Ciudadanos aprovecharon las vistas públicas convocadas para la reforma fiscal organizada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para sacarle los «trapos al sol» con los beneficios y el rol que tienen los legisladores y funcionarios del Estado.

María Inmaculada Núñez, una profesora de 57 años, criticó los préstamos que aprobaron los legisladores en cuatro años, a los que consideró que se les debe hacer una auditoría

«Estamos en tiempo de que se le haga auditoría a todos los préstamos que se han tomado, que se hagan auditoría a todo el gasto corriente del Gobierno, que se haga auditoría al cofrecito y barrilito de ustedes, que se haga auditoría a todas las exoneraciones que se les ha dado a ustedes» dijo la señora.

A seguida se preguntó: «¿No sé por qué ustedes tienen dos exoneraciones por períodos cuando un carro dura 10 años y no sé por qué se les da exoneraciones de vehículos de más de 25,000 dólares?»

«Déjense de estar provocando al pueblo, por qué les va a salir el diablo», «ni Hitler se atrevió a tanto», «no puede cobrarme a mí por vivir», vociferó la señora en referencia a la reforma fiscal que quiere aprobar el Gobierno.

A seguidas fue aplaudida de los presentes, incluyendo a los diputados de la oposición.

El representante de Somos Pueblo, Eduardo Sánchez Tolentino (El Piro) cuestionó en las vistas públicas que la propuesta de reforma fiscal del Gobierno perjudique a los ciudadanos promedio, mientras hay funcionarios con sueldos superiores a un millón de pesos y legisladores que, en su conjunto, recibieron RD$358 millones en 2023.

Tras recibir aplausos, lanzó un par pregunta retórica a los diputados: “¿Por qué los platos rotos los tenemos que pagar nosotros? ¿Por qué el sacrificio tiene que ser de nosotros? Por ejemplo, a nosotros nos van a subir… que aquí no se va a poder hacer locrio de pica pica; no se va a poder hacer locrio de salami. El plato nacional va a pasar a ser arroz con huevo, porque la carne va a estar más cara, o quizás arroz vacío, porque el huevo va a subir también y la gente va a comprar más huevos. Pero si yo les pregunto qué comen ustedes los diputados, ustedes van a decir los bistec, los angus, los sirloin…”

“Entonces yo tengo que pagar un IPI de una propiedad que ya vale cinco millones, cuando ya hasta una letrina vale cinco millones”, concluyó el carismático comunicador.

El ciudadano Juan Miguel Núñez expresó frente a los legisladores de la comisión que los políticos, «malhechores, sinvergüenzas, farsantes, irresponsables y apáticos» usan las arcas públicas como patrimonio particular sustrayendo lo que es del pueblo.

Para mejorar la recaudación (como se busca con la reforma fiscal), planteó a la comisión la reducción de la nómina pública, eliminar el presupuesto a los partidos, eliminar los ministerios de la Juventud y la Mujer, el barrilito y cofrecito y los subsidios «absurdos» a las empresas.

José Miguel Mañón criticó a los congresistas por vender las exoneraciones que tienen para importar vehículos de lujo, los cuales, según consideró, deben pagar más allá de los RD$6,000 de impuestos que establece el proyecto de reforma.

Reseña Diario Libre que otro ciudadano, que se identificó como Francisco Peña, acusó a los diputados de violar la Constitución al promover la reforma fiscal. Solicitó dejar sin impuestos a las viviendas.

Omayra Álvarez, presidenta de Juventud con una Misión, solicitó bajar los salarios a los funcionarios gubernamentales que más dinero ganan y eliminar «las botellas» en el Estado. Dijo que los legisladores, como representantes del Poder Legislativo, tienen la potestad de rechazar la reforma.

Héctor Sánchez, del partido Patria para Todos, solicitó controlar el gasto público. También consideró que sí se debe pagar impuestos, pero que los que tienen más ingresos deben hacerlo en mayor cantidad.

Los exponentes contaron anécdotas, historias, mencionaron ejemplos de otros países, citaron a filósofos, al padre de la Patria Juan Pablo Duarte, a la Biblia y otros libros, a fin de motivar su rechazo al proyecto de reforma fiscal que el Poder Ejecutivo depositó en la Cámara de Diputados.

Uno que sí aprueba la reforma
Danilo Rodríguez, profesor universitario, se preguntó «¿Cuál es el miedo a pagar impuestos?»

A diferencia de la mayoría, expresó que sí es posible aprobar la ley.

En ese sentido, planteó un proyecto de reforma para que todos los mayores de 18 años paguen impuestos y solicitó la creación de oficinas de la DGII en los municipios y tener dos horarios a fin de facilitar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones.

Durante este jueves, la comisión de Hacienda escuchó a más de 150 actores, entre ciudadanos y representantes empresariales, quienes, durante tres y cinco minutos, expusieron sus motivos por lo que el Gobierno no debe afectar su sector en la reforma fiscal.

Cientos de personas expresaron ayer su rotundo rechazo al proyecto de ley “Modernización Fiscal” que estudia la Cámara de Diputados.

En unas vistas públicas que comenzaron pasadas las 10:00 de la mañana, comunitarios y representantes de los sectores empresariales expresaron su oposición a los distintos puntos propuestos en la pieza del Poder Ejecutivo.

Coinciden en que en todos los casos y para todos los sectores esto terminaría con el detrimento de la estabilidad económica del país.

