El Ministerio Público sometió a la justicia y solicitó la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un inspector migratorio de servicio en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) que le exigió el pago de una multa a un extranjero y a otra persona que le acompañaba, alegando que permanecerían más tiempo del permitido en el país.

Albert Isaac Pérez Ferreras fue arrestado en flagrante delito en el aeropuerto por solicitarle la entrega de la suma de doscientos dólares estadounidenses (US$200.00) a un pasajero de nacionalidad española y a su acompañante.

El imputado argumentó que las víctimas permanecerían en la República Dominicana por un período de tres (03) meses, superando el tiempo permitido, por lo que debían de realizar un supuesto pago por penalidad de estadía.

La solicitud de medida de coerción fue presentada por la procuradora general de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y los fiscales Yoneivy González, Ernesto Guzmán Alberto y Elizabeth Paredes Ramírez, ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción de Santo Domingo Este.

La instancia indica que, producto de la solicitud del soborno y la cuestionante que les realizó el inspector a los pasajeros, estos le manifestaron que anteriormente habían ingresado al país, sin inconvenientes, y sin la necesidad de realizar pago alguno por concepto de estadía.

No obstante, ante la solicitud del dinero, el ciudadano español le indicó a Pérez Ferreras que únicamente poseía la suma de setenta dólares estadounidenses (US$70.00).

En ese momento el inspector procedió a indicarle al pasajero que disimuladamente debía entregarle la referida cantidad para poder dejarlos ingresar al país.

Luego de varios intentos de entrega, el ahora investigado, le indicó a la víctima que el dinero debía colocarlo dentro del pasaporte, procediendo este a actuar conforme a la exigencia, tal como se observa en los vídeos captados por las cámaras de vigilancia del sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) del aeropuerto, consumándose con esto el tipo penal de soborno.

La Pepca fue apoderada del caso por la Dirección General de Migración (DGM), institución a la que Pérez Ferreras ingresó en el año 2022.

Dentro del perfil de funciones inherentes a su cargo de inspector de control migratorio, se encuentran: la responsabilidad de verificar, controlar y supervisar el ingreso y salida de pasajeros al territorio nacional, velando por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia migratoria, así como actuar con apego a los principios de legalidad, transparencia, probidad y ética en el ejercicio de sus funciones públicas.

Luego del arresto, las autoridades de la Dirección General de Migración, realizaron formal entrega, mediante soporte digital (CD), de las capturas del vídeo obtenidas de las cámaras de vigilancia correspondientes al counter donde ocurrieron los hechos investigados.

En el vídeo se observa la interacción sostenida entre el investigado y los ciudadanos extranjeros, así como las circunstancias relativas a la entrega del dinero y la posterior recepción del mismo por parte del investigado Albert Isaac Pérez Ferreras.

El Ministerio Público solicitó que, al imputado Pérez Ferreras, quien fue arrestado el pasado 17 de mayo en dicho aeropuerto, se le imponga la medida de coerción que le priva de libertad, de conformidad con el artículo 230 numeral 7, del Código Procesal Penal Ley núm. 97-25.

Diferentes pruebas documentales, testimoniales, audiovisuales, materiales y procesales sustentan la solicitud de medida de coerción contra Pérez Ferreras, quien es imputado de violar el artículo 146 de la Constitución de la República Dominicana, así como los artículos 174, 175 y 177 del Código Penal Dominicano, que tipifican los actos de corrupción y el soborno o cohecho.

El órgano del Ministerio Público informó que amplía las investigaciones del caso.

Sin el respaldo de la oposición, los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) aprobaron este miércoles dos contratos de préstamos por un monto total de 600 millones de dólares para ser invertidos en Punta Cana-Bávaro y utilizados en políticas ante el cambio climático.

Los acuerdos, sometidas por el Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados el 9 de abril y 9 enero de este año, pasarán al Senado de la República para su probable ratificación.

El préstamo para ser invertido en Punta Cana-Bávaro es por 400 millones de dólares y será ejecutado por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).

El dinero será utilizado para el financiamiento del Programa Integral de Agua Potable, Saneamiento Universal y Reúso para la Zona de Punta Cana-Bávaro, Fase III.

Reseña El Caribe que de acuerdo al documento depositado en la Cámara Baja el pasado jueves 9 de abril, el contrato fue suscrito entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 19 de febrero de 2026.

A partir de la fecha del primer desembolso del préstamo, este generará intereses sobre los saldos deudores diarios, para ser pagados dos veces al año, los días 15 de octubre y 15 de abril de cada año, siendo saldado en 19.5 años (39 cuotas), con un periodo de gracia de 5.5 años.

El primer pagó será el 15 de octubre de 2031 y el último, el 15 de octubre del 2050.

El financiamiento tiene como fin contribuir a la mejora de la salud pública y la protección del acuífero costero en la zona de Punta Cana-Bávaro; incrementar el acceso a agua potable segura en las localidades priorizadas; incrementar el acceso a saneamiento seguro en las localidades priorizadas; y mejorar la gestión integrada y sostenible del recurso hídrico en la zona de intervención, según establece la carta remitida por el presidente de la República al titular de los diputados, Alfredo Pacheco.

Los tres componentes que contempla el programa ejecutado por el Inapa son: infraestructura de agua potable; infraestructura de saneamiento; y gestión del recurso hídrico, reúso y fortalecimiento institucional.

US$200 millones
El otro contrato es de 200 millones de dólares, para ser utilizado en las políticas realizadas por la República Dominicana para la acción climática, a ser ejecutado por el Ministerio de Hacienda y Economía.

El empréstito fue suscrito el 11 de julio de 2025, entre el país y la Corporación Andina de Fomento (CAF), y su carta enmienda del 2 de diciembre de 2025.

De acuerdo al informe que rindió la Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados, el préstamo brindaría liquidez presupuestaria al gobierno, poniendo a disposición fondos bajo la modalidad de apoyo presupuestario, en reconocimiento a la ejecución de políticas públicas destinadas a fortalecer y fomentar la acción climática y la resiliencia frente a los impactos del cambio climático.

Precisa, además, que, por su parte, la carta enmienda tiene como objetivo subsanar un error inmaterial e involuntario de orden tipográfico que no afecta la validez ni el alcance de las obligaciones contractuales y actualizar la información contenida en la cláusula 18 relativa a las “Comunicaciones” de las condiciones particulares del referido contrato de préstamo.

“El Programa es una herramienta de acompañamiento en la implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático para avanzar hacia una economía resiliente y menos intensa en emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), procurando una mayor sostenibilidad en la producción y el consumo de bienes y servicios”, destaca el informe.

Crítica de la oposición
Los diputados de los partidos Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano (PLD) criticaron los constantes endeudamientos del actual gobierno y le exhortaron a que no continúe aumentando la deuda pública del Estado.

Asimismo, señalaron que los empréstitos no se toman para cosas puntuales y no se ven sus resultados. Indicaron que los préstamos “quedan en el aire y en el tiempo”.

Jorge Tavárez, de FP, fue el único legislador de la oposición que votó a favor de uno de los préstamos: el de 400 millones de dólares.

Los financiamientos por 600 millones de dólares están consignados en el presupuesto general del Estado actual.

Los acuerdos, para ser ejecutados, deberán ser ratificados por el Senado y promulgados por el Poder Ejecutivo.