focalizado en quienes laboran en los medios informativos, que sirva de catalizador para avanzar hacia una cobertura más adecuada y profesional de hechos que tengan que ver con este tipo de violencias.
8. Instalar un verdadero sistema de control y seguimiento integral a las denuncias de violencia basada en el género.
Es frecuente constatar que muchos feminicidios ocurren después de haberse tramitado denuncias previas, a partir de las cuales las víctimas habían alertado al sistema de justicia de que se encontraban en situación de peligro.
Resulta indispensable vertebrar un sistema integral de seguimiento sistemático a las denuncias que se presenten, que cuente con un equipo multidisciplinario de profesionales que evalúen de manera constante la evolución de los casos, analicen las situaciones de riesgo y recomienden medidas de intervención en caso necesario.
9. Implementar la Defensoría Pública de la Mujer. Aunque en la reforma al Código Procesal Penal producida por la Ley 10-15 se introdujo la asistencia legal obligatoria para víctimas de crímenes o delitos, lo cierto es que – en razón a limitaciones de recursos – esta previsión está lejos de ser una realidad.
En el caso de la violencia basada en el género, es imperativo que se provea este tipo de asistencia a las mujeres maltratadas que no puedan costear su representación profesional ante los tribunales.
La organización de un servicio de defensoría pública especializado para mujeres denunciantes de este tipo de violencias es una medida que no debería postergarse.
10. Poner en marcha un programa de asistencia para familias diezmadas por la violencia basada en el género.
Cada año, decenas de niños y niñas quedan en condición de extrema vulnerabilidad por la ocurrencia de feminicidios.
El Estado debe disponer recursos focalizados para los y las huérfanos (as) de la violencia basada en el género, con programas de acompañamiento que los ayuden a superar las trágicas consecuencias de estos hechos, tanto en el plano material como en el emocional y afectivo.
El reconocido artista cristiano y pastor Marcos Yaroide, junto a su esposa, la también pastora Laura Cárdenes, emitieron un firme comunicado oficial dirigido a su comunidad, medios de comunicación y opinión pública, con el objetivo de desmentir categóricamente las recientes acusaciones que circulan en su contra.
La pareja ministerial denunció ser blanco de una campaña de desprestigio basada en señalamientos e interpretaciones malintencionadas destinadas a dañar su imagen, su labor pastoral y su trayectoria artística.
Rechazo absoluto a falsas afirmaciones
El detonante de la respuesta pública fue la declaración de una comunicadora no especificada, quien aseguró que el ministerio cobraba dinero a cambio de realizar oraciones por las personas.
»Rechazamos esa acusación de manera categórica, absoluta y enérgica. Se trata de una afirmación completamente falsa. Jamás hemos cobrado por orar por una persona», enfatiza el documento conjunto.
Los religiosos argumentaron que, si bien entienden que las figuras públicas están expuestas al escrutinio, existe un límite claro entre el derecho a la libertad de expresión y la difamación o la calumnia.
Asimismo, señalaron que la libertad de prensa no ampara la manipulación de contenido audiovisual para construir realidades inexistentes.
Ultimátum y advertencia legal
En el comunicado, Yaroide y Cárdenes exhortaron públicamente a la persona responsable de la acusación a presentar de inmediato pruebas contundentes que respalden sus dichos.
De lo contrario, advirtieron que procederán penal y civilmente.
El equipo jurídico del ministerio ya ha recibido instrucciones precisas para iniciar las demandas correspondientes contra cualquier individuo que difunda, reproduzca o sostenga estas declaraciones falsas, así como contra quienes manipulen, alteren o descontextualicen entrevistas con el fin de inducir al público a conclusiones erróneas.
»No permitiremos que décadas de servicio sean empañadas por declaraciones irresponsables, falsas o difamatorias emitidas sin el más mínimo sustento», sentenciaron.
Finalmente, los líderes espirituales agradecieron las oraciones y el respaldo incondicional de sus seguidores, reafirmando su compromiso de seguir «predicando el evangelio con la frente en alto» y basando su defensa en la integridad de su trayectoria.
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Dictan 18 meses de prisión preventiva a expresidente del Patronato del Oncológico del Cibao y su esposa
La jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso 18 meses de prisión preventiva al expresidente de la Junta Directiva y del Patronato que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), Héctor Antonio Lora Cruceta, y a su esposa, Luisa Guzmán.
Esto al considerar que existen elementos probatorios suficientes que los vinculan con la presunta estructura de corrupción desmantelada mediante la Operación Onco 14.
