Ante el aumento de los casos de coronavirus en el país, el Ministerio de Salud Pública ha diseñado el protocolo de manejo de cadáveres que incluye medidas como no permitir que sean velados, no practicar autopsias e impedir que los familiares entren en contacto con los cuerpos.

El documento, dado a conocer esta semana y dirigido a centros de salud y prestadores de servicios de velación y funerarios, plantea las pautas de manejo para prevenir que el virus, que permanecerá vivo después de la muerte de la persona, se traspase al equipo médico y a la comunidad en general.

Inicialmente, se dispone que el traslado del cadáver hacia el cementerio o crematorio se realice lo más pronto posible.

“El transporte, la cremación o inhumación según sea el caso, se efectuará en el menor tiempo posible con el fin de prevenir la exposición de los trabajadores y la comunidad en general al virus COVID-19”, manda el protocolo.

Sobre el tiempo de vida del virus luego de la muerte del contagiado, el patólogo Jorge Sarita Valdez explicó a Noticias SIN que podría permanecer “bastante tiempo” debido a la liberación de líquidos que se producen con la descomposición del cadáver.

“El cadáver tan pronto empieza a descomponerse se liberan muchos líquidos y gases entonces en el líquido el germen se disemina de modo que si estuviéramos en resequedad y tuviéramos mucho calor, entonces el virus muere pero si hay condiciones de humedad y líquidos el germen puede permanecer meses ahí”, explicó el experto.

El documento oficial explica también que no debe permitirse ofrecer servicios de velación para el fallecido.

En cuanto a la exposición del cadáver, debe estar dentro de una bolsa y esta dentro del ataúd que, a su vez, tiene que permanecer cerrado en todo momento, ordena Salud Pública.

“No debe permitirse el contacto de los familiares con el cadáver. En caso de contar con ataúdes con ventana de cristal, es posible abrir la cremallera (de la bolsa) para descubrir el rostro del cadáver”, propone el protocolo publicado esta semana.

Sobre el personal médico encargado del manejo de cuerpos, se especifica que deben usar ropa protectora igual a la que se emplea para tratar con los enfermos del coronavirus. En caso de que se vayan a realizar actividades pesadas, el protocolo establece el uso de guantes, delantal y botas de goma.

Salud Pública instruye también a que los cadáveres sean preparados en el lugar de la muerte, que el personal use la ropa de protección y que se tomen medidas específicas como tapar todos los orificios con algodón impregnado en hipoclorito de sodio, colocar el cadáver en una bolsa plástica con cremallera y desechar la vestimenta de protección en bolsas biodegradables.

Sobre el movimiento del cadáver en la morgue, se plantea que se haga según lo establecido por el centro de salud donde ocurra el deceso, siguiendo los lineamientos de bioseguridad.

“Mientras dure la pandemia del COVID-19, no se recomienda practicar autopsia a cadáveres de casos confirmados o sospechosos de coronavirus, para evitar la generación de aerosoles que pudieran poner en riesgo al personal de patología”, especifican las autoridades.

Sin embargo, para los casos en los que se deban hacer autopsias, Salud Pública manda a que se límite el número de participantes, que utilicen ropa de protección y la desechen según el protocolo.

“En casos de pacientes con COVID-19, los pulmones y otros órganos todavía pueden contener virus vivos y es preciso tomar medidas de protección respiratoria complementarias durante los procedimientos que generan aerosoles de partículas pequeñas (por ejemplo, el uso de motosierras y lavado de intestinos)”, explica el protocolo.

El protocolo fue publicado por el ministerio el lunes 16, ese mismo día su titular, Rafael Sánchez Cárdenas, informaba al país la muerte de una mujer que había dado positivo al COVID-19 y que además tenía VIH y tuberculosis.

Hasta el momento el número de casos confirmados en territorio dominicano es 21 y se espera el resultado de pruebas practicadas a unas 25 personas sospechosas de estar contagiadas.

Anoche, el presidente Danilo Medina se dirigió al país para hacer públicas una serie de medidas excepcionales para prevenir la propagación del virus en el país.

Entre los anuncios estaba la solicitud de declaratoria de estado de emergencia, que deberá ser aprobada por el Congreso Nacional y permitiría la suspensión de derechos fundamentales como el libre tránsito o asociación a fin de limitar los contactos de persona a persona.

Igualmente, el mandatario dispuso la suspensión de la docencia, las actividades comerciales y el cierre de fronteras, puestos y aeropuertos durante 15 días.