No obstante, sin dejar a un lado las propuestas de modificación compartidas por diversos sectores, los exponentes utilizaron su turno para oponerse a la visión tributaria plasmada por el gobierno dominicano.

Reseña el Listín Diario que las vistas públicas transcurrieron mientras en las afueras del Congreso Nacional decenas de personas se reunieron para pedir el retiro total de la propuesta.

Ejes centrales
Diversas entidades presentaron su posición ante el pleno de los congresistas de la cámara baja.

Estas son el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Colegio Médico Dominicano (CMD), sector textil, asociaciones de detallistas, organizaciones políticas, entre otras.

Además de solicitar no alterar las exenciones, los planteamientos de los voceros sociales y empresariales parecían estar unificadas.

En cambio, favorecieron el aumento del salario mínimo, la reducción de la nómina pública, disminución de la pérdida en energía eléctrica, reducción de la publicidad gubernamental, fiscalización a los partidos políticos y organizaciones no gubernamentales.

Además, liberar de impuestos a los alimentos y productos que conforman la canasta básica familiar.

Asimismo, consideraron necesario ampliar la ejecución de fiscalización y reducir el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) para garantizar una mayor mitigación a la evasión de impuestos.

El Itbis pasará a llamarse Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Por otro lado, representantes de la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana (ABA) pidieron cuidar y fomentar los ahorros, teniendo en cuenta que existen artículos en el documento legislativo que afectarán al sistema bancario, incluyendo a las transferencias digitales.

Fiduciarias y constructores
El representante de la Asociación de Fiduciarias Dominicana (Asofodi), Cristián Molina, aseguró que lo planteado con esta reforma afecta a este sector, lo que significaría acabar con la comercialización de las viviendas en el territorio nacional.

Entiende que el enfoque de los tributos no debería afectar a las fiduciarias para continuar con el desarrollo del país.

Molina aseguró que más de 5,000 hogares se entregaron a finales del pasado año por medio de proyectos elaborados junto a una fiduciaria, lo que generó un flujo de 170,000 millones de pesos en préstamos para el sistema bancario.

“Esto afecta la vivienda porque amenaza que 6 de cada 10 dominicanos se queden sin acceso a su primer vivienda. Un retroceso de décadas en la compra de viviendas accesibles”, manifestó.

Además, expresó que estos impuestos violarían un derecho tan importante para todos los ciudadanos, como lo dictan la Constitución y las leyes.

Mientras que Annerys Meléndez, representante de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), coincidió con esta posición, detallando las falencias que significan los tributos.

Meléndez estableció que la eliminación de las tasas diferenciadas a los fideicomisos de casas causaría un aumento de 12.5% para los consumidores.

También, teniendo en cuenta que de ser gravados la materia prima utilizada por los constructores, las edificaciones continuarán elevando aun más su costo.

Por igual, los precios de alquileres no disminuirían porque las casas de este tipo entrarán en una etapa de escasez.

Con la eliminación de las exenciones y la reducción de nueve a cinco millones de pesos el pago de Impuesto Patrimonio Inmobiliario (IPI), aproximadamente sería el 59% de los hogares de bajo costo que saldrían de esta clasificación, disminuyendo en 57,000 millones de pesos lo aportado por el sector.

Protección al cine
El presidente Asociación Nacional Dominicana de Cine (Adocine), Hans García, recordó que esa industria está conformada en la actualidad por 135 empresas que pagan impuestos, generan empleos y hacen inversiones millonarias.

Según explicó, son 1,200 estudiantes, muchos provenientes de las provincias del interior, los que pertenecen a la industria cinematográfica, que aportan 25,000 empleos.

García defendió los incentivos fiscales que recibe el cine, por medio de la Ley 108-10, destacando otros beneficios que simboliza para el Estado.

“El 55% de quienes ocupan los puestos son las mujeres. El cine lo hacen las mujeres”, apuntó.

Expresó que el 85% de los gastos, registrados al producir una película, están limitados en la subcontratación de pequeñas y medianas empresas del comercio local, utilizando más de 200,000 habitaciones de hoteles.

“Compramos más de 1,400 millones en combustible y vehículos de alquileres en todo el país”, apuntó.

García reconoció que es necesaria una readecuación de la ley, pero pidió no lacerar el desarrollo económico de los cineastas.

“Reforma fiscal inconstitucional”
El excandidato presidencial Carlos Peña mostró su preocupación con lo planteado en la propuesta del Poder Ejecutivo, al considerarla una ilegalidad.

Peña dijo que viola el artículo 251 de la Constitución, donde establece la creación el Consejo Económico Social (CES).

“Si la aprueban sería caer en un acto inconstitucional. Es por eso que llevaríamos una instancia al Tribunal Constitucional para declarar la reforma fiscal como Inconstitucional”, subrayó el dirigente político.

Peña aseguró que el gobierno del presidente Luis Abinader superó durante su primer cuatrienio en 2020-2024 la deuda obtenida en más de 700 años con la adquisición de 45,000 millones de dólares en préstamos.

“Planteamos no modificación ni revisión de nada, pedimos plenamente el retiro del proyecto”, acotó el exdiputado.

Asimismo, la excandidata presidencial por el partido Opción Democrática (OD), Virginia Antares, acudió a este mecanismo de participación ciudadana para calificar de injusta la pieza entregada por el Ministerio de Hacienda.