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Lo que dice fiscal ante petición investiguen a coronel Mariñez Lora

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Ante la solicitud de la familia de los esposos acribillados en Villa Altagracia de que se incluya en el expediente al destituido coronel jefe de los agentes acusados del hecho, la fiscal titular de este municipio dijo que «las investigaciones no han terminado».

«La investigación apenas inicia, entonces denos tiempo a que las investigaciones avancen», le indicó Fátima Sánchez a la prensa previo a conocerse la audiencia de medida de coerción contra los seis exagentes imputados.

La familia de Eliza Muñoz y Joel Díaz, está pidiendo que se investigue al coronel César Marinez Lora, a quien le llaman Mariñe.

Cuando se le preguntó sobre si tienen la información de quién fue que dio la orden para que los policías dispararan al vehículo donde se trasladaban Eliza y Joel , la fiscal manifestó que «por ahora no puede dar detalles».

Esta tarde la jueza Sugeldi Rosario Mena, de la Oficina de Atención Permanente de Villa Altagracia, conocerá la medida de coerción contra los expolicías acusados de matar a los esposos.

Estos son Victorino Reyes Navarro, Domingo Perdomo Reyes, Norquis Rodríguez Jiménez, Ángel de los Santos, Antony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solis.

El Ministerio Público los acusa asesinato, abuso de poder, asociación de malhechores y porte ilegal de armas y pide que se les impongan un año de prisión preventiva como medida de coerción.

FUENTE: El Caribe

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Apresan tres mujeres con 89 tarjetas de “Supérate” en un supermercado

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Autoridades informaron este martes que tres mujeres fueron arrestadas «en flagrante delito» intentando realizar una compra en un supermercado con 89 tarjetas Supérate.

En una nota de prensa, la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) y del programa gubernamental de protección social Supérate informaron que las autoridades competentes iniciaron el proceso de investigación sobre el hecho delictivo.

En redes sociales circularon videos del momento en que se intentó hacer la compra.

En la información, ambas entidades dijeron que se reunieron con el departamento de seguridad del supermercado y que también se sumó al proceso investigativo el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional (Dicat).

La nota indica que las mujeres forman parte de las denominadas bandas de “chiperos”, y en las próximas horas serán sometidas a la justicia para que les impongan las sanciones correspondientes.

Adess y Supérate recordaron que desde el pasado 2023 iniciaron el proceso de cambio de tarjeta de banda a chip, con el objetivo de incrementar las medidas de seguridad para combatir la clonación de tarjetas y evitar el desvío de los fondos que se destinan a las ayudas sociales.

«Hasta la fecha han sido cambiadas 1,042,199 tarjetas a beneficiarios de los programas sociales», dijo en el documento de prensa.

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Hackean a Salud Pública y le roban más de 8 mil archivos de vacunados

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Las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, confirmaron el robo de más de 8 mil archivos de personas vacunadas contra la Covid-19 de una base de datos oficial.

La institución informó que estos datos, que incluyen nombres, números de teléfono y direcciones, fueron sustraídos con la intención de venderlos en la Dark Web por entre 1 y 3 euros cada uno.

La Dark Web es un espacio en línea no indexado por motores de búsqueda comunes, utilizado para actividades delictivas como la venta de drogas, armas y datos robados. Los hackers aprovecharon la falta de protección de las computadoras del Ministerio de Salud Pública, que no contaban con un antivirus actualizado, para introducir un malware y extraer la información de los vacunados.

La Policía Nacional ha iniciado una investigación y ha identificado una dirección IP relacionada con el robo de datos.

Sin embargo, la dificultad para rastrear a los responsables radica en su presencia en la Dark Web, donde se requieren herramientas especializadas como TOR para acceder.

Este incidente se suma a una serie de hackeos a instituciones del Estado dominicano en los últimos años, incluyendo el Instituto Agrario Dominicano y la Dirección General de Migración.

El más reciente ataque fue dirigido a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas el pasado 10 de abril.

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