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Panorama

Jompéame retira video de menor embarazada para cumplir la ley

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La Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf) informó que Jompéame cumplió con el requerimiento del Ministerio Público y procedió a retirar de su plataforma un vídeo que violaba el derecho a la imagen y a la integridad de una niña víctima de un delito grave.

Los representantes de Jompéame se comprometieron, por igual, a desmontar de sus canales digitales los vídeos y las imágenes que presenten a menores de edad en situación de vulnerabilidad.

La titular de la Dinnaf, Olga Diná Llaverías, explicó que la dependencia de la Procuraduría General de la República y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) brindarán la orientación que le requiera el equipo de Jompéame para retirar otras imágenes que vulneran la dignidad de los niños, niñas y adolescentes (NNA).

La plataforma opera como intermediaria en procesos de recaudación de fondos requeridos por ciudadanos con limitaciones económicas para enfrentar distintos problemas y que, a veces, involucran a NNA.

La organización se comprometió, mediante la firma de un documento, a retirar las imágenes que vulneran derechos fundamentales de la niñez, posterior a recibir la orientación que ha requerido.

Diná Llaverías recibió en su despacho a los representantes de Jompéame en compañía de la procuradora general de corte Shirley Aurich y de Omar Espinal, del departamento de asociaciones sin fines de lucro (ASFL) del Conani.

En un último diálogo, celebrado el martes, estuvieron presentes Katherine Motyka, representante de Jompéame, acompañada por los abogados Candy Espaillat y Boris De León. La organización reconoció que incurrió en una vulneración de derechos de NNA.

En la reunión, el Ministerio Público reiteró el requerimiento del retiro de las imágenes recordando que la ley incluso impide que cualquier fiscal o juez entreviste a una menor de manera directa.

Recordó que una entrevista a un menor de edad en situación vulnerable solo puede hacerla un psicólogo experto autorizado por la ley, bajo el estricto procedimiento de cámara Gessell, el cual consiste en una entrevista a circuito cerrado en la que las preguntas solo las puede hacer el especialista, “sin que el menor tenga contacto con las partes”.

“Ese interrogatorio solo pueden tenerlo las partes y el tribunal sin poder publicitario, a los fines de evitar la revictimización del menor”, dijo Diná Llaverías.

Luego de la reunión, la titular de la Dinnaf recordó que el Ministerio Público tiene el deber de perseguir los delitos tipificados en la Ley 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.

“La protección de los derechos de nuestros niños es una responsabilidad de todos. La aplicación del Código del Menor y la observación de todo nuestro marco jurídico requiere que toda la sociedad se mantenga vigilante, incluso sobre las actuaciones del Ministerio Público”, expresó.

Agregó que, “desde el Ministerio Público debemos reconocer y agradecer a los periodistas y a los medios de comunicación tradicionales que, sin poner resistencia, están siempre dispuestos a enmendar un error cuando difunden una imagen de un niño, niña o adolescente en forma inadecuada”.

Recordó que, si bien los medios pueden y deben abordar casos de violaciones sexuales a menores de edad, las informaciones se deben mantener siempre en un ámbito general.

PERIODISTA/ PUBLICISTA

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VIDEO: Alcalde de Higüey pide disculpas por declaraciones filtradas en audio

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El alcalde por Higüey, Rafael Barón Duluc, hizo un mea culpa y pidió disculpa a la sociedad dominicana por haber dicho lo que no debía decir, al referirse al “consejo” que le dio al periodista Wilquin Paniagua de que se abstuviera de no informar cosas internas del ayuntamiento porque alegadamente perjudicaba al oficial Alcántara, jefe seguridad del ayuntamiento, y podría tener consecuencia funestas.

Barón Duluc dijo que se trató de un audio interno con mensaje donde se mezclaron algunas cosas serias con cherca, “relajo”.

Explicó que los audios que envió al periodista Wilquin Paniagua, del que dijo es más político que comunicador y de un partido contrario al suyo, “era una forma de darle cuerda”

“Asumimos nuestra culpa de hablar cosas que no deberíamos hablar nunca. Decir cosas que no deberían y trataremos que no vuelva a ocurrir”, dijo Cholitín en un vídeo enviado a esta redacción.

Cholitín dijo del oficial Alcántara, que en mensajes anteriores había dicho que tenía un “cementero arriba”, porque “había matado a más de 15 o 20 personas”, ahora dice que es un militar serio, de carrera y que lamenta que los audios tergiversados del chat interno del ayuntamiento, pueda afectar su carrera.

“Lamentamos mucho la situación y que un militar de carrera, serio, este envuelto en esta situación y esperamos que no tenga repercusiones para su carrera.

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Según MP, a mujeres les exigían tener sexo hasta con 15 hombres en un día

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La presunta organización criminal que está siendo acusada por la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), bajo la Operación Cattleya, iniciaba sus operaciones en el exterior y culminaba beneficiándose en el país a raíz de la explotación sexual de decenas de mujeres.

Dentro del expediente que solicita medidas de coerción en contra de los imputados, el Ministerio Pública explicó como operaba esta organización criminal.

Hasta 15 hombres en 24 horas era la cuota de las mujeres explotadas en varios centros de prostitución de Santo Domingo y la región este, según el expediente que presentó el Ministerio Público ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de Instrucción.

Esa cuota diaria era para que ellas pudieran saldar la deuda por 3 mil o 4 mil dólares que alegadamente contraían al llegar al país, procedentes de Venezuela y Colombia.

Todo inició, según el Ministerio Público, en el mes de diciembre de 2021, cuando comienza la recepción, trasporte y acogida de mujeres colombianas y venezolanas con estatus de “vulnerabilidad”.

Las mujeres, que según detalla el expediente, eran “pobres o con necesidades” eran abordadas por una persona del entramado criminal que les ofrecía mejores condiciones de vida en la República Dominicana, laborando como “camareras” en bares o restaurantes.

Tras tener el visto bueno de ellas, el entramado les costeaba la emisión del pasaporte, boleto aéreo, hospedaje y alimentos, pero una vez llegaban a República Dominicana les exigían saldar esa “deuda” que ascendía entre 3,000 a 4,000 dólares.

Al no tener como pagar, el entramado exigía a las mujeres mantener relaciones sexuales con clientes para así saldar la deuda contraída y, en caso de que se negaran, eran amenazadas con hacerle daño a sus familiares, deportarlas u otros ataques psicológicos.

No obstante, la “deuda” se mantenía permanentemente en aumento, alegando gastos de hospedaje y alimentación, siendo todo el dinero que cobraba el entramado destinado a “cubrir la deuda”.

Precio” y clientes
Las víctimas del entramado eran ofrecidas a clientes a un precio por hora de entre RD$5,000 a 7,000 en la zona de Santo Domingo, y entre 100 a 150 dólares en Punta Cana.

En lo que respecta a los clientes, estos eran captados por la organización, a quienes les mostraban catálogos generados con imágenes de las mujeres que eran exhibidas.

Las víctimas se hospedaban y recibían a sus clientes en Santo Domingo, o en Bávaro, Punta Cana.

No obstante, también personal de la organización trasladaba a las víctimas a sus destinos.

Otro detalle que ofrece el expediente, es que las mujeres no tenían libertad de acción, ni “tiempo libre”.

Se debían quedar en sus lugares de hospedaje y estar disponibles para un cliente las solicitará.

De igual manera, las mujeres víctimas supuestamente era. obligadas a consumir sustancias controladas, cuyo costo también se sumaba a la “deuda”,

FUENTE: Listin Diario

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