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Reportaje Huesped

Más de 12 mil teléfonos intervenidos en el 2019

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Ramón Cruz Benzan/Listín Diario.Durante el año 2019, en el Gobierno de Danilo Me­dina, los fiscales lograron la intervención telefónica de 12,193 teléfonos, 654 menos que en el 2018, en procesos de investigacio­nes de los distintos casos manejados por el Ministe­rio Público.

Las autorizaciones fueron emitidas por los juzgados de instrucción de 20 de­marcaciones, acogiendo peticiones de los fiscales investigadores en manejo de esos casos, durante la gestión del entonces procu­rador general de la Repúbli­ca, Jean Alain Rodríguez.

Todo esto, sin contar las 12,889 solicitudes de inter­ceptación telefónica que so­licitó el ministerio público en el año 2018, en las juris­dicciones del Distrito Nacio­nal, Santo Domingo Este y Oeste, de las cuales fueron acogidas 12,754, y 135 re­chazadas.

Caso sonoro
Entre las intervenciones se encuentra el teléfono de la entonces presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia y actual procuradora gene­ral de la República, Miriam Germán Brito, dentro de un grupo que fue solicitada por el Ministerio Público y au­torizada por una jueza de la instrucción de Santo Do­mingo Oeste, el 24 de no­viembre de 2018.

Ese caso desató una gran controversia en el país y fue ampliamente reseñado por la prensa.

En 2017 fueron acepta­das 953 y 90 denegadas, en tanto que en 2016 fue­ron aceptadas 1,800, y 75 desestimadas, en 2015 fue­ron acogidas 1,242, y 168 rechazadas y en el 2014 fueron acogidas 355 soli­citudes de intervenciones telefónicas, y 23 rechaza­das, según estadísticas de la Dirección de Ética Judicial y Transparencia del Poder Ju­dicial.

En el 2019, solo en la jurisdicción del Distrito Na­cional, los juzgados de la instrucción autorizaron al Ministerio Público 946 in­tervenciones y rechazaron un total de 111 solicitud de intervenciones.

En Santo Domingo
Mientras en la jurisdicción de Santo Domingo, los tri­bunales autorizaron al Mi­nisterio Público 8,646 in­tervenciones telefónicas, rechazando que fueran in­tervenidos 766, solicitadas por fiscales en ese periodo.

La tercera jurisdicción don­de se intervinieron más te­léfonos se encuentra Puer­to Plata, con un total de 799 intervenciones y donde 12 fueron rechazadas.

En tanto en San Juan, la cuarta jurisdicción don­de intervinieron más telé­fonos, los fiscales solicita­ron que fueran intervenidos un total de 429 teléfonos, de los cuales los tribunales acogieron 428.

Asimismo, los fiscales de Monte Plata de 13 solicitu­des de intervenciones te­lefónicas a los jueces de esa jurisdicción, obtuvie­ron la autorización de 11, mientras que en Valverde los fiscales obtuvieron 139 intervenciones y tres recha­zadas.

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Reportaje Huesped

Más de 100 muertos por alcohol adulterado en República Dominicana

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Imagen ilustrativa

Cuando todavía no concluye la semana, los muertos por la ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas con metanol en la República Dominicana rozan la cifra de los 100 y las intoxicaciones suman 262 en lo que va de año, de acuerdo con informaciones de las autoridades de Salud Pública. El último dato oficial sobre muertos por ingesta de alcohol adulterado es de 99.

Reseña Diario Libre que solo en la urbanización Juan Pablo Duarte, en el sector Cancino, de Santo Domingo Este, siete hombres que acostumbran a reunirse frecuentemente, perdieron la vida tras consumir la sustancia mortal.

Además del clerén, se ha encontrado metanol en otras bebidas, entre ellas un ron de la marca Kapicúa, que se vendía en las ciudades del norte del país, así como un mojito de frutas vendido en las calles de Haina, en la periferia de la capital, bajo la marca Monday’s.

Debido al aumento de muertes, las autoridades han puesto en marcha un operativo para desmontar alambiques clandestinos en diferentes puntos del país.

El pasado martes, el Gobierno declaró el asunto de las bebidas alcohólicas adulteradas como un tema de seguridad nacional.

Entre otras medidas, el Gobierno ha anunciado el reforzamiento de los controles de importación y comercialización de metanol, así como la implementación de un programa de inteligencia y trazabilidad en la cadena de importación y comercialización de metanol.

Esta es la oleada de muertes por ingesta de alcohol adulterado más grave desde el año pasado (2020), cuando se registraron 247 fallecimientos por la intoxicación con metanol, según datos de Salud Pública.

