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Condenan a 20 años de prisión a exalcalde por muerte de regidor de Bayaguana
MONTE PLATA. Los jueces del Tribunal Colegiado de esta provincia condenaron a 20 años de prisión al exalcalde de Bayaguana Nelson Osvaldo Sosa Marte (Opy), autor intelectual del crimen del regidor de Bayaguana Renato de Jesús Castillo, ocurrido en 2014.
Por el crimen también fueron sentenciados a 20 años de prisión Antonio Rafael Olivo Javier (Eladio) y Fredy Alberto de la Cruz, en tanto Marcial Cuello Soto (Prieto) y Yolkis Severino Alberto (Coqui) recibieron condenas de 30 años.
También Dauris de la Cruz (Dawri) fue condenado a 10 años de prisión, mientras que Michael Peña Bueno fue favorecido con absolución por insuficiencia de pruebas.
Los jueces del Tribunal Colegiado, Julio Aybar, presidente; Nelson Romero y Ariella Cedano, dictaron la sentencia condenatoria tras acoger la petición de la Fiscalía de Monte Plata, y ordenaron su cumplimiento en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres, en San Cristóbal, y en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, en Santo Domingo Norte.
Los fiscales Félix Heredia Heredia, Yaquelin Valencia Nolasco y José Del Carmen García Hernández demostraron en el juicio con diferentes pruebas la acusación por el asesinato del regidor, ocurrido la noche del 25 de junio, cuando se encontraba frente a un colmado de la citada comunidad.
Previamente, la víctima había denunciado irregularidades en la alcaldía.
El órgano acusador demostró que el grupo violó varios artículos del Código Penal Dominicano, así como de la Ley 36, sobre Porte y Tenencia de Armas.
FUENTE: Diario Libre
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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos
La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso
A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.
La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.
Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación
La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.
El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.
Impulsarán alternativas biodegradables
Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.
La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.
También modifica el financiamiento del sistema de residuos
La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.
Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.
Aportes según el nivel de ingresos
La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.
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