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Anulan contrato de recogida de basura a empresa de Robinson Canó

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La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anuló, por “irregularidades graves” un procedimiento de urgencia llevado cabo por el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís para la contratación de servicios de recolección de residuos sólidos en esa demarcación, en el que resultó adjudicada la empresa RJC Clear, S.R.L, del pelotero de Grandes Ligas, Robinson Canó.

Según los resultados de la investigación de oficio iniciada por el órgano rector a principios de febrero de 2021, y cuyos resultados están documentados en la resolución Ref. RIC-85-2021, “el cabildo violó varios principios de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas e incurrió en irregularidades graves, tales como inobservancias del pliego de condiciones que impidieron una mayor participación de oferentes; subjetividad en el método de evaluación de la oferta técnica y económica; así como un plazo corto e irrazonable para presentar las propuestas y la imposibilidad de subsanar credenciales”.

El alcalde del municipio de San Pedro de Macorís es Raymundo Rafael Ortiz Díaz.

En una comunicación de prensa, la DGCP enfatizó la importancia de que los procedimientos de contratación sean llevados de conformidad con el debido proceso administrativo vigente, particularmente, en atención al perjuicio que causa a las administraciones centrales y locales el no apegarse al cumplimiento de la ley, en especial el no determinar con certeza las especificaciones técnicas y los criterios de evaluación en el pliego de condiciones, pues este último, constituye la base de todo procedimiento de contratación.

La institución concluyó que el Ayuntamiento Municipal de San Pedro de Macorís, incumplió con el debido proceso administrativo, por tanto, la “consecuencia jurídica que se deriva de las irregularidades graves constatadas en el pliego de condiciones específicas es la nulidad de pleno derecho, por la imposibilidad de realizar una evaluación imparcial y objetiva”.

A finales de febrero pasado, la DGCP anuló por razones similares el procedimiento de excepción por urgencia Núm. AMBC-MAEPEUR- 2020-0002, realizado por el Ayuntamiento Municipal de Boca Chica para la contratación de servicios de recolección de residuos sólidos, en el que resultó adjudicada la empresa Key West Corporation, S.R.L.

FUENTE: Diario Libre

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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos

La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso

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A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.

La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.

Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación

La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.

El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.

Impulsarán alternativas biodegradables

Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.

La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.

También modifica el financiamiento del sistema de residuos

La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.

Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.

Aportes según el nivel de ingresos

La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.

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