La muertes en 2020 se atribuyeron al consumo de clerén, un destilado de caña de fabricación artesanal y clandestina, que a veces se mezcla con metanol para abaratar su precio y cuyo consumo está muy extendido en los barrios pobres de Santo Domingo, así como en la frontera con Haití.

El jueves de esta semana, la Policía Nacional informó haber desmantelado en el municipio de Guerra, la mayor fábrica de alcohol adulterado descubierta en los operativo que se han realizado este año, a raíz de las muertes e intoxicaciones de personas por la ingesta de esas bebidas.

Las imágenes de la fábrica evidencian unas instalaciones industriales de alta magnitud, con sistema de destilado y tinacos con capacidad de hasta 2,500 galones.

De acuerdo a las informaciones que suministró la Policía, en el lugar se ocuparon ocho tinacos, seis del referido tamaño y dos de 1,050 galones, que contenían 68,400 litros de alcohol. También una máquina para el proceso de fermentación y otra para la destilería, así como dos tanques de metanol, producto tóxico que las autoridades de salud han advertido que es altamente letal. En el desmantelamiento participaron miembros del Ministerio de Salud Pública y el Ministerio Público.

El pasado 7 de abril, la Policía informó el desmantelamiento de dos laboratorios clandestinos de producción de clerén en las provincias Monte Plata y Barahona, donde habrían ocupado 23,028 litros de esa bebida de elaboración artesanal. En el lugar, la institución también incautó un total de 67 tanques con capacidad de 55 galones cada uno, para llenar un total 23,028 botellas de 400 mililitros con el también conocido “triculí”.

También el pasado 21 de abril, la Fiscalía de la provincia Duarte informó que, en conjunto con otras instituciones estatales, desmanteló una fábrica clandestina de bebidas alcohólicas en San Francisco de Macorís, donde realizó un operativo en comercios de la ciudad “para prevenir la venta de este tipo de productos ilegales”.

“Blindaje” de los polos turísticos
Las autoridades informaron que redoblaron la vigilancia en los destinos turísticos de la República Dominicana para evitar que lleguen a ellos bebidas alcohólicas de origen clandestino, que pueden contener metanol, alcohol no bebible perjudicial para la salud.

El Gabinete de Turismo del Gobierno sostuvo el miércoles una segunda reunión al respecto, en la cual se adoptaron medidas para “seguir protegiendo” la industria, que genera más de 500,000 empleos, según dijo el ministro de Turismo, David Collado.

Collado informó en un comunicado de prensa que hasta el momento no hay reportes sobre ventas de bebidas adulteradas en los polos turísticos y afirmó que “serán implacables” contra quienes intenten hacerlo.

El problema avanza desde 2020
Las intoxicaciones con bebidas alcohólicas adulteradas con metanol, causa de muerte de más de 300 personas entre 2020 y lo que va de 2021, han motivado acciones que llevaron a la detención de más de 77 personas, de las que a 56 se les impuso medidas de coerción. Unas 14 de ellas fueron prisión preventiva, 27 con garantía económica, y 15 recibieron otras medidas. Además, fueron clausurados 40 negocios por estar vinculados a la actividad ilícita.

Los datos los suministró el titular de la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud, Rafael Brito, quien consideró que, si bien todavía es pronto para tener sentencia condenatoria, desde el año pasado a la fecha han logrado presentar 14 acusaciones por delito de venta ilegal de bebidas alcohólicas.

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Reportaje Huesped

El peaje sombra hasta el 2038

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Por Ashley Ann Presinal/LISTÍN DIARIO.- Aún restan 17 años para que el Estado dominicano termine de pagar por uno de los proyectos más costosos en los que ha incurrido el Gobierno en toda su historia: el “peaje sombra” de las autopistas que comunican a Santo Domingo con Samaná.

La ambiciosa obra prometía “grandes avances” para el pueblo dominicano a través del impulso de la zona turística del Nordeste, sin embargo, el precio para lograrlo ha sido mucho mayor del que se estimaba.

La concesión vial Autopistas del Nordeste y Bulevar Turístico del Atlántico, a manos de las empresas de capital colombiano Autopista del Nordeste S.A. y Boulevard Turístico S.A., le ha costado al país altas cifras millonarias por vehículos que ni siquiera transitan por los peajes.

El pasado 27 de febrero, en su primera rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, el presidente de la República Luis Abinader se refirió por primera vez contra el “peaje sombra” como algo “infame”, que representa un gran peso económico para el país, y prometió acudir a las vías legales para “buscarle solución”.

De acuerdo con el mandatario, desde hace 13 años el país ha desembolsado la suma de RD$26,835 millones como parte de los ingresos mínimos que debe garantizarle a la concesionaria.

