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Dictan 20 años de prisión a Gabriel Villanueva por muerte de Andreea Celea
La joven, de origen rumano, fue lanzada del octavo piso de un hotel en Bella Vista, por su entonces pareja

Gabriel Villanueva fue condenado a 20 años de prisión y al pago de 5 millones de pesos por el asesinato de Andreea Celea.
Antes de comenzar la lectura de la sentencia, el tribunal hizo referencia a la prueba 36 del caso, referente a un DVD, que fue acogido por ambas partes y que el tribunal vio de manera íntegra, completa, esta prueba.
“Solo esta prueba tenía 4,313 páginas de mensajes, conversaciones telefónicas, que este tribunal leyó con punto y coma”, dijo la jueza presidenta del tribunal.
Los jueces dijeron que ese DVD tenía 787 imágenes que también fueron analizadas por el tribunal “y concatenarlas con cada uno de los elementos probatorios que fueron sometidos para sostener este caso que nos ocupa.
“Este tribunal lo que ha hecho es actuar con responsabilidad en analizar este juicio en su conjunto conforme a cada uno de los elementos probatorios depositados”, dijo la jueza Clarivel Nivar.
“Conocimos este proceso en 21 jornadas laborales. 21 encuentros que tuvimos aquí con ustedes en los cuales se produjeron elementos probatorios”, dijo la jueza presidenta del tribunal.
Una larga espera
La sentencia de este caso ha sido una de las más esperadas por la sociedad dominicana en los últimos años.
Y puede que a eso haya contribuido que se pusiera el martes 23 de marzo, a las 4:00 de la tarde, como fecha primera para conocer la decisión de los tres jueces.
Una hora y media después de esa fecha establecida, se informó que el tribunal seguiría deliberando para valorar las pruebas que le fueron sometidas. Pospuso de esa manera la lectura de la decisión para las 11:00 de la mañana de hoy.
Y hoy, pasada la 1:00 de la tarde, se dio un receso en los trabajos de la audiencia para que a las 2:30 las partes vuelvan a reunirse, a la espera de la decisión del tribunal.
Los jueces a cargo de la sentencia son Claribel Nivar, Gissel Soto Peña y Deivy Timoteo Jiménez, que integran el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional.
FUENTE: Listín Dirio

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Zapete, Febles, Salazar y Álvarez se querellan contra otros comunicadores por supuesta difamación e injuria

Los periodistas Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y la productora de televisión Mariasela Álvarez presentaron querellas penales ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional por presunta difamación e injuria en medios digitales contra cuatro comunicadores.
La información fue ofrecida por un equipo legal representante de los querellantes y que está integrado por los abogados Edwin Acosta, Patricia Santana Nina, Dangela Ramírez Guzmán y Carlos Alberto Polanco Rodríguez.
Las querellas han sido dirigidas contra cuatro ciudadanos que ejercen oficio de comunicación en redes sociales y medios digitales.
Se trata de Juan Aníbal Arrendel Núñez, Alfredo de Dios de la Cruz Carvajal, Pedro Manuel Casals García y Aquiles Jiménez Fernández, a quienes los querellantes atribuyen la difusión reiterada de señalamientos difamatorios e injuriosos.
«Las expresiones de Arrendel, de la Cruz, Casals y Jiménez han traspasado los límites del ejercicio legítimo de la libertad de expresión para convertirse en ataques personales con consecuencias reputacionales graves», afirmaron los abogados en una declaración de prensa.
El documento señala que, aunque cada querella responde a circunstancias particulares, todas coinciden en un mismo propósito: «sanear el espacio público, promover un debate respetuoso y aportar a una cultura democrática donde las diferencias se tramiten con argumentos, no con agravios».
Los firmantes reiteraron su compromiso con el Estado de derecho y el uso correcto de los mecanismos institucionales para dirimir conflictos. «No puede confundirse la libertad con la impunidad», expresaron en su comunicado, enviado a esta redacción.
El pronunciamiento concluye con un llamado a la convivencia democrática, al respeto mutuo y al uso responsable de las libertades públicas como herramientas de construcción colectiva, no de destrucción personal.
Los abogados aseguran que estas acciones no buscan limitar el debate público ni restringir la crítica, sino proteger a la ciudadanía frente al uso abusivo de plataformas comunicacionales para difamar, injuriar y desinformar sin fundamento, afectando el honor y la dignidad de personas que ejercen funciones públicas.
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Procuraduría crea unidad para cobro de multas de tránsito y pide se cobre mora por las penalidades no pagadas

Más del 70 % de los multados por contravenciones de tránsitos incumplen con el pago y, la falta de consecuencias, contribuye a que el país siga registrando una alta cantidad de accidentes de tránsito, asegura la procuradora Yeni Berenice Reynoso al encabezar el primer encuentro extraordinario con fiscales y personal administrativo.
La procuradora general de la República destacó que el Ministerio Público dedicará mayores esfuerzos al cobro de las multas de tránsito, como una forma de que conductores temerarios tomen una mayor conciencia del régimen de consecuencias y, de esa forma, incidir en la reducción de los accidentes de tránsito que acarrean muertes y dolor a toda la sociedad.
El Ministerio Público informó que hay casos en los que una sola persona registra más de 300 multas sin pagar que, lamentablemente prescriben en el marco jurídico actual, por lo que se hace necesario fortalecer la ley para que sean un crédito para el Estado y que su impago en plazo razonable genere mora sin prescripción.
La magistrada Yeni Berenice Reynoso recordó que menos del 30 % de las multas de tránsito se cobran a nivel nacional, lo cual constituye un incentivo para que algunos desaprensivos sigan sin esforzarse en cumplir con las normas de tránsito, las cuales, además de reglamentar y organizar el desplazamiento, tienen el objetivo de llevar seguridad a las calles y, por lo tanto, reducir el número de muerte asociadas a los accidentes.
Además de la creación de una unidad especial para el tema de las multas, otro de los múltiples puntos que trató Reynoso se relaciona con la ejecución de la garantía económica que pesan sobre procesados declarados en rebeldía.
“Cuando se pide a un tribunal la declaratoria de rebeldía de un procesado, inmediatamente debemos completar el procedimiento pidiendo la ejecución de la garantía económica”, indicó.
Yeni Berenice convocó el sábado en la mañana a la primera reunión extraordinaria del Ministerio Público, la cual encabezó junto a los demás miembros del Consejo Superior del órgano persecutor.
En el encuentro, la procuradora compartió los lineamientos generales de la planificación estratégica que “nos permitirá definir la ruta en busca de materializar la visión holística orientada a resultados de excelencia, en beneficio de toda la sociedad”.
Al encuentro, celebrado en el edificio que aloja a la Procuraduría General de la República, fueron convocados, además de los integrantes del Consejo Superior del Ministerio.
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