Panorama
Contrataciones Públicas anula licitación del Intrant para adquisición de semáforos
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este domingo la anulación del procedimiento de licitación llevado a cabo por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para la contratación de los servicios de mantenimiento, mejora, ampliación y explotación del Sistema Centralizado de Control de Tráfico del Gran Santo Domingo por un monto de RD$1,184,693,750.00.
El órgano rector explicó que, la decisión plasmada en la Resolución número 42-2021, del pasado 9 de febrero, surge a raíz de una denuncia y solicitud de investigación presentada por la empresa Gestión Tecnológica, GTEC, S.R.L., en torno al procedimiento de licitación INTRANT-CCC-LPN-2018-0014.
Mediante un comunicado de prensa, la institución explicó que el motivo de la nulidad se debe a irregularidades graves en el pliego de condiciones, documento que la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas, exige establezca no solo el objeto de la contratación, sino que explique de manera clara, específica y detallada, todos los elementos necesarios para participar en un procedimiento de contratación y las condiciones que se tomarán en cuenta para evaluar a los oferentes y resultar adjudicados objetivamente.
Contrario a esto, la DGCP verificó que dicho pliego, no cumplió con el propósito fundamental del sistema de evaluación de ofertas y oferentes, el cual es “reducir a la mínima expresión posible la discrecionalidad en la selección del adjudicatario” y, por tanto, se dejaron sin eficacia los controles instaurados en Ley 340-06.
Las irregularidades más graves que fundamentan la nulidad, se sintetizan a continuación:
1. Falta de criterios de evaluación de las ofertas técnicas claros, especialmente en cuanto al “criterio de mejora de oferta”, ya que no estableció cómo se evaluaría la capacidad de los oferentes de introducir mejoras al sistema de control de tráfico, por lo que dejó la determinación de cómo puntuar el mismo a la entera discreción de los evaluadores.
2. No se detalló la puntuación técnica de ninguno de los demás criterios y por tanto no se describieron en cuáles casos se podría asignar una puntuación menor al puntaje máximo de cada elemento a evaluar. Estos aspectos impiden que los interesados puedan auto evaluarse previo a la presentación de sus ofertas y de ese modo conocer sus probabilidades de ser adjudicatarios. Por el contrario, este diseño ambiguo promueve la aplicación de criterios subjetivos y no comunicados en el pliego de condiciones durante la ejecución de la evaluación de las ofertas.
3. No se cumplió con el deber de claridad de la información ya el criterio de adjudicación se limitó a indicar que se adjudicaría a la “oferta más conveniente”, sin definir qué significaría “más conveniente”, dejando total espacio a la entera subjetividad en la etapa de selección de la adjudicación.
La entidad puntualizó que estas irregularidades constituyen en violaciones a los principios de economía, flexibilidad y razonabilidad, contenidos en los incisos 4 y 9 del artículo 3 de la Ley de Compras y Contrataciones, e impiden una participación libre y competitiva, y una evaluación y adjudicación de manera objetiva. Prueba de ello es que en un contrato de tal envergadura y de interés nacional y seguro internacional, solo fue recibida una oferta y esta misma fue la adjudicada por un monto total del servicio por cuatro años de RD$1,184,693,750.00.
La entidad destacó que a la pasada gestión del Intrant, en el año 2019, la DGCP le había notificado y recomendado hacer cambios sustanciales y estructurales en el pliego de condiciones, para que la ejecución del procedimiento fuese conforme a la normativa y le sugirió no continuar con el mismo, sin embargo, esa institución hizo caso omiso y continuó con la licitación.
Panorama
MP solicita prisión preventiva contra médico involucrada como cómplice en caso de violencia
El Ministerio Público solicitó la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra una médico psiquiatra implicada como cómplice en el caso donde una mujer, en medio de un proceso de divorcio, raptó a su esposo en una empresa constructora propiedad de ambos y luego lo ingresó en un centro de salud mental.
Ylsa Emperatriz Quero Cabrera habría ordenado a la imputada Nancy Estervina de Jesús, también procesada por el caso, ingresar a su pareja, de manera supuestamente irregular, en un centro psiquiátrico.
El expediente detalla que, De Jesús, investigada por violar los artículos 307 y 309-2 del Código Penal Dominicano, presuntamente cometió los hechos tras presentarse a la citada empresa, que funciona en el sector Alma Rosa II, de Santo Domingo Este, junto a otras tres personas a los que habría contratado para cometer el hecho.
