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Leonel dice que PLD planea repetir supuesto fraude de primarias en elecciones generales

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El candidato a la presidencia por el partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández denunció en su discurso que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pretende repetir el alegado fraude cometido en su contra, en las primarias del seis de octubre, en las elecciones generales.

“Naturalmente, todo este drama implica una crisis de la democracia dominicana. Esa crisis ha estado motivada en el hecho de que se ha pretendido repetir de alguna manera, ahora, en elecciones generales, el fraude acontecido en las primarias del 6 de octubre”, exclamó el expresidente de la República.

En una alocución transmitida por diferentes medios de comunicación, Fernández dijo que el único partido que no se vio afectado fue el partido de gobierno.

“El único partido que extrañamente no se vio afectado por ninguna de estas circunstancias anómalas, fue el partido de gobierno, cuya actual cúpula dirigencial, desde hace algún tiempo, viene cultivando una inescrupulosa conducta de irrespeto a la Constitución, de desconocimiento de la institucionalidad democrática y de quebrantamiento de la voluntad popular”, expresó Fernández.

Leonel también dijo que en distintas boletas, de diversas demarcaciones, las casillas de los partidos de oposición brillaban por su ausencia.

“En otros casos, candidatos eran excluidos; en otros tantos, las imágenes de partidos y candidatos aparecían truncadas. En fin, un cúmulo de irregularidades que solo conducían a un desastre electoral”, dice Fernández.

Fernández explicó que los “patrocinadores” del fraude no pudieron realizar el mismo debido a las sugerencias técnicas realizadas por la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES).

“Estos habían recomendado y acompañaron en la aplicación de un conjunto de medidas que reducirían los niveles de vulnerabilidad del sistema de votación automatizada; y al hacerlo así, dotaron dicho sistema de mayor seguridad”, expresa Fernández.

En la mañana de este domingo, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio Cesar Castaños Guzmán decidió suspender la celebración de las elecciones municipales debido a problemas presentados en los equipos del voto automatizado.

A continuación, el discurso íntegro de Leonel Fernández

Lo acontecido hoy, con la suspensión de las elecciones municipales, constituye una tragedia sin precedentes para la democracia dominicana. Nunca en la historia de la República se habían suspendido elecciones por falta de garantías suficientes al ejercicio del derecho al voto, como ha ocurrido en esta ocasión.

Desde hacía algún tiempo veníamos advirtiendo acerca de la necesidad de adoptar ciertas medidas de seguridad e integridad del sistema electoral, a los fines de garantizar plenamente el ejercicio del sufragio a través del voto automatizado.

Entre esas medidas se encontraban las de auditar y certificar previamente el programa de software a ser aplicado en el sistema de votación, así como de su reproducción en cada una de las maquinas de votación a ser utilizadas.

Desafortunadamente, esas medidas, que se aplican en cualquier lugar del mundo donde se realizan elecciones con el voto automatizado, no fueron, sin embargo, adoptadas en nuestro país por la Junta Central Electoral, ni en las primarias del 6 de octubre, ni tampoco para las elecciones municipales previstas para el día de hoy.

Debido a nuestra sugerencia, luego de las primarias del 6 de octubre, de la necesidad de adoptar esas medidas, la JCE, después de haber fracasado en la contratación de dos compañías auditoras, finalmente suscribió un acuerdo de trabajo con la empresa española, Alhambra Eidos, para proceder a la realización de una auditoría técnica-forense a lo acontecido en las referidas primarias electorales.

De acuerdo con el comunicado publicado por la JCE, no el informe, aún desconocido, de la referida empresa, esta indicó que el sistema técnico aplicado por la autoridad electoral era robusto y sólido; y que había funcionado en forma adecuada.

Es evidente que con la publicación de ese comunicado, la Junta procuraba ganar confianza, credibilidad y legitimidad ante la opinión pública nacional. La suspensión de las elecciones municipales del día de hoy, pone en entredicho lo afirmado por la preindicada empresa española.

A decir verdad, lo que ha acontecido es el desplome total de la confianza y la credibilidad requeridas para que nuestro órgano electoral pueda organizar unos comicios que garanticen trasparencia y respeto absoluto a la voluntad popular.

Eso que ha ocurrido este domingo, fue el resultado de en un conjunto de inconsistencias e irregularidades que desvirtuaban la opción de los ciudadanos para seleccionar los candidatos de su preferencia y el derecho fundamental de elegir y ser elegidos.

