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Policías acusados de matar pareja cristiana fueron trasladados a cárcel de Bonao

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Fueron trasladados a una cárcel de Bonao los seis agentes de la Policía Nacional implicados en la muerte a tiros de la pareja de esposos, Joel Díaz y Elizabeth Muñoz.

Se informó que la Fiscalía depositó la solicitud de medida de coerción, la cual consiste en un año de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.

Los agentes Victorino Navarro, Domingo Perdomo Reyes Norquis Rodríguez Jiménez y Ángel de los Santos, Antonio Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís, fueron interrogados desde tempranas horas por el suceso.

La Dirección General de Persecución del Ministerio Público amplió el equipo de fiscales que investiga la muerte de los esposos Eliza Muñoz Marte y Joel Díaz, abatidos por una patrulla de la Policía Nacional en Villa Altagracia, en un hecho en el que también resultó una persona herida.

Los implicados son investigados por provocar la muerte a tiros a Eliza Muñoz Marte, de 32 años de edad, y de su esposo Joel Díaz, así como herir al joven Claudio Alberto Ramírez Lamais, de 29 años en Villa Altagracia, mientras regresaban de un culto.

Las víctimas y otras dos personas de la que una resultó herida, se desplazaban a bordo del carro marca Kia, blanco, impactada por múltiples disparos.

Aunque llegaron a la Fiscalía del municipio de Villa Altagracia, sin esposas, a la hora de su traslado a la cárcel de Bonao, luego de concluido un extenso interrogatorio, poseián esposas compartidas pero debido a las gorras y la mascarilla era imposible identificar sus rostros.

Los imputados habían llegado a la Fiscalía pasadas las 10 de la mañana, sin tener esposas en sus muñecas y agarrados por los hombros de otros miembros de la uniformada.

Incluso uno de ellos llevaba una funda en la mano sin que se pudiera percibir su contenido.

Este jueves el Ministerio Público depositó la medida de coerción contra los imputados, que ayer había adelantado contendría la petición de un año de prisión preventiva contra el grupo.

Mientras que el Ministerio de Interior y Policía anunció que creó una comisión externa «para realizar una verdadera y efectiva depuración de la institución para separar el personal que no cumpla con el perfil ético, moral y la adecuada formación».

De igual forma, se anunció la destitución de los seis policías y la suspensión del coronel César Maríñez Lora, comandante operativo de Villa Altagracia.

El presidente Luis Abinader se dirigió el miércoles a todo el país donde visiblemente enojado por este hecho, advirtió que en República Dominicana no cabía la impunidad ni la arbitrariedad.

“En este país no caben ya la impunidad, la arbitrariedad ni el abuso. Para nadie, ni con nadie”, dijo el presidente Luis Abinader.

Asimismo, dijo que toda la fuerza del Estado estará al servicio de la gente para garantizar sus derechos y nunca para arrebatárselos.

Joel Díaz y Elizabeth Muñoz fueron asesinados por una patrulla policial la noche del martes, cuando regresaban de un culto evangélico por la altura de Villa Altagracia.

De acuerdo a la versión de los miembros de la uniformada, la pareja fue confundida con “delincuentes”.

FUENTE: El Caribe y Listín Diario

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PRM condena campaña de descrédito contra Faride Raful y Milagros Germán

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La Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) emitió este lunes 20 de mayo un comunicado enérgico para rechazar públicamente lo que califica como una campaña de descrédito personal en contra de la senadora y miembro de su Dirección Ejecutiva, Faro de Raful.

En el texto, el PRM señala que estas acciones tienen un carácter “avieso, desproporcionado y atroz”, dirigidas a intimidar y manchar la reputación de figuras públicas. En respuesta, el partido reitera su compromiso con los principios de dignidad, respeto e integridad hacia todas las personas que ejercen funciones públicas, sin importar su género.

