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Panorama

Hallan grabaciones de periodistas en poder del jefe de la escolta de Danilo

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Mayor General Adán Cáceres cuando era conducido al tribunal.

Protegido por un cerrado silencio y alrededor suyo un espectacular dispositivo de seguridad camino al tri­bunal donde le serían cono­cidas medidas de coerción, como imputado por un com­plicado caso de corrupción, el general Adán Cáceres Sil­vestre exhibió ayer sus do­tes impasibles mientras los medios casi desvanecían por lograr de él un comentario sobre su situación, que al fi­nal terminó en fracaso.

El jefe de escolta del ex­presidente Danilo Medina, con chaleco antibalas y cas­co protector, fue bajado por una estrecha escalera que da acceso a la primera planta próximo a la sala de audien­cia, donde se conocía la au­diencia, mostrando siempre una apariencia ajena a cuan­to ocurría en ese entorno, reseña el periodista Ramón Cruz Benzan, quien cubre los temas judiciales para el periódico Listín Diario.

El general, que mantenía su mirada firme e ignoraba los laterales, caminaba ante la presencia de decenas de pe­riodistas, fotógrafos y cama­rógrafos de televisión que esperaban desde temprano en la mañana en todos los ángulos del Palacio de Justi­cia de Ciudad Nueva.

Por la misma escalera pa­só la pastora Rossy Guzmán Sánchez, con chaleco an­tibala y casco protector. Se mantuvo cabizbaja ante la mirada de decenas de per­sonas que trataban de cono­cerla entre el grupo en línea hacia la audiencia, pospues­ta para este viernes, a las 10 de la mañana.

Detrás de la pastora, una asimilada de la Policía, se­guía su hijo, Tanner Anto­nio Flete Guzmán, y Raúl Alejandro Girón Jiménez, quienes fueron llevados al tribunal por agentes de Vi­gilancia y Tratamiento Pe­nitenciarios. El primero en ser conducido al tribunal fue el teniente coronel Ra­fael Núñez de Aza.

Labor de espionaje
En el allanamiento a Cáce­res Silvestre le fueron deco­misados varios documentos. Uno de estos, del año 2014, está marcado confidencial, y tiene datos del exprocura­dor Francisco Domínguez Brito.

Hay otro, con espiral transparente, tiene el títu­lo “Diario de Inteligencia so­bre novedades en torno al VIII congreso ordinario del Partido de la Liberación Do­minicana, realizado el do­mingo 12 de enero del año 2014”.

Hay un reporte de­nominado “Customer Servi­ce Information” del Bank of América, a nombre del ge­neral Juan C. Torres Robiou, director del Cestur.

Otro di­ce “Captado de la emiso­ra Z-101. Santo Domingo, D.N. a las 3:40 p.m. del día 03-07-13, programa: El Go­bierno de la Tarde, produc­tores Juan Taveras Hernán­dez, Domingo Páez, entre otros”.

Otro con título “cap­tado de la emisora la Z-101 en Santo Domingo, a las 3:40 de la noche del día 04-07-13, programa El Gobier­no de la Tarde, productores Juan Taveras Hernández, Domingo Páez, entre otros.

El general de brigada piloto Juan Carlos To­rres Robiou puso su cargo de director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turís­tica a disposición del presidente Luis Abi­nader.

Sin obstrucción
Torres Robiou, en una carta dirigida al Minis­tro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, dice que tomó esta de­cisión “con el propósito de facilitar que el Minis­terio Publico avance sin obstrucción alguna la investigación que tiene en curso”.

“Si bien no en mi con­tra”, esa investigación, es de “conocimiento público que aborda al­gunos servidores de esta institución, cuya reputa­ción estamos todos en el deber de proteger”, dijo el alto rango militar.

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VIDEO: Enfrentamiento entre comunicadoras

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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos

La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso

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A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.

La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.

Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación

La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.

El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.

Impulsarán alternativas biodegradables

Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.

La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.

También modifica el financiamiento del sistema de residuos

La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.

Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.

Aportes según el nivel de ingresos

La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.

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