Para este 2021, la Ley 237-20 de Presupuesto General del Estado tiene asignada por concepto del “peaje sombra” la suma de RD$4,930.9 millones, pero Abinader afirmó que para el año en curso al país se le está exigiendo el pago de RD$7,000 millones por este concepto.

El meollo del asunto radica en que el costo total para la construcción, operación y mantenimiento de ambas autopistas fue de aproximadamente US$305 millones lo que equivale a RD$17,674 millones, no obstante, el Gobierno dominicano ha pagado casi el doble de su verdadero valor y al país todavía le espera “peaje sombra” hasta el año 2038.

“De seguir esta modalidad, al concluir, habríamos pagado casi seis veces su verdadero valor. Esto es sencillamente inaceptable”, aseveró el presidente ante el Congreso Nacional.

Tras esa queja pública, el siguiente paso que dio el Gobierno fue contratar el pasado 2 de febrero al abogado Emmanuel Esquea Guerrero, con el fin de que analice el contrato de concesión y rinda un informe jurídico al presidente Abinader, para que este tome la decisión final.

Al ser contactado por LISTÍN DIARIO, Guerrero señaló que al momento de recibir el poder de la Presidencia de la República para estudiar el caso del “peaje sombra”, sólo conocía lo que se había publicado en la prensa.

Mientras Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, señaló en el Programa Matinal, de Telemicro, canal 5, que el gobierno presidido por Abinader “siempre trata de buscar una salida consensuada, negociada, que no perjudique al Estado y solo si no es posible, entonces vamos al arbitraje o al conflicto judicial”.

¿Por qué “peaje sombra”?
El proyecto que pactó la construcción y administración de las autopistas es una concesión vial, herramienta por medio de la que el Estado otorga a una empresa privada mediante licitación un contrato para construir, explotar y conservar un tramo transitable por un período, y a cambio la administración pública se compromete a pagar con los peajes recaudados en la obra.

En el caso de la Autopista del Nordeste y el Boulevard Turístico del Atlántico, las empresas colombianas se comprometieron a financiar de forma directa el 80% del costo total de la obra asegurando su construcción, mantenimiento y operación, siempre y cuando el Gobierno dominicano les cediera el derecho a recaudar el 100% de los peajes en ambos trayectos por un período ininterrumpido de 30 años.

Pero aunque todo prometía estabilidad y un vasto desarrollo para el país, las “letras pequeñas” del contrato contienen una cláusula que obliga al Gobierno a pagar un “mínimo garantizado” a la concesionaria para “proteger la inversión”.

El llamado “peaje sombra” se origina en vista del déficit existente en el flujo de vehículos que circulan por carretera, por tanto al Gobierno le toca pagar miles de millones de pesos como la diferencia pautada para cumplir con el contrato.

En los montos devengados anualmente por concepto de este peaje “fantasma” no se incluyen los millones que recaudan estas empresas de forma directa en los distintos peajes de Marbella, Naranjal, Guaraguao y Catey, cuyos precios ascienden a RD$2,170 si se trata de un viaje ida y vuelta en un vehículo categoría I.

Si por el contrario, se trata de un viaje ida y vuelta de un vehículo pesado, categoría IV, entonces el monto a pagar escala a RD$8,114. Pero además de tener el control absoluto de todo lo que atraviesa los peajes, Autopista del Nordeste, S.A. y Boulevard Turístico S.A. también tienen asegurado como “aporte adicional” el pago de Impuesto a la Transferencia de Bienes y Servicios, mejor conocido como ITBIS.

Esta última parte está definida en el acuerdo número seis del contrato en el que se manifiesta que “a la fecha de presentación de la oferta en noviembre de 1999 no estaba vigente la normatividad actual respecto al ITBIS, en el evento en el que al concesionario se le exija aplicar el ITBIS vigente a partir del mes de enero de 2001, el concedente, o sea el Estado, se obliga a asumir la diferencia como aporte adicional”.

Así nació el “peaje sombra”
La signatura del contrato pasó por manos de los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) con el expresidente Hipólito Mejía a la cabeza, y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dirigido por el expresidente Leonel Fernández en su segundo y tercer mandato.

La concesión vial entre la empresa Autopista del Nordeste, S.A. y el Estado Dominicano se originó el 8 de diciembre de 1999, cuando el consorcio colombiano ganó la adjudicación del contrato de ley por concurso público internacional para construir y operar la carretera Santo Domingo – Cruce Rincón de Molinillos.

El 22 de enero de 2001 la entonces Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (Seopc), representada por Miguel Vargas Maldonado, autorizó a las empresas accionistas colombianas Grupo Odinsa S.A, Grodco S.C.A y Consorcio Remix S.A para que también formaran parte del concesionario.

