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Leonel dice que PLD planea repetir supuesto fraude de primarias en elecciones generales
El candidato a la presidencia por el partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández denunció en su discurso que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pretende repetir el alegado fraude cometido en su contra, en las primarias del seis de octubre, en las elecciones generales.
“Naturalmente, todo este drama implica una crisis de la democracia dominicana. Esa crisis ha estado motivada en el hecho de que se ha pretendido repetir de alguna manera, ahora, en elecciones generales, el fraude acontecido en las primarias del 6 de octubre”, exclamó el expresidente de la República.
En una alocución transmitida por diferentes medios de comunicación, Fernández dijo que el único partido que no se vio afectado fue el partido de gobierno.
“El único partido que extrañamente no se vio afectado por ninguna de estas circunstancias anómalas, fue el partido de gobierno, cuya actual cúpula dirigencial, desde hace algún tiempo, viene cultivando una inescrupulosa conducta de irrespeto a la Constitución, de desconocimiento de la institucionalidad democrática y de quebrantamiento de la voluntad popular”, expresó Fernández.
Leonel también dijo que en distintas boletas, de diversas demarcaciones, las casillas de los partidos de oposición brillaban por su ausencia.
“En otros casos, candidatos eran excluidos; en otros tantos, las imágenes de partidos y candidatos aparecían truncadas. En fin, un cúmulo de irregularidades que solo conducían a un desastre electoral”, dice Fernández.
Fernández explicó que los “patrocinadores” del fraude no pudieron realizar el mismo debido a las sugerencias técnicas realizadas por la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES).
“Estos habían recomendado y acompañaron en la aplicación de un conjunto de medidas que reducirían los niveles de vulnerabilidad del sistema de votación automatizada; y al hacerlo así, dotaron dicho sistema de mayor seguridad”, expresa Fernández.
En la mañana de este domingo, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio Cesar Castaños Guzmán decidió suspender la celebración de las elecciones municipales debido a problemas presentados en los equipos del voto automatizado.
A continuación, el discurso íntegro de Leonel Fernández
Lo acontecido hoy, con la suspensión de las elecciones municipales, constituye una tragedia sin precedentes para la democracia dominicana. Nunca en la historia de la República se habían suspendido elecciones por falta de garantías suficientes al ejercicio del derecho al voto, como ha ocurrido en esta ocasión.
Desde hacía algún tiempo veníamos advirtiendo acerca de la necesidad de adoptar ciertas medidas de seguridad e integridad del sistema electoral, a los fines de garantizar plenamente el ejercicio del sufragio a través del voto automatizado.
Entre esas medidas se encontraban las de auditar y certificar previamente el programa de software a ser aplicado en el sistema de votación, así como de su reproducción en cada una de las maquinas de votación a ser utilizadas.
Desafortunadamente, esas medidas, que se aplican en cualquier lugar del mundo donde se realizan elecciones con el voto automatizado, no fueron, sin embargo, adoptadas en nuestro país por la Junta Central Electoral, ni en las primarias del 6 de octubre, ni tampoco para las elecciones municipales previstas para el día de hoy.
Debido a nuestra sugerencia, luego de las primarias del 6 de octubre, de la necesidad de adoptar esas medidas, la JCE, después de haber fracasado en la contratación de dos compañías auditoras, finalmente suscribió un acuerdo de trabajo con la empresa española, Alhambra Eidos, para proceder a la realización de una auditoría técnica-forense a lo acontecido en las referidas primarias electorales.
De acuerdo con el comunicado publicado por la JCE, no el informe, aún desconocido, de la referida empresa, esta indicó que el sistema técnico aplicado por la autoridad electoral era robusto y sólido; y que había funcionado en forma adecuada.
Es evidente que con la publicación de ese comunicado, la Junta procuraba ganar confianza, credibilidad y legitimidad ante la opinión pública nacional. La suspensión de las elecciones municipales del día de hoy, pone en entredicho lo afirmado por la preindicada empresa española.
A decir verdad, lo que ha acontecido es el desplome total de la confianza y la credibilidad requeridas para que nuestro órgano electoral pueda organizar unos comicios que garanticen trasparencia y respeto absoluto a la voluntad popular.
