La situación que vive Hilda Altagracia Peguero (Altagracita), quien por más de 51 años trabajó en el Ministerio de Salud Pública, en medio de los achaques de salud producto de la edad, no cobra “un chele” desde hace más de un año, a pesar de ser jubilada por esa institución.

A sus 85 años, afectada de Alzheimer, hipertensión y otras dolencias, se mantiene postrada en su hogar, sin recibir los pocos fondos con los que cuenta, que no alcanza los 8 mil pesos, para comprar sus medicamentos.

Reseña el periodista Florentino Durán, del Listín Diario que desde agosto del 2019, la mujer ha sido víctima de un sistema que da poco apoyo a los envejecientes, aún habiendo trabajado por años para ostentar una pensión digna.

Altagracita quedó viuda el mismo día de la Revolución del 24 de Abril de 1965, cuando una bala perdida alcanzó mortalmente a su esposo, Enrique Sánchez, quien era empleado público de la Oficialía Civil y se trasladaba desde la casa materna, ubicada en la calle María Montés esquina Tunti Cáceres hacia la calle Alonzo Espinosa, donde residía una hermana, paradójicamente en busca de un lugar más seguro.

Para esa ocasión, quedaron pequeños dos de sus tres hijos y como forma de proveer el sustentotras quedarse viuda, aprovechaba sus vacaciones para viajar y traer desde Puerto Rico, ropas y accesorios, para comercializarlos aquí.

A pura lucha, logró levantar su familia, consagrada a una labor permanente en el hospital donde laboraba, donde fue reconocida por su responsabilidad, sin embargo, de eso solo quedan recuerdos, porque hasta la pensión hace un año y tres meses que no la recibe.

Su hijo, Enrique Sánchez, señala que ha dado varios viajes al departamento de Pensiones y Jubilaciones del Ministerio de Salud Pública, para normalizar la situación, pero ha sido en vano.

Explica que, en principio, alegaron que trataron de contactarla vía email y teléfono y que no fue posible, lo que asegura no entender, debido a que su madre no utiliza esas vías de comunicación.

Solicitaron al ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, y al presidente Luis Abinader, intervenir ante la situación para que su pariente continúa recibiendo lo que se ganó por tantos años de servicio al Estado.

Su trayectoria
Empleada desde el 1952, Altagracita ha ejercido diferentes cargos en lo que inicialmente fue Secretaría de Salud Pública, hoy Ministerio de Salud Públicas. Fue auxiliar de enfermería de segunda clase del hospital Doctor Teófilo Hernández de El Seibo en ese año.

Esa primera designación, de la cual posee copia, fue firmada a mano, por el entonces presidente Rafael Leónidas Trujillo Molina, el 15 de mayo del 1952.

Posteriormente, el 8 de enero de 1953, fue designada como enfermera auxiliar del hospital de El Seibo.

El 19 de septiembre del 1960 fue designada como enfermera del hospital Doctora Consuelo Bernardino de El Seibo, en un nombramiento firmado por Joaquín Balaguer.

Para el 14 de octubre del 1976 fue designada como encargada de estadísticas por el entonces presidente Joaquín Balaguer, puesto en el cual se mantuvo hasta el 4 de enero del 1979, cuando fue designada como técnico de Rayos X en el mismo centro.

El 2 de abril del 1981, en el gobierno que encabezó el presidente Antonio Guzmán Fernández fue designada como encargada de Bioestadística del hospital Doctor Teófilo Hernández, mientras que para el 5 de enero del 1988 fue ratificada en el puesto, por el entonces presidente Joaquín Balaguer, en el cual se mantuvo hasta que fue jubilada el 20 de enero del 2003.

El drama
A solicitud del departamento de Pensiones y Jubilaciones, fue expedido un certificado médico, a fin de realizar una visita presencial, el cual se depositó.

El certificado fue realizado por tres médico, incluido un cardiólogo, la directora del hospital, Vancety Padilla y Yolanda Charles, como representante del Colegio Médico Dominicano.

También depositaron un poder que se le solicitó y una certificación, que validan los inconvenientes propios, en medio de la pandemia, que evitan que la jubilada se movilice y acuda de manera presencial, para que le autoricen la jubilación que no recibe, por lo que esperan la intervención de una autoridad competente que se sensibilice con el caso.