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Cámara de Diputados aumentaría pena por corrupción
Ante las críticas suscitadas porque el proyecto de Código Penal aprobado solo contempla entre dos y tres años de prisión las penas por corrupción administrativa, la Cámara de Diputados reconsideraría la propuesta aprobada en primera lectura y aumentaría la pena.
En tanto que el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, reiteró que lo contemplado en el proyecto actual “distorsiona la propuesta original”.
El miembro de la Comisión de Justicia, José Horacio González, reconoció que al analizar el proyecto de modificación al Código, percibió un interés en algunos miembros del organismo por establecer penas leves, benevolentes, para los delitos relacionados con la corrupción administrativa,contrario a la posición férrea de agravar la penas cuando se trata de otros actos reñidos con la ley.
“Yo percibí eso en los debates de la comisión de justicia. En los debates cuando hablábamos de los delitos de sangre, el interés y la tendencia era de aumentar penas y cuando llegamos a la corrupción, yo percibí que el interés era de reducirla… Había interés de reducirla y nosotros logramos que se mantuvieran como estaban en el proyecto”, refirió al cuestionarle sobre la contradicción entre penas drásticas para delitos como robo cuando sea más de una víctima y la benevolencia con la corrupción.
Al aclarar que la tipificación de corrupción fue introducida en la ley por la comisión, González coincidió con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y el vocero del Partido Revolucionario Moderno en el hemiciclo, Julito Fulcar, quienes expresaron que la pieza aprobada puede modificarse para aumentar la pena.
Pacheco informó que él propondrá que la corrupción simple sea castigada con prisión mayor de 10 a 20 años, en tanto, que cuando la corrupción sea agravada o existan reincidencia con ese delito, sugerirá ante la comisión que sea sancionado con prisión de 20 a 40 años y que mediante el cumulo de penas ese delito pueda sancionarse con hasta 60 años de prisión como había declarado el diputado Alexis Jiménez, presidente de la comisión que estudia la pieza legislativa.
Al ofrecer una rueda de prensa, el presidente de la Cámara Baja refirió que también propondrá a la comisión que se celebren vistas públicas para permitir que todos los sectores de la vida nacional sean escuchados con respecto a la reforma del Código Penal.
También, dijo que en su calidad de legislador comprometido con la transparencia y que las “cosas estén bien hechas y sean correctas”, se incorporará para trabajar junto a la Comisión de Justicia.
Destacó que durante los próximos 15 días se dará la oportunidad a todos los sectores a presentar sus observaciones sobre esa pieza legislativa.
“Nosotros estamos asumiendo el planteamiento de que hay que fortalecer, endurecer la pena, a aquellos que caen en actos de corrupción y en el marco de las discusiones de la comisión, vamos a hacer planteamientos para que se extiendan significativamente esas penas”, dijo Fulcar, vocero del PRM.
FUENTE: Diario Libre
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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos
La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso
A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.
La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.
Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación
La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.
El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.
Impulsarán alternativas biodegradables
Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.
La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.
También modifica el financiamiento del sistema de residuos
La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.
Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.
Aportes según el nivel de ingresos
La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.
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