Eso que ha ocurrido este domingo, fue el resultado de en un conjunto de inconsistencias e irregularidades que desvirtuaban la opción de los ciudadanos para seleccionar los candidatos de su preferencia y el derecho fundamental de elegir y ser elegidos.
Para la celebración de estas elecciones municipales, la autoridad electoral realizó pruebas o simulacros de votación, respecto de las cuales informaron que habían sido exitosas; y que por consiguiente, la población dominicana podía sentirse confiada en la pulcritud del proceso electoral.
Los problemas del fracasado proceso electoral municipal se evidenciaron ayer sábado, en horas de la tarde. El equipo de técnicos informáticos de la Fuerza del Pueblo, empezó a recibir informaciones de distintos lugares del país que generaron preocupaciones en relación a la integridad del certamen que tendría lugar en el día de hoy.
Eso se agravó con la noticia de que técnicos de la Junta Central Electoral, sin la debida identificación y sin la presencia de los delegados de los partidos políticos, estaban interviniendo las máquinas de votación, sin que se supiera, hasta entonces, con qué finalidad.
A medida que avanzaba la tarde, entre 6 y 7 de la noche, se incrementaban las informaciones que ponían de relieve la gravedad de los problemas inicialmente detectados.
Frente a esa situación, nuestros delegados ante la Junta Central Electoral entraron con comunicación con los directores de elecciones y de informática de dicho organismo, con el propósito de constatar la veracidad de las informaciones recibidas.
Estos confirmaron el hecho. Admitieron que, efectivamente, algunos de sus técnicos estaban realizando labores para corregir algunos defectos que presentaba el sistema de votación en la configuración de las boletas electrónicas.
En principio, los funcionarios del órgano electoral minimizaron el problema. Creían que podía corregirse con facilidad. Por eso, en una reunión sostenida con los representantes de todos los partidos políticos, ayer, en altas horas de la noche, en la sede de la Junta Central Electoral, con la presencia de observadores de la OEA y del IFES, se acordó hacer los correctivos de lugar, previo al inicio del certamen comicial, entre 5 y 6 de la mañana del día de hoy, domingo.
Es importante señalar que fue por gestión de los delegados de los partidos de oposición, que tanto los observadores de la OEA como del IFES se enteraron de la situación de anomalía presentada en el sistema de votación. Hasta ese momento, las autoridades electorales les habían mantenido al margen de lo que estaba ocurriendo.
Al iniciarse la votación, empezaron a brotar los problemas. Las inconsistencias e irregularidades se multiplicaban por doquier. En distintas boletas, de diversas demarcaciones, las casillas de los partidos de oposición brillaban por su ausencia.
En otros casos, candidatos eran excluidos; en otros tantos, las imágenes de partidos y candidatos aparecían truncadas. En fin, un cúmulo de irregularidades que solo conducían a un desastre electoral.
El único partido que extrañamente no se vio afectado por ninguna de estas circunstancias anómalas, fue el partido de gobierno, cuya actual cúpula dirigencial, desde hace algún tiempo, viene cultivando una inescrupulosa conducta de irrespeto a la Constitución, de desconocimiento de la institucionalidad democrática y de quebrantamiento de la voluntad popular.
Los colegios electorales abrieron sus puertas a partir de las 7 de la mañana. Los votantes empezaron a acudir, pero se tropezaron con las dificultades para ejercer plenamente su derecho al voto.
Dos horas después de haberse iniciado el proceso, cerca del 90% de los colegios electorales con el sistema de voto automatizado, no habían iniciado. De igual manera había ocurrido con cerca del 20% de los colegios con sistema de votación manual. El caos se había extendido por todo el territorio nacional.
Frente a todo esto, la Junta Central Electoral, previa consulta con los líderes de los partidos políticos, decidió suspender la celebración de los comicios municipales. Solo el partido de gobierno sugirió que la suspensión fuese parcial.
Naturalmente, todo este drama implica una crisis de la democracia dominicana. Esa crisis ha estado motivada en el hecho de que se ha pretendido repetir de alguna manera, ahora, en elecciones generales, el fraude acontecido en las primarias del 6 de octubre.
