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ADN y Banco Popular remozarán el Parque Mirador Sur
El Parque Mirador Sur será renovado y tendrá una nueva identidad gracias a una acuerdo suscrito este martes por la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) y el Banco Popular Dominicano, que busca realizar un total remozamiento de este espacio público.
El acuerdo con el Banco Popular contempla en una primera etapa el diseño de una nueva identidad visual del parque y la instalación de un completo sistema de señalética, que informará a la ciudadanía sobre las normas y recomendaciones que debe seguir para disfrutar de este espacio de esparcimiento y enorme pulmón verde de la ciudad.
Adicionalmente, se trabajará en la rehabilitación y construcción de unos 250 bancos y el ordenamiento del kilómetro 0 para peatones, motores y bicicletas, biciparqueos, al ser esta una zona adyacente a la ciclovía. Y se implementará un sistema sostenible de paisajismo.
El proyecto se realizará en su totalidad con el apoyo financiero del Banco Popular, que consiste en un aporte de RD$16.4 millones.
El plan de abordaje integral del ADN para el Parque Mirador Sur incluirá también espacios reconvertidos, espacios específicos para practicar deportes, la modernización de áreas de juego infantil, la instalación de una adecuada iluminación y mayor seguridad, entre otros puntos, en los que colaborarán otras empresas.
El proyecto abarca los 6 kilómetros de extensión del parque y su desarrollo se prolongará durante el resto del año 2021.
Luego de culminados los trabajos, la Alcaldía del Distrito Nacional asegurará el mantenimiento adecuado a fin de garantizar su sostenibilidad en el tiempo.
El acto protocolar de este anuncio entre el ADN y el Banco Popular fue realizado en las instalaciones de la Gobernación del Parque Mirador Sur y estuvo encabezado por la alcaldesa del Distrito, Carolina Mejía, y el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua.

También estuvieron presentes el vicealcalde del Distrito, Stalin Alcántara, Hugo Beras, Secretario General, Belinda Mastrolilli, Gobernadora del Parque, Elizabeth Mateo, directora de Comunicaciones del cabildo, y José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Relaciones Públicas y Comunicaciones del Grupo Popular, y Mariel Bera, vicepresidente del Área de Relaciones Públicas de la organización financiera.
En sus palabras, la alcaldesa valoró la colaboración con la entidad bancaria, que busca ofrecer un espacio renovado y seguro para el disfrute de todos y todas.
“Nuestro objetivo con esta alianza es que abracemos nuestro Parque Mirador Sur con una identidad propia de nuestra ciudad. Que nos sintamos orgullosos de caminar seguros por aquí cada día, de traer a nuestros hijos, de venir a disfrutar de un parque remozado, con una señalética de acuerdo a los estándares internacionales y espacios, para que lo disfrutemos en familia”, sostuvo la alcaldesa.
En tanto, el señor Paniagua, agradeció al ADN y a la alcaldesa su reiterada confianza en la organización financiera, así como saber demostrar con hechos que las alianzas público privadas son un potente vehículo para el desarrollo de la República Dominicana.
“El Banco Popular Dominicano está comprometido con apoyar las acciones que permitan contar con una ciudad más saludable y sostenible. Por ello, hoy nos sentimos orgullosos de anunciar esta alianza con el Ayuntamiento del Distrito Nacional por un nuevo Parque Mirador Sur”, expresó el presidente ejecutivo del Popular.
El Parque Mirador del Sur cuenta con un alto flujo de personas y se ha convertido en el principal espacio público abierto para el disfrute de la familia, como centro de entrenamiento físico y esparcimiento, entre otras actividades. Su puesta en valor se ha incrementado a lo largo del tiempo, especialmente tras el inicio de la pandemia por la COVID-19.

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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos
La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso
A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.
La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.
Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación
La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.
El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.
Impulsarán alternativas biodegradables
Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.
La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.
También modifica el financiamiento del sistema de residuos
La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.
Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.
Aportes según el nivel de ingresos
La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.
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