Para la celebración de estas elecciones municipales, la autoridad electoral realizó pruebas o simulacros de votación, respecto de las cuales informaron que habían sido exitosas; y que por consiguiente, la población dominicana podía sentirse confiada en la pulcritud del proceso electoral.

Los problemas del fracasado proceso electoral municipal se evidenciaron ayer sábado, en horas de la tarde. El equipo de técnicos informáticos de la Fuerza del Pueblo, empezó a recibir informaciones de distintos lugares del país que generaron preocupaciones en relación a la integridad del certamen que tendría lugar en el día de hoy.

Eso se agravó con la noticia de que técnicos de la Junta Central Electoral, sin la debida identificación y sin la presencia de los delegados de los partidos políticos, estaban interviniendo las máquinas de votación, sin que se supiera, hasta entonces, con qué finalidad.

A medida que avanzaba la tarde, entre 6 y 7 de la noche, se incrementaban las informaciones que ponían de relieve la gravedad de los problemas inicialmente detectados.

Frente a esa situación, nuestros delegados ante la Junta Central Electoral entraron con comunicación con los directores de elecciones y de informática de dicho organismo, con el propósito de constatar la veracidad de las informaciones recibidas.

Estos confirmaron el hecho. Admitieron que, efectivamente, algunos de sus técnicos estaban realizando labores para corregir algunos defectos que presentaba el sistema de votación en la configuración de las boletas electrónicas.

En principio, los funcionarios del órgano electoral minimizaron el problema. Creían que podía corregirse con facilidad. Por eso, en una reunión sostenida con los representantes de todos los partidos políticos, ayer, en altas horas de la noche, en la sede de la Junta Central Electoral, con la presencia de observadores de la OEA y del IFES, se acordó hacer los correctivos de lugar, previo al inicio del certamen comicial, entre 5 y 6 de la mañana del día de hoy, domingo.

Es importante señalar que fue por gestión de los delegados de los partidos de oposición, que tanto los observadores de la OEA como del IFES se enteraron de la situación de anomalía presentada en el sistema de votación. Hasta ese momento, las autoridades electorales les habían mantenido al margen de lo que estaba ocurriendo.

Al iniciarse la votación, empezaron a brotar los problemas. Las inconsistencias e irregularidades se multiplicaban por doquier. En distintas boletas, de diversas demarcaciones, las casillas de los partidos de oposición brillaban por su ausencia.

En otros casos, candidatos eran excluidos; en otros tantos, las imágenes de partidos y candidatos aparecían truncadas. En fin, un cúmulo de irregularidades que solo conducían a un desastre electoral.

El único partido que extrañamente no se vio afectado por ninguna de estas circunstancias anómalas, fue el partido de gobierno, cuya actual cúpula dirigencial, desde hace algún tiempo, viene cultivando una inescrupulosa conducta de irrespeto a la Constitución, de desconocimiento de la institucionalidad democrática y de quebrantamiento de la voluntad popular.

Los colegios electorales abrieron sus puertas a partir de las 7 de la mañana. Los votantes empezaron a acudir, pero se tropezaron con las dificultades para ejercer plenamente su derecho al voto.

Dos horas después de haberse iniciado el proceso, cerca del 90% de los colegios electorales con el sistema de voto automatizado, no habían iniciado. De igual manera había ocurrido con cerca del 20% de los colegios con sistema de votación manual. El caos se había extendido por todo el territorio nacional.

Frente a todo esto, la Junta Central Electoral, previa consulta con los líderes de los partidos políticos, decidió suspender la celebración de los comicios municipales. Solo el partido de gobierno sugirió que la suspensión fuese parcial.

Naturalmente, todo este drama implica una crisis de la democracia dominicana. Esa crisis ha estado motivada en el hecho de que se ha pretendido repetir de alguna manera, ahora, en elecciones generales, el fraude acontecido en las primarias del 6 de octubre.

Si en esta ocasión el fraude no ha podido materializarse, se ha debido a la circunstancia de la presencia de los observadores de la OEA y de los técnicos de la Fundación Internacional de Sistemas Electorales (IFES).

Estos últimos habían recomendado y acompañaron en la aplicación de un conjunto de medidas que reducirían los niveles de vulnerabilidad del sistema de votación automatizada; y al hacerlo así, dotaron dicho sistema de mayor seguridad.

Los patrocinadores del fraude encontraron los caminos obstruidos. Las sugerencias técnicas de IFES cerraron ventanas. No pudieron actuar a sus anchas, como en el pasado. Ante los obstáculos, les sobrevino la desesperación y el pánico, e incurrieron en errores.