Si en esta ocasión el fraude no ha podido materializarse, se ha debido a la circunstancia de la presencia de los observadores de la OEA y de los técnicos de la Fundación Internacional de Sistemas Electorales (IFES).
Estos últimos habían recomendado y acompañaron en la aplicación de un conjunto de medidas que reducirían los niveles de vulnerabilidad del sistema de votación automatizada; y al hacerlo así, dotaron dicho sistema de mayor seguridad.
Los patrocinadores del fraude encontraron los caminos obstruidos. Las sugerencias técnicas de IFES cerraron ventanas. No pudieron actuar a sus anchas, como en el pasado. Ante los obstáculos, les sobrevino la desesperación y el pánico, e incurrieron en errores.
La artimaña fraudulenta emanó como pus, y sus secuelas fueron expuestas al sol. Ahora queda por investigar quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de esta trama criminal contra el pueblo dominicano.
Esto no debe permanecer impune. Los responsables deben ser severamente castigados.
Exigimos una investigación profunda e imparcial de lo ocurrido. Es imprescindible una medida cautelar de los kits electorales, que ya hoy, a partir de la 1:20 de la tarde, empezaron a ser movilizados de los diferentes colegios electorales, sin la participación de los observadores electorales internacionales, de los delegados políticos y sin seguir el protocolo de resguardo de la cadena de custodia.
Debido a esto, desde ya solicitamos que a partir de mañana, se les permita a los técnicos del IFES y de la OEA, realizar una auditoría a los referidos equipos con la finalidad de poder esclarecer lo ocurrido.
Durante el transcurso de esta semana, se impone la realización de un diálogo político entre los principales líderes de las distintas organizaciones cívicas del país, a los fines de buscar una solución consensuada que, en estricto respeto a la Constitución de la República, permita consolidar nuestra democracia, el Estado de Derecho y la transparencia de los procesos electorales.
A quienes en el día de hoy han querido interrumpir e ignorar la voluntad popular de un pueblo que acudió desde tempranas horas de la mañana a ejercer su derecho al voto, les decimos lo siguiente: el pueblo dominicano ya los conoce, sabe lo que pretenden hacer y les advierte que bajo ninguna circunstancia, se saldrán con la suya.
Aquí está la Fuera del Pueblo para impedirlo, como ya lo hizo una vez en la defensa a la Constitución. La Fuerza del Pueblo estará siempre dispuesta a encabezar toda lucha que conduzca a la sociedad dominicana a cristalizar sus sueños de paz, de progreso y de bienestar para todos.
¡Muchas gracias y buenas noches!
FUENTE; Listín Diario
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Gobierno propone mantener prisión para delitos de libertad de expresión en nuevo Código Penal
El Senado de la República recibió este viernes 18 propuestas que buscan modificar el nuevo Código Penal, las cuales fueron elaboradas por el equipo del presidente Luis Abinader.
Aunque contempla variaciones para otras tipificaciones penales, la pieza centra una de sus partes en los artículos que versan sobre los delitos relacionados con la libertad de expresión.
Reseña el Listín Diario que una de las peticiones realizadas por diversos sectores de la sociedad, como la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), es eliminar el castigo penal.
No obstante, el Gobierno optó por mantenerlas.
¿Cuáles fueron las modificaciones?
El proyecto de ley depositado por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, busca alterar el contenido del artículo 192 sobre difusión de audios o imágenes sin consentimiento.
La intención del Poder Ejecutivo es especificar que la comisión de este hecho solo será sancionada cuando se comete en el ámbito privado o cuando haya una expectativa razonable de discrecionalidad.
En cuanto a la sanción, amplía la pena menor hasta quince días, la cual está en el modelo actual en seis meses. La máxima continúa en hasta un año de prisión.
Además, busca eliminar del nuevo Código Penal la sanción en los casos cuando el contenido falso sea elaborado por medio de montajes.
El artículo 207, referente al perjurio, recibiría una reducción de la pena, llevándola de cinco a diez años de prisión a entre dos y cinco años.
La pena actual del artículo 208 sobre la difamación es de dos a cinco años de prisión. Sin embargo, el Gobierno sugiere disminuirla de uno a dos años de prisión.
