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Panorama

Ministro encargado del Propeep entrega viviendas en Monte Plata

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El ministro encargado de los Proyectos y Programas Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), Neney Cabrera, entregó este lunes diez viviendas a igual número de familias de la comunidad Caguaza, del Distrito Municipal Chirino, de la provincia Monte Plata, y dio el primer palazo para la construcción de un Ecocomedor, una Ecoplaza Comunitaria y una cancha deportiva.

Las viviendas entregadas y las obras iniciadas son parte de las iniciativas del Gobierno para combatir la pobreza extrema en las comunidades más vulnerables del país.

Al pronunciar las palabras centrales del acto, el ministro Cabrera dijo que los propósitos del presidente Luis Abinader es buscar una solución integral al problema de la marginalidad y la exclusión social, creando las condiciones para que cada ciudadano dominicano tenga una mejor calidad de vida.

“El propósito del Gobierno es buscar una solución integral al problema de la pobreza extrema», dijo.

Las casas entregadas están totalmente amuebladas y listas para ser habitadas por los beneficiarios, además, fueron entregados alimentos crudos para cada familia, entre otras facilidades.

La cancha deportiva será para la recreación de la juventud, ya que aquí se carece de este tipo de instalaciones.

En tanto, que en el Ecocomedor los moradores de ese territorio podrán adquirir alimentos cocidos de buena calidad, lo que les proporcionará una adecuada, nutritiva y balanceada alimentación.

Al anunciar la Ecoplaza Comunitaria, Neney Cabrera resaltó que el objetivo de esta obra es que los residentes de Chirino y zonas aledañas puedan disponer en un mismo lugar de todos los servicios que ofrecen las instituciones del Estado dominicano, sin la necesidad de tener que desplazarse al municipio cabecera o a la capital, lo cual significará un ahorro en tiempo y dinero.

Entre los servicios del Estado que serán ofrecidos a la población son una oficina de Ede Este, una Oficialía del Registro Civil y una estafeta del Banco de Reservas, una unidad de atención primaria de salud, farmacia del pueblo, Infotep, guardería infantil, estación de la Policía, áreas de recreación, entre otros servicios.

Según el mapa de la pobreza establecido por la Oficina Nacional de Estadística (ONE); la provincia de Monte Plata es una de las más vulnerables y empobrecidas que existen en el país.

Los beneficiarios
María de los Ángeles Mieses, una madre soltera y quién junto a sus dos niños recibió una de las casas, dijo estar muy contenta, porque ya tendrá un lugar donde poder criar a sus hijos.

«No tengo palabras para explicar la alegría que siento, al saber que gracias al presidente Luis Abinader y al ministro Cabrera ya tendré un techo donde podré criar a mis hijos sin preocupación», expresó Mieses.

Otro de los beneficiarios fueron los esposos Ivan Guzmán y Rosmery Soriano, padres de una bebé de dos meses, quienes dijeron que vivían separados en casa de sus padres, por no tener una casa donde criar a su niña.

Panorama

Cholitín propone otra ‘ley mordaza’ dizque para frenar el ‘discurso de odio’ en plataformas digitales

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El Senado de la República recibió el pasado 2 de mayo un proyecto depositado por el Poder Ejecutivo que busca reformar la Ley 61-32 sobre Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento, adaptándola a los desafíos actuales ocasionados por los medios de comunicaciones digitales.

A este suma otro proyecto que fue entregado también a la cámara alta. Aunque no alteraría la Ley 61-32, crearía una nueva para regular el contenido difundido a través de las plataformas masivas, incluyendo los tradicionales y digitales: Una pieza que pretende “prevenir, tipificar y sancionar los discursos de odio” en el país.

El documento legislativo elaborado por el senador de La Altagracia, Rafael Duluc, coloca de definición al “discurso de odio” toda expresión oral, escrita, gráfica, audiovisual o digital que incite al odio, “hostilidad, discriminación o violencia contra una persona o grupo por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, etnia, religión, discapacidad, condición migratoria, lengua, condición socioeconómica o cualquier otra condición de identidad o pertenencia”.

Castigos
Las sanciones para quienes cometan este delito serían prisión de uno a tres años y una multa de 10 a 50 salarios mínimos del sector público.

Mientras que para los que “nieguen, minimicen o justifiquen públicamente” crímenes de odio, genocidios o de lesa humanidad reconocidos por tribunales serían penalizados con cárcel de seis meses a dos años, junto a una multa de hasta 30 salarios mínimos.

Asimismo, establece que cuando el discurso de odio se difunda por redes sociales, plataformas digitales, medios electrónicos o servicios de mensajería, además de las penas previstas, el juez podría imponer la prohibición de uso de dichas plataformas por hasta tres años.

Las penas recibirían en los tribunales agravantes en los casos en que el hecho sea cometido por un funcionario público, docente, líder religioso o autoridad comunitaria. Además, cuando este ocurra en centros educativos, sanitarios, religiosos o penitenciarios y el discurso incite a cometer actos de violencia física o material contra personas o bienes.

Derechos y garantías
Según sugiere el proyecto, las víctimas de discurso de odio tendrían derecho a recibir medidas de reparación integral, incluyendo disculpas públicas, compensación económica, medidas de restitución y garantías de no repetición.

De aprobarse la ley en ambas cámaras del Poder Legislativo, el Congreso Nacional le ordenaría al Ministerio Público crear una unidad especializada en la investigación y persecución del discurso de odio, con personal capacitado en derechos humanos, tecnologías digitales y análisis del lenguaje discriminatorio.