El comunicado también extiende su respaldo a la comunicadora y exministra de Cultura, Milagros Germán, quien ha sido igualmente blanco de ataques. Según el PRM, estas campañas disfrazadas de opinión pública y amplificadas por medios manipuladores atentan contra los valores fundamentales de la democracia y del respeto ciudadano.

“Estas acciones laceran lo más profundo de nuestra sociedad”, señala el documento, haciendo un llamado urgente a la ciudadanía para reflexionar y rechazar los discursos de odio que buscan debilitar la libertad de expresión y el derecho al honor de quienes sirven en la vida pública.

En este contexto, el PRM ratifica su respaldo absoluto a Faride Raful, destacando su trabajo, integridad y derechos como mujer, ciudadana y representante política. Este apoyo no solo responde a la figura individual de Raful, sino que también busca establecer una postura clara del partido frente a prácticas que considera dañinas para la salud democrática del país.

La Dirección Ejecutiva concluye su declaración reiterando la importancia de preservar un clima de respeto y civismo, en el que la crítica política no se convierta en un vehículo de violencia personal ni de desinformación, sino en un ejercicio constructivo y transparente.

Este comunicado marca una posición firme del oficialismo frente a los discursos difamatorios, en un momento en que el debate político y mediático parece cruzar líneas éticas cada vez con mayor frecuencia.

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DGII aclara que retención del 2% del ITBIS aplica desde 2004 y no constituye un nuevo impuesto

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La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que la retención del 2% del ITBIS que aplican las compañías de adquirencia en las transacciones realizadas con tarjetas de crédito y débito no es una disposición nueva, sino una práctica vigente desde el año 2004, en virtud de un acuerdo celebrado con la Organización Nacional de Empresas Comerciales, Inc. (ONEC).

La institución recordó que esta medida se fundamenta en la Norma General núm. 8-04, emitida el 3 de noviembre de 2004, que inicialmente estableció una retención del 30% del ITBIS.

Sin embargo, dicho porcentaje fue modificado tras el Acuerdo de Apoyo firmado el 13 de diciembre de 2004, que redujo la retención al 2% para los comercios miembros de la ONEC, porcentaje que ha continuado aplicándose en la práctica desde entonces.

Para formalizar esta aplicación, la DGII emitió la Norma General 06-2023, la cual incorpora el porcentaje del 2% en el marco normativo vigente, e incluye como agentes de retención no solo a las compañías de adquirencia, sino también a los agregadores de pago y a las entidades de pago electrónico, conforme a la Resolución de la Junta Monetaria del 29 de enero de 2021.

La DGII aclaró que esta retención no representa un nuevo impuesto, sino un pago anticipado del ITBIS, que puede ser acreditado por los contribuyentes en su declaración mensual a través del formulario IT-1.

Verificación y corrección de irregularidades

En procesos recientes de verificación, la DGII detectó que más de 30 mil comercios estaban indebidamente exceptuados de la retención del 2%, debido a una clasificación errónea por parte de las empresas de adquirencia.

La mayoría de estos casos (75%) se concentraron en una sola entidad adquirente, la cual, junto con otras, utilizó criterios desactualizados o no alineados con la normativa vigente.

Como respuesta, la DGII ha otorgado un plazo de 90 días, contados a partir del 8 de abril de 2025, para que las entidades adquirentes corrijan esta situación y ajusten sus procesos de retención conforme a la Norma General 06-2023.

Exenciones

Asimismo, la normativa establece que están exceptuados de esta retención aquellos comercios cuya actividad principal esté exenta del ITBIS, siempre que estén debidamente registrados en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) y con estatus activo.

La DGII exhortó a los comercios que consideren estar exentos de esta retención a solicitar una certificación de exención ante su Administración Local correspondiente y presentarla a su empresa de adquirencia, a fin de que esta no aplique la retención.

Con esta aclaración, la DGII busca fortalecer la transparencia y el cumplimiento tributario en las transacciones electrónicas, garantizando la correcta aplicación de las normativas fiscales vigentes.

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