El senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc (Cholitín), comunicó este lunes que ha tomado la decisión de retirar el Proyecto de Ley que buscaba sancionar el “discurso de odio”, tras escuchar con atención la voz de diversos sectores de nuestra sociedad.

El documento legislativo elaborado por Duluc, colocaba de definición al “discurso de odio” toda expresión oral, escrita, gráfica, audiovisual o digital que incite al odio, “hostilidad, discriminación o violencia contra una persona o grupo por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, etnia, religión, discapacidad, condición migratoria, lengua, condición socioeconómica o cualquier otra condición de identidad o pertenencia”.

Las sanciones para quienes cometan este delito serían prisión de uno a tres años y una multa de 10 a 50 salarios mínimos del sector público, según detalla NTelemicro.

El proyecto encontró el rechazo en la población dominicana.

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AQUÍ COMUNICADO DEL SENADOR
Hoy me dirijo a ustedes con la misma responsabilidad y transparencia con la que he ejercido mi rol como legislador.

Hemos tomado la decisión de retirar el Proyecto de Ley sobre el Discurso de Odio, tras escuchar con atención la voz de diversos sectores de nuestra sociedad. En democracia, escuchar no es ceder; es actuar con humildad y compromiso.

Este proyecto nació de una preocupación legítima: el aumento del odio disfrazado de libertad de expresión, la violencia verbal, el daño que causan los ataques anónimos en redes sociales. Nuestro propósito siempre fue proteger la dignidad humana y promover el respeto entre dominicanos.

Sin embargo, cuando una iniciativa legislativa no encuentra consenso amplio y genera divisiones, lo sensato y lo correcto es hacer una pausa. Como representante del pueblo, tengo la obligación de escuchar, reflexionar y rectificar si es necesario.

Reitero que no hemos actuado por conveniencia, sino por convicción, y justamente por esa convicción entendemos que este es un debate que debe construirse de forma más participativa, académica y plural.

Por eso, invito a los juristas, académicos, periodistas, estudiantes, y a toda la sociedad civil a seguir reflexionando sobre cómo construir un marco legal que defienda tanto la libertad como la dignidad.

Agradezco la crítica, el diálogo y también el respeto con el que muchos han expresado sus opiniones. La democracia se fortalece cuando quienes gobernamos sabemos escuchar y actuar en consecuencia.

Los periodistas Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisión Mariasela Álvarez presentaron querellas penales ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional por presunta difamación e injuria en medios digitales contra cuatro comunicadores.

La información fue ofrecida por un equipo legal representante de los querellantes y que está integrado por los abogados Edwin Acosta, Patricia Santana Nina, Dangela Ramírez Guzmán y Carlos Alberto Polanco Rodríguez.

Las querellas han sido dirigidas contra cuatro ciudadanos que ejercen oficio de comunicación en redes sociales y medios digitales.

Se trata de Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández, a quienes los querellantes atribuyen la difusión reiterada de señalamientos difamatorios e injuriosos.

«Las expresiones de Arrendel, de la Cruz, Casals y Jiménez han traspasado los límites del ejercicio legítimo de la libertad de expresión para convertirse en ataques personales con consecuencias reputacionales graves», afirmaron los abogados en una declaración de prensa.

El documento señala que, aunque cada querella responde a circunstancias particulares, todas coinciden en un mismo propósito: «sanear el espacio público, promover un debate respetuoso y aportar a una cultura democrática donde las diferencias se tramiten con argumentos, no con agravios».

Los firmantes reiteraron su compromiso con el Estado de derecho y el uso correcto de los mecanismos institucionales para dirimir conflictos. «No puede confundirse la libertad con la impunidad», expresaron en su comunicado, enviado a esta redacción.

El pronunciamiento concluye con un llamado a la convivencia democrática, al respeto mutuo y al uso responsable de las libertades públicas como herramientas de construcción colectiva, no de destrucción personal.

Los abogados aseguran que estas acciones no buscan limitar el debate público ni restringir la crítica, sino proteger a la ciudadanía frente al uso abusivo de plataformas comunicacionales para difamar, injuriar y desinformar sin fundamento, afectando el honor y la dignidad de personas que ejercen funciones públicas.