“Las personas que denuncien hechos de discurso de odio o colaboren con las autoridades tendrán garantizada la protección de su identidad, integridad y privacidad, conforme al marco de derechos humanos”, dispone la propuesta de ley.

También, obligaría a las plataformas digitales a colaborar con las autoridades dominicanas en la detección, reporte y remoción de los contenidos tipificados.

Prevención
El Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura implementarían programas educativos permanentes que promuevan la diversidad, el respeto a los derechos humanos, la igualdad y la prevención de discursos de odio en todos los niveles del sistema educativo.


Libertad de Expresión
Mientras tanto, el proyecto de ley depositado por el Gobierno, que modificaría la regulación al derecho de Libertad de Expresión dictado en el artículo 49 de la Constitución, continúa generando rechazo en diversos sectores de la sociedad, asegurando una supuesta vulnerabilidad de derechos fundamentales.

Aunque aún no es una decisión, los miembros de la comisión especial del Senado han confirmado que están en disposición de realizar vistas públicas para garantizar el consenso de la sociedad.

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) entregó el pasado miércoles un análisis crítico al pleno del Senado de la República, encabezado por Ricardo de los Santos, en el que declaró la “inconstitucionalidad e inconvencionalidad” de la pieza entregada por el Gobierno.

Además, aseguran que el documento legislativo elaborado por el Poder Ejecutivo, junto a una comisión honorífica integrada por representantes del periodismo nacional, incurre en violaciones a “principios y valores que sustentan la democracia”.

Para fundamentar su posición, el presidente del CARD, Trajano Vidal Potentini, explicó que únicamente los considerandos, 15 primeros artículos de la pieza, al igual que las vistas de las leyes y tratados, están acordes con la carta magna.

Sin embargo, en los 60 artículos restantes, afecta disposiciones imprescindibles para el correcto ejercicio de la comunicación en la sociedad dominicana, como lo son “la cláusula de conciencia, el secreto profesional, la no censura previa, la doctrina de la doble dimensión de la libertad de expresión, el derecho a la reserva de las fuentes de información, el derecho de rectificación o respuesta, protección de niños, niñas y adolescentes”.

Vidal Potentini lamentó también que infligiera las garantías dictadas en el artículo 69 de la Carta Magna, en el cual permite a “toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, el derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso”.

Puntualizando que la capacidad sancionadora que tendría el Instituto Nacional de la Comunicación (Inacom), entidad que propone crear la Presidencia de la República a través de la modificación legislativa; excede los límites constitucionales.

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Panorama

Popular, ADN, UNIBE y AMPE apoyan a menores huérfanos tras tragedia del Jet Set

Aporte solidario de RD$5.5 millones financiará terapias psicológicas, transporte y alimentación de beneficiarios

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El Banco Popular Dominicano firmó un acuerdo de colaboración con la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y la Asociación Mundial de Psicología en Emergencias (AMPE), para ofrecer acompañamiento psicosocial a los niños y adolescentes huérfanos, a causa de la trágica madrugada del pasado 8 de abril.

Gracias a esta alianza interinstitucional, se ampliará la cobertura para la ejecución de un protocolo integral de intervención sociofamiliar que priorizará la atención para las familias con mayor nivel de vulnerabilidad.

Como parte del acuerdo, el Banco Popular realizará un aporte de RD$5.5 millones, que cubrirá tres meses de terapias psicológicas, servicios de transporte y alimentación para los menores beneficiarios y sus tutores.

La iniciativa la implementarán equipos interdisciplinarios del Ministerio de Salud Pública, Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y Supérate, en coordinación con las entidades aliadas.

Las terapias se impartirán cada sábado de 11: 00 a.m. a 1:00 p.m. en el monumento Fray Antonio de Montesino, los interesados pueden solicitar información a través del correo rossy.trinidad@adn.gob.do

*Una alianza solidaria*

El presidente ejecutivo del Popular, señor Christopher Paniagua, expresó que esta alianza solidaria multiplicará el impacto positivo sobre los beneficiarios.

“Nos honra poder aportar desde nuestro rol de empresa socialmente responsable y poner en alto la solidaridad que necesita el país”, dijo, y añadió que este acuerdo es “un compromiso colectivo con la dignidad humana, para aliviar el peso emocional que cargan hoy muchas familias afectadas”.

La alcaldesa del Distrito Nacional, señora Carolina Mejía, manifestó su agradecimiento al Banco Popular, así como a las otras entidades, por su genuino interés en apoyar a las víctimas de la tragedia, “estamos aquí hoy sentados por iniciativa del Banco Popular, quienes se nos acercaron para darnos la noticia que nos estarían apoyando, quiero agradecer el buen corazón y la buena disposición de la familia Popular”.

La directora de AMPE, señora Vanessa Espaillat, expresó la importancia de poner en manifiesto la solidaridad en momentos como estos. “Nuestra misión es servir a las familias dominicanas, en situaciones de emergencia, para apoyar la salud mental de los afectados y ayudar a superar el duelo colectivo como el que nos ocupa”.

Por su parte, la señora Odile Camilo Vincent, rectora de UNIBE, dijo que cree en el poder de la unidad. “Creo en el poder de las alianzas público privada, la academia y la sociedad civil. Solo trabajando juntos podemos lograr transformaciones reales”.

Este esfuerzo coordinado busca asegurar un acompañamiento digno, humano y sostenido en el tiempo, que ofrezca no solo contención emocional, sino también rutas de atención social y de salud para cada niño y adolescente impactado por esta tragedia.

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