La artimaña fraudulenta emanó como pus, y sus secuelas fueron expuestas al sol. Ahora queda por investigar quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de esta trama criminal contra el pueblo dominicano.

Esto no debe permanecer impune. Los responsables deben ser severamente castigados.

Exigimos una investigación profunda e imparcial de lo ocurrido. Es imprescindible una medida cautelar de los kits electorales, que ya hoy, a partir de la 1:20 de la tarde, empezaron a ser movilizados de los diferentes colegios electorales, sin la participación de los observadores electorales internacionales, de los delegados políticos y sin seguir el protocolo de resguardo de la cadena de custodia.

Debido a esto, desde ya solicitamos que a partir de mañana, se les permita a los técnicos del IFES y de la OEA, realizar una auditoría a los referidos equipos con la finalidad de poder esclarecer lo ocurrido.

Durante el transcurso de esta semana, se impone la realización de un diálogo político entre los principales líderes de las distintas organizaciones cívicas del país, a los fines de buscar una solución consensuada que, en estricto respeto a la Constitución de la República, permita consolidar nuestra democracia, el Estado de Derecho y la transparencia de los procesos electorales.

A quienes en el día de hoy han querido interrumpir e ignorar la voluntad popular de un pueblo que acudió desde tempranas horas de la mañana a ejercer su derecho al voto, les decimos lo siguiente: el pueblo dominicano ya los conoce, sabe lo que pretenden hacer y les advierte que bajo ninguna circunstancia, se saldrán con la suya.

Aquí está la Fuera del Pueblo para impedirlo, como ya lo hizo una vez en la defensa a la Constitución. La Fuerza del Pueblo estará siempre dispuesta a encabezar toda lucha que conduzca a la sociedad dominicana a cristalizar sus sueños de paz, de progreso y de bienestar para todos.

¡Muchas gracias y buenas noches!

FUENTE; Listín Diario

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Pastores Marcos Yaroide y Laura Cárdenes anuncian acciones legales por difamación

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El reconocido artista cristiano y pastor Marcos Yaroide, junto a su esposa, la también pastora Laura Cárdenes, emitieron un firme comunicado oficial dirigido a su comunidad, medios de comunicación y opinión pública, con el objetivo de desmentir categóricamente las recientes acusaciones que circulan en su contra.

La pareja ministerial denunció ser blanco de una campaña de desprestigio basada en señalamientos e interpretaciones malintencionadas destinadas a dañar su imagen, su labor pastoral y su trayectoria artística.

Rechazo absoluto a falsas afirmaciones
​El detonante de la respuesta pública fue la declaración de una comunicadora no especificada, quien aseguró que el ministerio cobraba dinero a cambio de realizar oraciones por las personas.

​»Rechazamos esa acusación de manera categórica, absoluta y enérgica. Se trata de una afirmación completamente falsa. Jamás hemos cobrado por orar por una persona», enfatiza el documento conjunto.

Los religiosos argumentaron que, si bien entienden que las figuras públicas están expuestas al escrutinio, existe un límite claro entre el derecho a la libertad de expresión y la difamación o la calumnia.

Asimismo, señalaron que la libertad de prensa no ampara la manipulación de contenido audiovisual para construir realidades inexistentes.

Ultimátum y advertencia legal
​En el comunicado, Yaroide y Cárdenes exhortaron públicamente a la persona responsable de la acusación a presentar de inmediato pruebas contundentes que respalden sus dichos.

De lo contrario, advirtieron que procederán penal y civilmente.

El equipo jurídico del ministerio ya ha recibido instrucciones precisas para iniciar las demandas correspondientes contra cualquier individuo que difunda, reproduzca o sostenga estas declaraciones falsas, así como contra quienes manipulen, alteren o descontextualicen entrevistas con el fin de inducir al público a conclusiones erróneas.

​»No permitiremos que décadas de servicio sean empañadas por declaraciones irresponsables, falsas o difamatorias emitidas sin el más mínimo sustento», sentenciaron.

Finalmente, los líderes espirituales agradecieron las oraciones y el respaldo incondicional de sus seguidores, reafirmando su compromiso de seguir «predicando el evangelio con la frente en alto» y basando su defensa en la integridad de su trayectoria.

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Dictan 18 meses de prisión preventiva a expresidente del Patronato del Oncológico del Cibao y su esposa

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La jueza Stephanie Santiago Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso 18 meses de prisión preventiva al expresidente de la Junta Directiva y del Patronato que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), Héctor Antonio Lora Cruceta, y a su esposa, Luisa Guzmán.