Además, aclara que no será sancionada si se registra en medios de comunicación, streaming y en el ciberespacio.
Dentro del artículo 211 agregaron una disposición para asegurar que no sean consideradas actos de difamación o injuriosos “las expresiones, opiniones y críticas vinculadas con actos de corrupción, políticas públicas, función pública, servicios públicos y actuaciones que atenten contra el interés público”.
No obstante, aclara que las declaraciones serán permitidas solo cuando estas estén sustentadas en elementos probatorios o precedidas de una verificación razonable de la información.
Desaparece el bullying
El artículo 121, que incluía la tipificación del bullying, cambia completamente el concepto y lo nombra únicamente como hostigamiento.
Mientras que el artículo 122 sobre hostigamiento agravado coloca de uno a dos años de prisión para cuando el agresor afecte a una persona con discapacidades físicas o mentales.
Además, disminuye la pena a entre cinco y diez años cuando el hecho cause el suicidio de un menor de edad.
El artículo 123 cambiaría su título a hostigamiento cibernético, en la actualidad nombrado como ciberbullying.
Además, establece que, para constituirse, este delito debe ser de manera reiterada y sistemática.
Elimina que los comentarios de redes sociales sean considerados como un método para aplicar el hostigamiento en contra de una persona y mantendría la pena igual: de dos a cinco años.
Desnudo en público
Mientras que el artículo 142 sobre el exhibicionismo eximiría de responsabilidad penal a quien se desnude en actividades artísticas, culturales, científicas o educativas.
Acoso y proxenetas
En tanto, el artículo 144, que contempla el acoso agravado, aumentaría la sanción actual, de dos a tres años de prisión, elevándola de dos a cinco años.
El artículo 176 sobre proxenetismo aumentaría la pena. Incrementándola de dos a tres años de prisión, hasta de dos a cinco años.
Sanción a doctores
Por otro lado, el artículo 354 amplía el campo de sanciones para los médicos que expidan un certificado sobre la existencia o inexistencia de una enfermedad, ya que también incluye a los doctores forenses del sector privado.
La pena sería de dos a tres años de prisión.
Recursos del Estado
El artículo 303 sanciona la malversación de fondos públicos para aquellos funcionarios que desvíen los recursos del Estado.
En este apartado, aumentaría la pena de cinco a diez años.
En el marco vigente, está entre dos y tres años de prisión.
¿Qué pasará con estas propuestas?
Este proyecto de modificación será estudiado por una comisión bicameral especial que deberá presentar sus observaciones al respecto.
Además, existen alrededor de cinco iniciativas más presentadas por otros congresistas que, conjuntamente con las observaciones de la sociedad, también serán analizadas por la mesa de trabajo antes mencionada.
La población tendrá hasta el próximo miércoles 15 de julio para entregar ante el Congreso Nacional sus señalamientos y preocupaciones sobre el nuevo Código Penal.
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Estas son las modificaciones al Código Penal
El presidente del Senado de la República informó que fue depositada ante la Secretaría General Legislativa la Iniciativa mediante la cual se propone modificar varios artículos de la Ley núm. 74-25, Orgánica que instituye el Código Penal de la República Dominicana, con el objetivo de que las reformas sean conocidas y aprobadas antes de la entrada en vigor de la nueva legislación penal.
La iniciativa incorpora mejoras derivadas de las observaciones y aportes formulados por diversos sectores de la sociedad dominicana, entre ellos juristas, académicos, comunicadores, representantes de los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos interesados, con el propósito de fortalecer el texto que será sometido al estudio de la Comisión Bicameral encargada del Proyecto de Ley de modificación del Código Penal.
Las modificaciones propuestas comprenden *18 artículos* del Código Penal y abarcan materias relacionadas con la protección de derechos fundamentales, la libertad de expresión, la protección de niños, niñas y adolescentes, la administración de justicia, la lucha contra la corrupción y el perfeccionamiento técnico de diversos tipos penales.
Más garantías para la libertad de expresión y de prensa
Uno de los ejes centrales de la iniciativa consiste en perfeccionar cinco disposiciones vinculadas con el ejercicio de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información, procurando un equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales propias de una sociedad democrática.
