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Legisladores favorecen propuesta de diputado Leonardo Aguilera para modificación Ley 87-01 sobre la Seguridad Social
Legisladores de distintas bancadas en la Cámara de Diputados ponderaron la modificación de la Ley 379-82 que está contenida dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social propuesta por el diputado de Santiago, Leonardo Aguilera Quijano.
Durante la última sesión el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, defendió los beneficios de dicha ley y dispuso enviar a la Comisión Bicameral el proyecto con la finalidad de que sea aprobada.
En ese sentido, el vocero de la bancada del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Máximo Castro Silverio, además de felicitar a su homólogo Aguilera Quijano, precisó que es una ley muy importante que requiere de mucho estudio y por tal sentido pidió sea aprobada de urgencias.
En tanto el diputado Rafael Castillo, ponderó la iniciativa de su colega Aguilera y sostiene que la misma debe ser conocida en la reforma integral desde la comisión bicameral y de la ley de seguridad social que estudian actualmente
Asimismo, el diputado Aguilera durante su intervención dijo que la Ley 379-81 “es una ley criminal”, que no beneficia en nada a los trabajadores.
“Esta ley se hizo para no cumplirse, el gran problema que tenemos con los jubilados y los pensionados es que ese dinero que le dan hoy es el mismo que recibirán en los próximos años, y los precios de la medicina aumentan no es lo mismo”, indicó.
La Comisión bicameral inició el pasado lunes el estudio integral sobre la modificación de la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social en la República Dominicana.
Puntos a modificar
Aguilera Quijano detalló que serían varios los artículos modificados en la Ley de Jubilaciones y Pensiones, sin embargo, hay cuatro puntos fundamentales que tienen mayor relevancia e impacto en los envejecientes tales como:
1-relación directa de edad y tiempo laborado.
-De 20 a 24 años de labor y 50 años de edad obtendrá el 80% del último año de salario promedio (aumentando un 20% y bajando 10 años de lo establecido actualmente)
-De 25 a 29 años de labor y 55 años de edad obtendrá el 90% del último año promedio de salario (aumentado un 20 % y bajando 5 años de lo establecido actualmente)
-De 30 años o más y 60 años obtendrá el 100 % del último año promedio de salario
2- Indexación de la pensión tomando como referencia el último año de la inflación acumulada, para que así no se pierda el valor del dinero con relación conforme pasa el tiempo.
3-Que el seguro médico se pueda mantener y que se pague con el mismo dinero de la pensión.
4-Tiempo límite de tramitación y obtención de la pensión de 15 días laborables así evitando que las personas mueran tratando de obtener una pensión en República Dominicana.
El proyecto de modificación legislativa propone la adecuación anual del monto de las pensiones en relación al índice de inflación acumulada, con el objetivo de garantizar a los pensionados la estabilidad económica en el paso de los años.
También, entre las modificaciones que ofrece el proyecto sometido por Aguilera, está el reconocimiento de la responsabilidad del funcionario encargado de gestionar la pensión por retardo innecesario, además de ofrecer un plazo cierto y breve para culminar el proceso de solicitud y aprobación de la pensión o jubilación, logrando así que el beneficio sea obtenido de manera más expedita.
Aguilera describe su proyecto como “un gran paso para que los empleados públicos que estén sometidos al régimen de pensiones y jubilaciones del Estado tengan mayores beneficios y garantías, y así asegurar su estabilidad económica y vida digna en sus años de vejez.
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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos
La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso
A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.
La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.
Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación
La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.
El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.
Impulsarán alternativas biodegradables
Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.
La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.
También modifica el financiamiento del sistema de residuos
La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.
Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.
Aportes según el nivel de ingresos
La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.
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