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Senador Franklin Rodríguez propone crear el Instituto del aguacate

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La producción de aguacate en el país genera anualmente entre 35 y 50 millones de dólares por lo que se hace necesario reglamentar los niveles de producción y comercialización del fruto, mediante la creación del proyecto de ley que crea el Instituto Nacional del Aguacate (INA).

Así lo consideró ayer el senador Franklin Rodríguez, quien en la pieza legislativa de su autoría expresó que las 400 variedades de este fruto, ocupan el cuarto lugar a nivel internacional entre los productos agrícolas por superficie de siembra.

“A nivel nacional se cultivan 19 variedades de aguacate en tres zonas exclusivas para la siembra”, destacó Rodríguez en deckaracuones recogidas por el periodista Troi Orlando Espejo, del diario Hoy.

Según estudios aportados por el senador de San Cristóbal, estima que unas 600 mil tareas se destinan exclusivamente a la siembra de aguacate, distribuidas entre unos 15 mil productores, de los cuales un 35% está concentrada en la Región Sur, un 25% está en la Región Norte y un 40% en la Región Central.

“Debemos aprovechar la demanda insatisfecha que hay del aguacate y sus derivados a nivel internacional, por lo que se hace impostergable establecer un marco legal que regule los distintos procesos por lo que ha de pasar la producción del aguacate, para evitar malas prácticas agrícolas y comerciales”, explicó el senador Franklin Rodríguez.

Indicó que entre los productores y exportadores existe un consenso nacional, que se han mostrado de acuerdo con la necesidad de la regulación, por lo que el INA sería el organismo rector adscrito al Ministerio de Agricultura, encargado de organizar, proteger, desarrollar y estimular la producción del aguacate en el país.

Según el proyecto de Ley de Rodríguez, el INA tendrá un consejo directivo que está integrado por el ministro de Agricultura como presidente; el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Obras Públicas y Comunicaciones; el administrador del Banco Agrícola; el director del Centro de Exportaciones e Inversiones, entre otras instituciones.

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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos

La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso

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A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.

La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.

Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación

La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.

El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.

Impulsarán alternativas biodegradables

Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.

La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.

También modifica el financiamiento del sistema de residuos

La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.

Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.

Aportes según el nivel de ingresos

La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.

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