La magistrada, que se había reservado el fallo tras varios dias de audiencia, acogió además la solicitud del Ministerio Público de declarar el expediente como caso complejo, decisión que permitirá ampliar el plazo de investigación debido al volumen de pruebas, la cantidad de operaciones financieras bajo análisis y la naturaleza de los delitos imputados.
En contraste, el tribunal varió el pedimento inicial del órgano acusador respecto a Dilcia Patricia Vargas, excontable vinculada a la investigación, y le impuso prisión domiciliaria luego de que admitiera su participación en los hechos investigados y manifestara su disposición de colaborar con las autoridades aportando información relevante para el esclarecimiento del caso.
Con la decisión, Lora Cruceta y Guzmán deberán cumplir la medida cautelar en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Hombres y Rafey Mujeres, respectivamente, mientras el Ministerio Público profundiza una investigación que, según ha adelantado, podría derivar en nuevas imputaciones.
El expediente presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sostiene que desde la administración del Instituto Oncológico Regional del Cibao habría operado un esquema destinado a desviar recursos públicos provenientes del Seguro Nacional de Salud (Senasa), mediante la supuesta facturación de procedimientos médicos inexistentes, la duplicación de servicios y otras prácticas fraudulentas que habrían afectado tanto al Estado como a pacientes diagnosticados con cáncer.
Durante la audiencia, la jueza concluyó que la investigación presentada por el Ministerio Público posee un nivel de sustentación suficiente para justificar la imposición de las medidas solicitadas, al considerar la gravedad de los hechos atribuidos, la fortaleza del expediente y el impacto social que generan las imputaciones.
La decisión judicial representa uno de los primeros reveses para los principales señalados en el caso Onco 14, considerada por las autoridades como una de las investigaciones más delicadas en materia de corrupción vinculada al sistema de salud, por involucrar recursos destinados al tratamiento de pacientes oncológicos.
Al término de la audiencia, el abogado Ricardo Reina, representante de Dilcia Patricia Vargas, confirmó que el tribunal acogió el acuerdo procesal alcanzado con el Ministerio Público, lo que permitió sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario.
Explicó que su defendida continuará suministrando documentación e información relacionada con las operaciones contables realizadas durante su permanencia en la institución.
Reina sostuvo que la colaboración de Vargas permitirá determinar con mayor precisión el alcance económico de las presuntas irregularidades y establecer el monto real de los recursos que habrían sido sustraídos mediante las operaciones investigadas.
Añadió que la medida de coerción será revisada periódicamente conforme a lo establecido por la legislación procesal penal.
La investigación del Ministerio Público sostiene que el esquema bajo análisis no solo habría ocasionado pérdidas millonarias al Estado dominicano, sino que también comprometió recursos destinados a tratamientos de pacientes con cáncer, un elemento que el tribunal valoró al momento de ponderar la gravedad de las imputaciones y la necesidad de imponer medidas cautelares de mayor rigor.
El abogado Pantaleón Mieses, representante legal de la imputada Luisa Guzmán, manifestó su desacuerdo con la decisión de la jueza Stephanie Santiago Reyes de imponer 18 meses de prisión preventiva a su defendida, al considerar que el tribunal no ponderó correctamente los elementos presentados por la defensa para descartar el peligro de fuga.
El jurista sostuvo que durante la audiencia fueron aportadas pruebas suficientes sobre el arraigo familiar, laboral y social de Guzmán, por lo que, a su juicio, procedía la imposición de una medida menos gravosa, como la prisión domiciliaria.
Recordó que la propia jueza reconoció la existencia de esos vínculos, pero entendió que la gravedad de los hechos investigados justificaba el envío a prisión.
Mieses también cuestionó que el tribunal declarara el expediente como caso complejo y argumentó que, conforme al estado de la investigación, el Ministerio Público ya dispone de los elementos necesarios para presentar una acusación formal.
En ese sentido, calificó como excesivo el período de 18 meses de prisión preventiva, al entender que la medida resulta desproporcionada frente al avance del proceso investigativo.
El abogado informó que esperará la notificación íntegra de la resolución para analizar los fundamentos jurídicos de la decisión y anunció que, dentro del plazo establecido por el Código Procesal Penal, interpondrá un recurso de apelación tanto contra la imposición de la prisión preventiva como contra la declaratoria de complejidad del caso, por considerar que ambas decisiones carecen de la debida proporcionalidad.
Vía Listín Diario
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