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El Ministerio Público investigará declaraciones juradas

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El presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, y la procuradora general, Miriam Germán Brito.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó este domingo que abrirá investigaciones preliminares a los funcionarios y exfuncionarios que incumplan con la obligación de presentar la declaración jurada de patrimonio ante la Cámara de Cuentas, que falseen datos o que exhiban un patrimonio injustificado.

La procuradora Miriam Germán Brito explicó que el Ministerio Público procederá conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, promulgada el 8 de agosto de 2014.

El citado artículo dispone que la Procuraduría General de la República deberá actuar frente a los funcionarios y exfuncionarios que incurran en una violación a la ley, al dejar de presentar su declaración jurada de patrimonio ante la Oficina de Evaluación y Fiscalización de Patrimonio de la Cámara de Cuentas.

“La información suministrada por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana podrá ser utilizada por la Procuraduría General de la República para iniciar una investigación preliminar sobre dicho funcionario”, dice en su párrafo segundo la citada norma.

Añade que la Procuraduría puede, además, “iniciar investigaciones preliminares con la información o identificación de incrementos patrimoniales por parte de cualquier funcionario público”.

Germán Brito adelantó que el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, reportó a la Procuraduría General los nombres de 392 funcionarios que permanecían “omisos” hasta el 17 de junio de 2020, con lo cual son pasibles de sanciones.

“Los órganos de investigación del Ministerio Público procederán a investigar los casos reportados por la Cámara de Cuentas y, al igual que los casos de los funcionarios salientes y entrantes, procederá conforme al mandato de la Ley 311-14”, dijo Germán Brito, previo a recordar que cada inobservancia del marco jurídico conlleva sanciones.

En ese sentido, el artículo 14 de la Ley 311-14 explica que el servidor público que omita presentar su declaración de patrimonio o deje de reportar algún bien “incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso, previstas en la Ley No.41-08, de Función Pública”.

Una falta de tercer grado conlleva la destitución del funcionario que la cometa, según la citada norma.

La comunicación remitida por Álvarez Pérez a Germán Brito, el día 9 de septiembre de este 2020, explica que la Cámara de Cuentas entregó a la Procuraduría General, en formato digital, una lista con los nombres y cargos de los funcionarios designados, ratificados o que cesaron en sus cargos con posterioridad a la aplicación de la Ley 311-14.

Via Diario Libre

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Digesett investiga agente por negarse a encender la cámara durante fiscalización a ciudadano

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La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó este jueves que investiga a uno de sus agentes, luego de que se negara a encender la cámara corporal durante una intervención.

El caso surgió tras la difusión de un video en redes sociales en el que se observa el momento de tensión ante la solicitud de documentos del agente a un conductor y la persistencia del ciudadano en que el agente encendiera el dispositivo, petición a la que el agente no accedió.

La institución informó que el agente fue citado y se encuentra bajo investigación de los organismos de control correspondientes, conforme a los procedimientos establecidos.

Las cámaras corporales son utilizadas como herramientas para documentar las actuaciones de los agentes y facilitar la revisión de situaciones que puedan generar controversias durante las intervenciones.

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Imponen dos meses de prisión preventiva a «Nino Dólar»

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La Cuarta Sala del Tribunal Especial de Tránsito del Distrito Nacional impuso dos meses de prisión preventiva en contra de Carlos José Troche Rodríguez, conocido como «Nino Dólar», acusado de provocar la muerte de dos personas y ocasionar lesiones a una tercera en un accidente de tránsito registrado el pasado 15 de agosto en la avenida Abraham Lincoln.

El tribunal dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en la cárcel de Cotuí, tras acoger la solicitud presentada por los fiscales del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios).

A Troche Rodríguez se le acusa de violar el artículo 112, párrafo I, de la Ley 74-25, que modifica el Código Penal dominicano y tipifica el homicidio agravado, referente a los atentados culposos contra la vida.

El imputado enfrenta cargos por la muerte de Wilmer Ernesto Rodríguez Silverio y de su hija, Wilkaren Massiel Rodríguez Batista, así como por las lesiones sufridas por Arianna Michelle Ciprián.

La solicitud de medida de coerción había sido presentada inicialmente ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional; sin embargo, el juez Rigoberto Sena declinó el proceso a favor del tribunal de tránsito, por tratarse de un hecho vinculado a un accidente vial.

De acuerdo con la acusación, el imputado violó la luz roja de un semáforo mientras conducía una yipeta, impactando contra una motocicleta en la que se desplazaban las víctimas.

La investigación establece, además, que, tras producirse la colisión, el conductor no se detuvo y continuó la marcha del vehículo, arrastrando a las víctimas por la vía y pasándoles por encima al emprender la huida del lugar.

El caso permanece bajo investigación por parte del director técnico de la Fiscalía del Distrito Nacional, Kelvyn Colón, y los fiscales Vladimir Viloria, encargado del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios); y Yesenis Hernández Cabreja.

FUENTE: Listín Diario

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