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Lo que dice la Procuraduría sobre Adán Cáceres

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El mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, a quien la Procuraduría General de la República señala como el cabecilla de la red dedicada a realizar actos de corrupción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, utilizaba un nombre de código dentro del entramado denominado por la justicia como “Operación Coral”.

El expediente explica que Benoni Cáceres, dentro de la organización utilizaba el codinome ABC, para recibir, incluso en la actualidad, “dinero producto de las maniobras fraudulentas”, igual que el también imputado Rafael de Aza, obligando esto al ministerio público a “tomar medidas extremas de confidencialidad para poder garantizar la materialización de la Operación Coral conforme al plan operativo”.

La documentación dice que en la red de personas, entre ellas José Ramón Santos Jiménez, Vicente Girón Jiménez, Erick Brea Rosario y Juan Ramón Tejada Hilario, eran quienes se encargaban de hacer depósitos y transacciones para la colocación de los fondos distraídos del Patrimonio del Estado, pero que terminaban de manera directa o indirecta en las manos de los imputados.

Explica que Adán Benoni Cáceres Silvestre, al percatarse de la imposibilidad de continuar adquiriendo bienes que no podría justificar con los ingresos que poseía, procedió a asociarse con el coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza.

“Asociación esta que no fue fortuita, puesto que su experiencia en gerencia financiera le había hecho pasar inadvertido en el sistema financiero nacional utilizando como modos operandi la realización de depósitos en efectivo por militares subalternos, que no poseían perfil para estas cantidades a las cuentas de las empresa del entramado, situación sospechosamente nunca genero Reportes de Operación Sospechosa (ROS) puesto que estamos en presencia de imputados posicionados en puestos de poder estratégico del Estado”, dice el expediente.

Además, indican que tampoco los Reportes de Transacción en Efectivos (RTE) realizados por los millones de pesos depositados fueron llamativos para los órganos de control y supervisión financieros.

“Este proceso buscaba la legitimación de los capitales provenientes de los delitos de corrupción como infracción grave en la norma penal vigente dominicana”, concluye el expediente.

La medida de coerción contra Adán Benoni Cáceres Silvestre, Rafael Núñez de Aza, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora, Raúl Alejandro Girón Jiménez, Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz será conocida este miércoles a las 11:00 de la mañana.

FUENTE: Listín Diario

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Dictan 18 meses de prisión a Adan Cáceres, pastora Rossy Guzmán y otros tres

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La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, dictó prisión preventiva de 18 meses a Adan Cáceres Silvestre y a la pastora Rossy Guzmán, al hijo de esta y a dos más de los implicados en caso Operación Coral por estafar al Estado con más de 30 mil millones de pesos.

Contra el mayor Girón Jiménez se dictó prisión domiciliaria, como había solicitado el Ministerio Público.

Además de Cáceres y Guzmán, los demás enviado a prisión son Tanner Antonio Flete Guzmán; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

El mayor del Ejército Girón Jiménez, quien era programador de nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y encargado de tecnología del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística “Cestur”, es quien funge como principal testigo en colaboración con el Ministerio Público.

El esquema utilizado por la red, según el Ministerio Público, era nombrar en la nómina policías y militares de manera irregular, con salarios de 20 mil y 70 mil pesos, con la condición de devolver entre el 80 y el 90% de lo cobrado cada mes a los miembros de “la agrupación criminal”.

FUENTE: Diario Libre

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EN VIVO: Conocimiento medida de coerción imputados operación Coral

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La decisión de la jueza Kenya Romero con respecto al caso Coral, la operación más reciente de persecución en contra de la corrupción administrativa, se conoce hoy en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.

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