Esto al considerar que existen elementos probatorios suficientes que los vinculan con la presunta estructura de corrupción desmantelada mediante la Operación Onco 14.

La magistrada, que se había reservado el fallo tras varios dias de audiencia, acogió además la solicitud del Ministerio Público de declarar el expediente como caso complejo, decisión que permitirá ampliar el plazo de investigación debido al volumen de pruebas, la cantidad de operaciones financieras bajo análisis y la naturaleza de los delitos imputados.

En contraste, el tribunal varió el pedimento inicial del órgano acusador respecto a Dilcia Patricia Vargas, excontable vinculada a la investigación, y le impuso prisión domiciliaria luego de que admitiera su participación en los hechos investigados y manifestara su disposición de colaborar con las autoridades aportando información relevante para el esclarecimiento del caso.

Con la decisión, Lora Cruceta y Guzmán deberán cumplir la medida cautelar en los centros de corrección y rehabilitación Rafey Hombres y Rafey Mujeres, respectivamente, mientras el Ministerio Público profundiza una investigación que, según ha adelantado, podría derivar en nuevas imputaciones.

El expediente presentado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sostiene que desde la administración del Instituto Oncológico Regional del Cibao habría operado un esquema destinado a desviar recursos públicos provenientes del Seguro Nacional de Salud (Senasa), mediante la supuesta facturación de procedimientos médicos inexistentes, la duplicación de servicios y otras prácticas fraudulentas que habrían afectado tanto al Estado como a pacientes diagnosticados con cáncer.

Durante la audiencia, la jueza concluyó que la investigación presentada por el Ministerio Público posee un nivel de sustentación suficiente para justificar la imposición de las medidas solicitadas, al considerar la gravedad de los hechos atribuidos, la fortaleza del expediente y el impacto social que generan las imputaciones.

La decisión judicial representa uno de los primeros reveses para los principales señalados en el caso Onco 14, considerada por las autoridades como una de las investigaciones más delicadas en materia de corrupción vinculada al sistema de salud, por involucrar recursos destinados al tratamiento de pacientes oncológicos.

Al término de la audiencia, el abogado Ricardo Reina, representante de Dilcia Patricia Vargas, confirmó que el tribunal acogió el acuerdo procesal alcanzado con el Ministerio Público, lo que permitió sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario.

Explicó que su defendida continuará suministrando documentación e información relacionada con las operaciones contables realizadas durante su permanencia en la institución.

Reina sostuvo que la colaboración de Vargas permitirá determinar con mayor precisión el alcance económico de las presuntas irregularidades y establecer el monto real de los recursos que habrían sido sustraídos mediante las operaciones investigadas.

Añadió que la medida de coerción será revisada periódicamente conforme a lo establecido por la legislación procesal penal.

La investigación del Ministerio Público sostiene que el esquema bajo análisis no solo habría ocasionado pérdidas millonarias al Estado dominicano, sino que también comprometió recursos destinados a tratamientos de pacientes con cáncer, un elemento que el tribunal valoró al momento de ponderar la gravedad de las imputaciones y la necesidad de imponer medidas cautelares de mayor rigor.

El abogado Pantaleón Mieses, representante legal de la imputada Luisa Guzmán, manifestó su desacuerdo con la decisión de la jueza Stephanie Santiago Reyes de imponer 18 meses de prisión preventiva a su defendida, al considerar que el tribunal no ponderó correctamente los elementos presentados por la defensa para descartar el peligro de fuga.

El jurista sostuvo que durante la audiencia fueron aportadas pruebas suficientes sobre el arraigo familiar, laboral y social de Guzmán, por lo que, a su juicio, procedía la imposición de una medida menos gravosa, como la prisión domiciliaria.

Recordó que la propia jueza reconoció la existencia de esos vínculos, pero entendió que la gravedad de los hechos investigados justificaba el envío a prisión.

Mieses también cuestionó que el tribunal declarara el expediente como caso complejo y argumentó que, conforme al estado de la investigación, el Ministerio Público ya dispone de los elementos necesarios para presentar una acusación formal.

En ese sentido, calificó como excesivo el período de 18 meses de prisión preventiva, al entender que la medida resulta desproporcionada frente al avance del proceso investigativo.

El abogado informó que esperará la notificación íntegra de la resolución para analizar los fundamentos jurídicos de la decisión y anunció que, dentro del plazo establecido por el Código Procesal Penal, interpondrá un recurso de apelación tanto contra la imposición de la prisión preventiva como contra la declaratoria de complejidad del caso, por considerar que ambas decisiones carecen de la debida proporcionalidad.

Vía Listín Diario

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