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MP dice Adams Cáceres manejó más de RD$3,000 MM mientras fue jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial
Adams Cáceres Silvestre, mayor general del Ejército y director del cuerpo de Seguridad Presidencial 2012-2020, cuando el gobierno de Danilo Medina, administró más de tres mil millones de pesos, de acuerdo datos del Ministerio Público.
“El investigado Adán Benori Cáceres Silvestre oculta bienes producto del enriquecimiento injustificado e ilícito, además de que falseó en las declaraciones juradas presentadas, configurándose varios de los tipos penales de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Bienes y el Decreto núm. 92-16 de aplicación de la misma ley”, según los datos del MP.
Adams Cáceres fue detenido el sábado mediante la Operación Coral, en la que también fueron apresados la pastora Rossy Guzmán, su hijo y otras dos personas.
El informe detalla que la pastora Rossy Guzmán reflejó un «aumento injustificado en su patrimonio a través de la administración de muebles e inmuebles que realmente pertenecen a Adams Cáceres», escolta del expresidente Danilo Medina.
Entre los muebles e inmuebles que pertenecen a Cáceres pero son manejados por la pastora, a través de la empresa Único Real Estate e Inversiones, los datos del MP señalan un proyecto inmobiliario de cuatro casas de lujo con zonas de recreación común, ubicadas en la urbanización Colinas del Oeste, cuyo costo del solar solo asciende a 160 millones de pesos, mientras que las casas poseen un valor aproximado de un millón de dólares.
También se indica que la pastora utilizó empresas y personas de su círculo como Tenner Flete, su hijo; Rafael Núñez de Aza, teniente coronel; Raúl Alejandro Girón y Eric Daniel Pereyra para ocultar muebles e inmuebles que el mayor general Cáceres no puede justificar, fungiendo estos como testaferros y prestanombres de este.
Mediante la «Operación Coral» fueron realizados 27 allanamientos durante el sábado en varias zonas del país: Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís y otras
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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos
La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso
A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.
La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.
Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación
La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.
El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.
Impulsarán alternativas biodegradables
Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.
La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.
También modifica el financiamiento del sistema de residuos
La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.
Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.
Aportes según el nivel de ingresos
La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.
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