Detalla que las tres personas, una de ellas vestida con indumentaria de enfermería, «sin mediar palabras y de forma violenta», sometieron a la víctima, un ingeniero de profesión. Asimismo, alega que procedieron a esposarlo y a aplicarle una inyección de contenido desconocido. Posteriormente, lo retiraron a la fuerza del lugar.
La víctima fue llevada por su expareja a un centro psiquiátrico, donde, posteriormente, fue localizado dos días después.
De Jesús indicó en el proceso que lo ingresó en el establecimiento de salud por orden de Quero Cabrera, quien fue detenida el pasado 14 de octubre al ejecutarse en su contra la orden judicial No. RAJ-2026-15866 por existir una denuncia en su contra, la cual fue interpuesta por familiares de la víctima.
La médico Quero Cabrera es imputada de violar las disposiciones contenidas en los Artículos 59, 60, 309-2 у 309-3 en su literal h; 303, 303-1 y 303-4, en sus numerales, 7, 9 y 10 del antiguo Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar, en perjuicio de la víctima y el Estado dominicano.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, a solicitud de la defensa, aplazó para el próximo domingo, 18 de octubre de 2026, la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción.
Panorama
Director PN y Diputada dan por ‘superado’ incidente en Elías Piña
El director general de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, y la diputada Millys Martínez sostuvieron un encuentro en el que abordaron el incidente ocurrido en la provincia Elías Piña entre agentes y la legisladora.
De acuerdo con un comunicado, ambas partes acordaron dar por «superada» la situación, «reafirmando su compromiso con el diálogo, el respeto mutuo y la colaboración institucional en beneficio de la ciudadanía».
Durante el pasado fin de semana, Martínez protagonizó un encontronazo con varios policías durante el pasado fin de semana, en el cuál terminó esposada junto a otra persona.
“Me están apretando, suéltenme…”, se escuchó decir la diputada en un video de la trifulca.
Un día después, la Policía Nacional comenzó una investigación para «esclarecer» las circunstancias incidente.
El vocero de la institución, Diego Pesqueira, comunicó que el inspector general de la Policía Nacional, general Martín Tapia Sánchez, se movilizó a la zona por instrucciones del director general, Ernesto Rodríguez García, para realizar un levantamiento y escuchar las versiones involucradas.
Asimismo, Pesqueira aseguró que si se comprueba que algún agente «incurrió» en excesos, los responsables serán sometidos a la jurisdicción correspondiente y se aplicarán las sanciones, según las normas de la institución.
REACCIONES DE LOS DIPUTADOS
La noche del incidente, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, condenó el «intento de arresto» de la legisladora.
“Condenamos la agresión. El respeto a la Constitución y a las garantías que protegen la función legislativa debe prevalecer en toda actuación de las autoridades”, manifestó a través de X.
Además, en la sesión del pasado martes en la Cámara Baja, los diputados abandonaron el hemiciclo en protesta de la «agresión» de la que fue objeto Martínez.
LA VERSIÓN DE Millys Martínez
En la referida sesión, la diputada ofreció su versión de lo ocurrido.
La legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) dijo que intentó ayudar a un joven que fue intervenido por miembros del cuerpo policial.
«Este joven lo vi en peligro. A las 5:00 de la tarde, cuando la policía (dice) que no se puede (poner música), aún yo habiendo querido intermediar con (la policía), les digo que no se puede”, exclamó.
Sin embargo, Martínez afirmó que a pesar de que acató la limitación emitida por los agentes policiales, el joven iba a ser «maltratado».
La congresista utilizó su ponencia en la sesión legislativa para cuestionar el accionar de los agentes, afirmando que fue víctima de un “agresión y un atropello”.
“Si una diputada es víctima de semejante abuso…, ¿qué se puede esperar del agricultor, motorista o cualquier ciudadano que tiene una tribuna para denunciarlo?”, manifestó.
De manera similar, la representante de Elías Piña le solicitó al presidente Luis Abinader que garantice una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos.
NO SE HAN PUBLICADO LA INVESTIGACIÓN
A pesar de que en el mencionado comunicado la Policía Nacional y la diputada, ambas partas dan por «superado» el incidente, al momento de la publicación de este texto no se ha hecho público los resultados de la investigación anunciada por la entidad del orden y solicitada por Millys Martínez.
LD
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