Panorama
Piden esclarecer muerte de abogado tras ser arrestado
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) pidió a la Policía Nacional y a la Procuraduría investigar las causas en que murió un profesional del derecho, luego de ser arrestado por una patrulla de la Policía.
Miguel Surum Hernández pidió esclarecer el hecho en que su colega Aquiles Martínez falleció, ya que este estaba pidiendo ayuda, y luego apareció muerto.
“Pedimos que se investigue, porque el denunció que lo querían matar, y apareció muerto”, indicó Surum Hernández al ser abordado sobre el caso en el hotel Dominican Fiesta, donde los profesionales del derecho tienen un encuentro con el candidato a la Alcaldía del Distrito Nacional, Domingo Contreras.
Expresó que el Colegio someterá a todos los que resulten responsables por este hecho. “Pedimos a la Policía y a la Procuraduría una investigación para ver cuáles fueron las causas que provocaron la muerte de ese profesional”, reiteró.
Manifestó que no sabe las razones de su apresamiento.
Un video muestra el momento en que dos agentes de la Policía Nacional lanzan al suelo y luego arrestan al abogado Martínez, mientras este está herido y pide ayuda a los transeúntes.
El hecho ocurrió hace varios días en el sector Los Alcarrizos, según declaraciones de los abogados.
Panorama
Aumentan precios de gasolinas y gasoil entre RD$4.00 y RD$8.00
Los precios de los combustibles aumentaron entre RD$4 y RD$8 para la semana del 15 al 22 de mayo, conforme reveló el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).
La gasolina premium y gasoil óptimo recibieron un alza de RD$8.00 cada uno. Mientras que la gasolina y el gasoil regular tuvieron un alza de RD$4.00.
En ese sentido, el avtur baja RD$5.30 por galón; el kerosene RD$6.40; el fuel oil RD$8.64 y fuel oil 1 % RD$14.00.
Por otro lado, el gas licuado de petróleo (GLP) permanecerá congelado a RD$137.20 por galón.
Además, el MICM informó que la tasa de cambio promedio semanal se ubicó en RD$59.65, una baja respecto a los RD$60.00 registrados la semana anterior.

Panorama
Militares y policías que eviten ser grabados pasarán de 15 días hasta un año en prisión
A partir del 6 de agosto de 2026, la justicia dominicana experimentará una transformación radical con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal (Ley 74-25). Según el jurista Amadeo Peralta, este cambio normativo representa un «giro de 180 grados» que dejará atrás una legislación que databa de 1884, introduciendo sanciones severas para delitos que antes carecían de castigo.
Peralta advirtió que la severidad de las nuevas penas y la configuración de delitos inéditos obligarán al Estado a construir nuevas cárceles, ya que la infraestructura actual no dará abasto ante el rigor de la ley.
Protección al ciudadano: El derecho a grabar
Uno de los puntos más relevantes destacados por el abogado es el Artículo 275, el cual busca frenar los abusos de poder por parte de agentes de la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas.
A partir de agosto de 2026, los agentes que impidan a un ciudadano grabar una actuación oficial (arrestos, allanamientos, requisas o desalojos) sin justificación legal, enfrentarán:
- Prisión: De 15 días hasta 1 año de cárcel.
- Multas: Hasta RD$20,000 pesos.
- Sanciones administrativas: Suspensión de funciones por hasta 3 años o la destitución definitiva.
- Cúmulo de penas: Si el agente además destruye el equipo (celular/cámara) o agrede físicamente al ciudadano, se sumarán cargos por destrucción de propiedad privada y lesiones.
Advertencia a los cuerpos castrenses
Peralta hizo un llamado urgente a las instituciones militares y policiales para que instruyan a sus más de 100,000 miembros activos sobre estas nuevas reglas de abordaje.
“Los agentes deben modificar a tiempo su forma de tratar a la población para evitar caer presos. El desconocimiento de la ley no los exime, y a partir de agosto, las ínfulas de poder tendrán consecuencias penales reales”, enfatizó el jurista.
Las «letras pequeñas» del nuevo código
A pesar de los avances, Peralta señaló una aparente contradicción en la norma: no será delito imputable si el ciudadano, al intentar grabar, interfiere directamente con la labor del agente o pone en peligro su integridad física.
Además, aclaró que la publicación de dichas grabaciones requerirá el consentimiento de la persona que esté siendo intervenida (el requisado o arrestado). Esto implica que quienes graben actuaciones ajenas deberán hacerlo a una distancia prudente que no obstaculice el procedimiento oficial.
Un código contra la impunidad
El abogado también resaltó que la Ley 74-25 será implacable contra las invasiones de tierras y las violaciones a la propiedad privada, delitos que antes solían quedar en el limbo jurídico. La introducción del cúmulo de penas y nuevas modalidades de cumplimiento aseguran que quienes se dedicaban a delinquir «saliéndose con la suya» enfrenten ahora un panorama judicial mucho más sombrío.
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