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Lo que dice la Procuraduría sobre Adán Cáceres
El mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, a quien la Procuraduría General de la República señala como el cabecilla de la red dedicada a realizar actos de corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, utilizaba un nombre de código dentro del entramado denominado por la justicia como “Operación Coral”.
El expediente explica que Benoni Cáceres, dentro de la organización utilizaba el codinome ABC, para recibir, incluso en la actualidad, “dinero producto de las maniobras fraudulentas”, igual que el también imputado Rafael de Aza, obligando esto al ministerio público a “tomar medidas extremas de confidencialidad para poder garantizar la materialización de la Operación Coral conforme al plan operativo”.
La documentación dice que en la red de personas, entre ellas José Ramón Santos Jiménez, Vicente Girón Jiménez, Erick Brea Rosario y Juan Ramón Tejada Hilario, eran quienes se encargaban de hacer depósitos y transacciones para la colocación de los fondos distraídos del Patrimonio del Estado, pero que terminaban de manera directa o indirecta en las manos de los imputados.
Explica que Adán Benoni Cáceres Silvestre, al percatarse de la imposibilidad de continuar adquiriendo bienes que no podría justificar con los ingresos que poseía, procedió a asociarse con el coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza.
“Asociación esta que no fue fortuita, puesto que su experiencia en gerencia financiera le había hecho pasar inadvertido en el sistema financiero nacional utilizando como modos operandi la realización de depósitos en efectivo por militares subalternos, que no poseían perfil para estas cantidades a las cuentas de las empresa del entramado, situación sospechosamente nunca genero Reportes de Operación Sospechosa (ROS) puesto que estamos en presencia de imputados posicionados en puestos de poder estratégico del Estado”, dice el expediente.
Además, indican que tampoco los Reportes de Transacción en Efectivos (RTE) realizados por los millones de pesos depositados fueron llamativos para los órganos de control y supervisión financieros.
“Este proceso buscaba la legitimación de los capitales provenientes de los delitos de corrupción como infracción grave en la norma penal vigente dominicana”, concluye el expediente.
La medida de coerción contra Adán Benoni Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Aza, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora, Raúl Alejandro Girón Jiménez, Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz será conocida este miércoles a las 11:00 de la mañana.
FUENTE: Listín Diario
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DIGESETT investiga a agente por presunta negativa de encender cámara corporal
La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó este jueves que investiga a uno de sus agentes, luego de que presuntamente se negara a encender la cámara corporal durante una intervención.
El caso surgió tras la difusión de un video en redes sociales en el que se observa el momento de tensión ante la solicitud de documentos del agente a un conductor y la persistencia del ciudadano en que el agente encendiera el dispositivo, petición a la que el agente no accedió.
La institución informó que el agente fue citado y se encuentra bajo investigación de los organismos de control correspondientes, conforme a los procedimientos establecidos.
Las cámaras corporales son utilizadas como herramientas para documentar las actuaciones de los agentes y facilitar la revisión de situaciones que puedan generar controversias durante las intervenciones.
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Imponen dos meses de prisión preventiva a «Nino Dólar»
La Cuarta Sala del Tribunal Especial de Tránsito del Distrito Nacional impuso dos meses de prisión preventiva en contra de Carlos José Troche Rodríguez, conocido como «Nino Dólar», acusado de provocar la muerte de dos personas y ocasionar lesiones a una tercera en un accidente de tránsito registrado el pasado 15 de agosto en la avenida Abraham Lincoln.
El tribunal dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en la cárcel de Cotuí, tras acoger la solicitud presentada por los fiscales del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios).
A Troche Rodríguez se le acusa de violar el artículo 112, párrafo I, de la Ley 74-25, que modifica el Código Penal dominicano y tipifica el homicidio agravado, referente a los atentados culposos contra la vida.
El imputado enfrenta cargos por la muerte de Wilmer Ernesto Rodríguez Silverio y de su hija, Wilkaren Massiel Rodríguez Batista, así como por las lesiones sufridas por Arianna Michelle Ciprián.
La solicitud de medida de coerción había sido presentada inicialmente ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional; sin embargo, el juez Rigoberto Sena declinó el proceso a favor del tribunal de tránsito, por tratarse de un hecho vinculado a un accidente vial.
De acuerdo con la acusación, el imputado violó la luz roja de un semáforo mientras conducía una yipeta, impactando contra una motocicleta en la que se desplazaban las víctimas.
La investigación establece, además, que, tras producirse la colisión, el conductor no se detuvo y continuó la marcha del vehículo, arrastrando a las víctimas por la vía y pasándoles por encima al emprender la huida del lugar.
El caso permanece bajo investigación por parte del director técnico de la Fiscalía del Distrito Nacional, Kelvyn Colón, y los fiscales Vladimir Viloria, encargado del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios); y Yesenis Hernández Cabreja.
FUENTE: Listín Diario
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