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Allanan vivienda de hombre que escandalizaba sector con sonidos de animales

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A la izquierda el coronel José Manuel Polanco, de la de la Unidad Antirruido de la Policía Nacional; en el centro, el magistrado Héctor Peralta, coordinador del operativo. (Fuente externa)

La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) se incautó el equipo de sonido de un hombre que escandalizaba a su comunidad con la reproducción de sonidos de animales a alto volumen.

Personal de la Proedemaren y la Policía Nacional realizó el pasado martes un operativo antirruido en una casa ubicada en el sector Los Prados, del Distrito Nacional, cuyos vecinos se quejaban de la constante perturbación de la paz y de la salud.

De acuerdo con la autorización de la orden judicial de allanamiento, el residente de la vivienda, Napoleón Francisco Marte Cruz, se dedicaba “a poner una bocina con alto volumen con sonidos de animales en diferentes horas del día”.

Según un comunicado de prensa, la intervención se produjo en respuesta a la queja de los vecinos del lugar, quienes aseguran que en ocasiones iniciaba en la noche y terminaba a la 7:00 de la mañana del siguiente día.

El allanamiento fue autorizado por la jueza Kenya S. Romero Severino, coordinadora interina de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional. Participaron los magistrados Héctor Peralta y Rudy Alberto Pérez, de Proedemaren, con el apoyo de la Unidad Antirruido de la Policía Nacional, bajo el mando del coronel José Manuel Polanco.

El documento detalla que el Ministerio Público trató de contactar a Marte Cruz, a quien citó en dos ocasiones, primero para el 19 de noviembre de 2020 y más recientemente para el día 6 de enero de este año.

“Sin embargo, éste no abre las puertas de su casa para recibir las citaciones y se niega al diálogo con sus vecinos, vociferando que está en su casa”, detalla el informe del caso.

Durante la ejecución del operativo, un grupo de vecinos, incluidas personas de la tercera edad, mostró satisfacción por la acción judicial, que terminó con las molestias de más de 11 años.

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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos

La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso

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A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.

La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.

Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación

La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.

El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.

Impulsarán alternativas biodegradables

Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.

La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.

También modifica el financiamiento del sistema de residuos

La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.

Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.

Aportes según el nivel de ingresos

La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.

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