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ADN y Embajada de EEUU acuerdan abordar temas de seguridad y gobernanza local

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La alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía sostuvo un encuentro la tarde del viernes con el Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América, Robert W. Thomas, y la nueva directora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) en el país, Rebecca Latorraca.

Durante la reunión realizada en el Palacio Consistorial de la Ciudad Colonial, confirmaron la colaboración entre la Alcaldía del Distrito Nacional y el gobierno de los Estados Unidos para el abordaje de temas de interés conjunto, así como, la importancia y seguimiento a la Mesa Local de Seguridad, Ciudadanía y Género, que trabaja el cabildo y otras instituciones con apoyo técnico y financiero de la USAID desde el 2020, en la implementación del Plan local de seguridad.

Conversaron también sobre otros temas de colaboración futura relacionados con el fomento de la convivencia pacífica en la ciudad y la gobernanza local.

Al concluir la reunión, el encargado de Negocios de la Embajada expresó que la visita formaba parte del “compromiso de cooperar con la República Dominicana en las reformas claves para promover la transparencia, fortalecer el estado de derecho y aumentar la institucionalidad en el país.

Asimismo, dijo sentirse “orgulloso de trabajar junto a la Alcaldía del Distrito Nacional a favor de mayor transparencia y seguridad para sus habitantes, tanto en la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana en el sector de Cristo Rey, siendo la primera zona piloto, así como en las diversas iniciativas del Plan Municipal de Seguridad Ciudadana del Distrito Nacional en las que hemos cooperado en los últimos años”.

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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos

La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso

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A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.

La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.

Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación

La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.

El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.

Impulsarán alternativas biodegradables

Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.

La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.

También modifica el financiamiento del sistema de residuos

La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.

Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.

Aportes según el nivel de ingresos

La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.

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