El *artículo 123*, relativo al *ciberbullying*, será modificado para precisar el alcance del tipo penal y evitar interpretaciones extensivas que puedan afectar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión en los entornos digitales.
El *artículo 192*, sobre *difusión de audio o imágenes sin consentimiento,* fortalecerá la protección del derecho a la intimidad, delimitará con mayor precisión los elementos que configuran la infracción e incorporará expresamente el criterio de *interés público legítimo*, ofreciendo mayores garantías para el ejercicio responsable del periodismo y del derecho a informar.
El *artículo 208*, referente a la *difamación*, redefinirá el alcance del tipo penal y ajustará el régimen sancionador para garantizar mayor precisión jurídica y proporcionalidad.
El *artículo 211*, que regula los *actos considerados no difamatorios o injuriosos*, reforzará las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa cuando las informaciones se refieran a asuntos de interés público.
Asimismo, el *artículo 310*, relativo al delito de *ultraje*, delimitará con mayor claridad el ámbito de aplicación del tipo penal, evitando interpretaciones que puedan afectar el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales.
Mayor protección para las personas y las familias
La iniciativa también fortalece diversas disposiciones destinadas a proteger la integridad y la dignidad de las personas.
Los *artículos 121 y 122,* relativos al *hostigamiento e intimidación (bullying) y al hostigamiento agravado*, precisan la definición de estas conductas, delimitan su ámbito de aplicación y redefinen las circunstancias agravantes para facilitar una aplicación más objetiva de la ley.
El *artículo 142*, sobre *exhibicionismo sexual,* delimita con mayor claridad el tipo penal para evitar interpretaciones indebidas y garantizar una aplicación proporcional de la norma.
El *artículo 144*, relativo al *acoso agravado*, ajusta el régimen sancionador previsto para esa conducta.
Por su parte, los *artículos 214 y 215,* referentes al *abandono de niños, niñas y adolescentes y al abandono agravado,* perfeccionan la redacción de los tipos penales y reorganizan las circunstancias agravantes para fortalecer la protección de la niñez y la adolescencia.
Más precisión y seguridad jurídica
Con el propósito de perfeccionar técnicamente el nuevo Código Penal, la iniciativa propone modificar varias disposiciones que requieren ajustes de redacción o mayor precisión normativa.
El *artículo 141,* relativo al *plazo de prescripción,* corrige la redacción sobre el cómputo de los plazos.
El *artículo 170,* sobre *autosecuestro*, incorpora ajustes de técnica legislativa para una mejor interpretación de la norma.
El *artículo 207,* referente al *perjurio*, adecua el régimen sancionador cuando el perjuicio sea de naturaleza patrimonial.
El *artículo 248,* relativo a la *bancarrota simple*, precisa los presupuestos que configuran la infracción.
Finalmente, el *artículo 354*, sobre *certificación falsa de estado de salud,* introduce mejoras de técnica legislativa para reforzar la claridad y coherencia del texto legal.
Fortalecimiento de la respuesta frente a delitos graves
La propuesta también contempla modificaciones dirigidas a fortalecer la respuesta penal frente a conductas que afectan gravemente a la sociedad.
El *artículo 176*, relativo al *proxenetismo*, adecua la escala de penas aplicables.
El *artículo 303*, referente a la *malversación de fondos públicos,* fortalece el régimen sancionador previsto para este delito, reafirmando el compromiso del Estado con la transparencia y la protección del patrimonio público.
Compromiso de aprobar las modificaciones antes de la entrada en vigor
El presidente del Senado informó que la iniciativa fue remitida a la *Comisión Bicameral que estudia el Proyecto de Ley de modificación del Código Penal de la República Dominicana,* para su estudio, ponderación y presentación del informe correspondiente.
Asimismo, reiteró el compromiso del Congreso Nacional de que las modificaciones propuestas sean conocidas y aprobadas *antes de la entrada en vigor de la Ley núm. 74-25,* garantizando que el país cuente desde el primer día con un Código Penal fortalecido, técnicamente más preciso y enriquecido con los aportes realizados durante el proceso de diálogo y revisión legislativa.
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