El 18 de julio del mismo año se firmó el contrato “Construcción de la carretera Santo Domingo – Samaná bajo el sistema de administración del régimen de Peaje” entre Vargas Maldonado y el representante de la concesionaria, Luis Fernando Jaramillo Correa, por un monto de US$125,516,542.

Se acordó que el plazo total del contrato sería de 33 años y tres meses, de los cuales los primeros tres meses correspondería al plazo de liquidación del contrato, tres años para la ejecución de la obra y los 30 años restantes se dedicarían para la operación y mantenimiento de la autopista a manos de la entidad privada.

El contrato dispone que “si el valor correspondiente a los ingresos por concepto de recaudo de peaje durante dos meses de operación plena es inferior al ingreso garantizado para este período, el Concedente (Gobierno dominicano) compensará la diferencia al Concesionario”.

Esta cláusula que abrió las puertas a la garantía del “peaje sombra”, con el objetivo de “mantener el equilibrio económico del proyecto”, también fue aprobada en las actas firmadas en agosto de 2005 y enero de 2006 por el exsecretario de Obras Públicas, Manuel de Jesús (Freddy) Pérez, durante el mandato de Leonel Fernández.

Posterior a la firma, el proyecto millonario se dividió en dos fases: la primera compuesta por la construcción de la Autopista del Nordeste y la segunda por la construcción del Boulevard Turístico del Atlántico y la rehabilitación de la carretera que va desde Nagua hasta Las Terrenas.

Esta segunda etapa fue aprobada por Fernández y el Congreso Nacional el 23 de agosto de 2007, y el 22 de noviembre del mismo año fue firmada entre el exsecretario de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y la empresa Boulevard Turístico S.A., cuya estructura accionarial y recursos son los mismos que los de la Autopista del Nordeste, S.A.

Aunque el convenio de ambas obras correspondió a mandatos distintos, estas se pusieron en marcha durante el Gobierno de Fernández, el 30 de junio de 2008 y noviembre de 2011 respectivamente.

En una carta remitida en 2008 al Congreso Nacional, el expresidente Fernández expresó que según el modelo financiero de la obra el Estado dominicano debería obtener ingresos por un monto de US$900 millones durante la vigencia del contrato.

Se basó en un “estudio de tráfico”
La aprobación del proyecto que une al sur y al noreste del país se basó en la “Certificación del Modelo de Demanda o Tráfico” expedida en 2005 por la consultora de tráfico internacional Louis

Berger Group, cuyo estudio se apoyó en un reporte de la firma española especializada en planificación de transporte Auding S.A.

Según lo establecido en el acta de acuerdo no. 8 del contrato de concesión, el estudio fue presentado por Autopista del Nordeste S.A. “con el objeto de minimizar el riesgo de la incertidumbre en las proyecciones del ingreso de tráfico del proyecto”.

Este “estudio de tráfico” pronosticó que el Estado dominicano sólo pagaría “peaje sombra” por siete años, desde su inauguración en 2008 hasta el 2015, ya que pasado este tiempo “el flujo de vehículos sería idóneo”.

Sin embargo, pasados 13 años desde su puesta en operación las cifras pagadas a las empresas siguen aumentando y el presente año 2021 promete ser uno de los que “más caro” le saldrá al erario.

Denuncias
De acuerdo con el informe “Autopsia Fiscal: Evaluación de los gastos e ingresos del Gobierno dominicano para la garantía de derechos”, elaborado por el Oxfam República Dominicana en 2019, en los primeros ocho años de funcionamiento de las autopistas el capital privado ha duplicado su inversión.

“Esta modalidad contractual representa una fuga de recursos considerables para el fisco, aparte del costo del bolsillo para la ciudadanía en general, que ya supera los RD$2,000 por un viaje ida y vuelta”, se lee en el documento.

La senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, ha calificado de “leonino” el contrato de la Autopista del Nordeste y además señaló el compromiso asumido por el presidente Abinader para revisarlo.

Intento de negociación
En ocasiones anteriores ya se había planteado una revisión al contrato de concesión considerado por muchos como “abusivo”, pero ningún gobierno lo ha materializado.

El pasado 15 de diciembre el Ministerio de Obras Públicas informó que se encontraba en un “proceso de negociación” con el consorcio de empresas para la concretización de un acuerdo que permitiera una “reducción significativa” del costo del “peaje sombra”.

No obstante, en un artículo publicado el mismo día por LISTÍN DIARIO, bajo la firma de la periodista Patria Reyes Rodríguez, se afirma que de manera extraoficial una fuente ligada al Ministerio declaró que “aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo con la empresa”.

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