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Panorama

Policía suspende oficial y tres agentes por muerte de abogado Argenis Martínez

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La Policía Nacional suspendió este jueves a un capitán, dos cabos y un raso por faltas en el protocolo de detención y conducción del abogado Argenis Martínez, quien falleció horas después de esa acción.

La uniformada comunico, a través de una nota de prensa, que esto sucede luego de recibir el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), el cual reveló que la causa de la muerte fue asfixia mecánica violenta, por lo que éstos, a partir de este viernes, serán puestos a disposición del Ministerio Público,para que profundicen las investigaciones con relación a este hecho.

La información la suministró el coronel Frank Félix Durán Mejía, al ser cuestionado por periodistas en la sede de la Policía Nacional.

La institución no suministró los nombres los nombres de los agentes involucrados en la muerte del abogado.

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) fue el que dio la información del Inacif. Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, explicó que dicho informe reveló “en sus conclusiones que la muerte fue violenta, que la etiología médico legal es homicida, que la causa de muerte es la asfixia mecánica por compresión toracoabdomen, el mecanismo de muerte fue insuficiencia respiratoria y que la forma de producirse fue rápida”.

Argenis Martínez falleció la semana pasada en Santo Domingo Oeste, después de ser arrestado por agentes de la Policía Nacional, por tener un altercado con un vecino.

En un video que se dio a conocer en las redes sociales, se observa como los agentes se le subieron encima al hoy occiso para someterlo a la obediencia y se le tiró arriba un neumático de un carro.

Los parientes del fallecido habían denunciado que éste llegó muerto al destacamento policial, al cual fue trasladado.

Argenis Martínez dejó a varios niños en la orfandad.

FUENTE: Diario Libre

Panorama

Abel Martínez propone sacrificar cerdos e indemnizar a productores

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El alcalde Abel Martínez, reiteró hoy su preocupación por las continuas muertes de cerdos que se están produciendo en el país, principalmente en las provincias fronterizas de Dajabón, Montecristi, Elías Piña y otras zonas de la República Dominicana.

La preocupación de Martínez, ahora tiene mucho más fundamento, ya que el Departamento de Agricultura de EE. UU.(USDA), anunció que la República Dominicana, ha confirmado la existencia de casos de cerdos con la denominada fiebre porcina africana, (PPA), por sus siglas en ingles.

Señala elCaribe que Abel Martínez entiende que se hace urgente la intervención del gobierno para detener la propagación de la enfermedad porcina, que ha causado la muerte de más de tres cerdos de diferentes edades, lo que también sucede en granjas organizadas que siguen los parámetros de higiene.

Sugiere que sean sacrificados de inmediato todos los cerdos de comunidades de la zona fronteriza y que los productores afectados sean debidamente indemnizados y que se realicen pruebas en las zonas de mayor producción de cerdos para comprobar la existencia de la enfermedad.

“Lo que se plantea ahora, es que el gobierno intervenga la producción de cerdos en comunidades de la zona fronteriza, proceda al sacrificio de los animales y que los productores afectados sean debidamente indemnizados y que se proceda a la realización de pruebas para establecer la presencia del virus en la producción de cerdos”, indicó Abel Martínez.

Martínez, recordó que la producción de cerdos en el país representa unos 10,500 millones de pesos al año para la economía nacional, por lo que se debe proteger a un sector que genera empleos directos e indirectos y contribuye de forma significativa en la alimentación de las familias dominicanas.

Asimismo, Martínez dejó claramente establecido que unos 1,800 productores organizados en todo el país, se dedican actualmente a la crianza de cerdos, por lo que entiende es un sector que se debe cuidar y que sobre todo se investigue el origen de las muertes de una considerable cantidad cerdos en todo el territorio nacional.

“Sabemos que una gran parte de los cerdos que se producen en el país, son criados en pequeñas granjas de los patios de las mismas residencias de los pequeños productores, que muchas veces incurren en préstamos para la compra de crías y que, si mueren en medio del proceso, es llevar a esos pequeños productores a la quiebra total”, aseguró Abel Martínez.

Martínez atribuyó estas muertes, a que las actuales autoridades agropecuarias del país, no acudieron a tiempo, ante el llamado de desesperación de productores de cerdos que veían morir a sus animales de forma repentina y que fueron dejados solos.

“Han abandonado el campo dominicano y parte de ese abandono es la desvinculación de más de 500 técnicos agropecuarios en las diferentes instituciones públicas y que por falta de asistencia técnica y vigilancia sanitaria, los productores están desprotegidos”, aseguró Abel Martínez.

Estados Unidos, prohibió la entrada de carne de cerdo desde la Republica Dominicana y advirtió a los viajeros de vacaciones y otros viajeros, que deben saber que es ilegal transportar productos cárnicos especiales u otros productos agrícolas desde la República Dominicana a los Estados Unidos.

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Tres meses de prisión preventiva para exempleado JCE acusado de robar equipos informáticos

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Tras acoger la solicitud del Ministerio Público, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre que se valió de su condición de empleado de la Junta Central Electoral para supuestamente robar equipos de esa institución.

El juez Juan Francisco Rodríguez Consoró impuso la medida de coerción a Aneudy Alexander Ferrand Abreu, quien deberá cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.

La Procuraduría ante la JCE, la Fiscalía del Distrito Nacional y el Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad solicitaron la prisión preventiva contra Ferrand Abreu, quien sustrajo varios equipos de la oficina de la JCE ubicada en la avenida Correa y Cidrón, esquina Italia, del sector Honduras.

La instancia de solicitud precisa que el 22 de mayo pasado, el imputado se presentó a una tienda de equipos electrónicos de Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, donde vendió al propietario del establecimiento 22 mini CPU, o procesadores de computadoras, de la marca Hp Pro Desk 400 G4, con los seriales y códigos de la entidad responsable de los procesos electorales y del registro civil.

El órgano de justicia indicó que el 15 de julio, en horas de la madrugada, Ferrand Abreu penetró a otro de los locales del órgano electoral, ubicado en Las Colinas, sector Herrera, municipio Santo Domingo Oeste, donde se almacenan equipos de alto costo.

Detalló que una vez en el lugar le aseguró al guardia de la seguridad que se reuniría allí con otros empleados que se dirigían a Jimaní a dar un soporte técnico y, a los pocos minutos, salió del lugar con una mochila conteniendo varios mini CPU, entre otros dispositivos, los cuales introdujo en su vehículo, hecho que fue captado por las cámaras de seguridad.

“En fecha 19 de julio del año 2021, el imputado Aneudy Alexander Ferrand Abreu contactó al subencargado de Investigaciones ante la Junta Central Electoral con la finalidad de supuestamente entregar equipos que este había sustraído, siendo detenido en virtud de una orden de arresto que se había emitido en su contra”, señala el órgano de la persecución penal.

Precisa que al momento del arresto conducía un vehículo en el que se le ocuparon 22 mini CPU, con sus cargadores.

Durante la solicitud de medida de coerción el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal litigante Esther González Peguero, representante del Ministerio Público ante la Junta Central Electoral, quien sustentó la solicitud de prisión preventiva en diferentes evidencias testimoniales, documentales y materiales, así como imágenes fotográficas.

El Ministerio Público le atribuye a estos hechos la calificación jurídica de violación a los artículos 265, 266, 379 y 386-3 del Código Penal, así como el artículo 3, literales A y B, de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

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