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ADARS asegura Salud Pública fue que limitó las pruebas PCR
El presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars), José Manuel Vargas, aseguró que fue el Ministerio de Salud Pública, que limitó la realización de las pruebas PCR, mediante resolución y que ellos no han intervenido en nada. Esto luego que a los asegurados solo se le de cobertura a una prueba PCR al año.
«El Ministerio de Salud Pública mediante una resolución, y esa resolución fue refrendada por otra resolución de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales», subrayó Vargas en declaraciones que reseña el periódico Listín Diario de la entrevista que concedió al programa Más Cerca que se transmite por Studio 88.5 y YouTube bajo la conducción de Anibelca Rosario, Marisol Mendoza, Dary Terrero y Hansel García.
Sostuvo que la ADARS puso al servicio de la ciudadanía toda su infraestructura administrativa para las pruebas PCR, ya que los laboratorios clínicos se negaron a aceptar un pago directo de Salud Pública.
Sostuvo que el gobierno tiene una deuda con la ADARS de unos RD$ 5.000.000.000, que a su vez la asociación debe a los laboratorios, por lo que estos han amenazado con detener el servicio.
«Cinco mil millones de pesos que nos adeuda el gobierno y que nosotros a su vez le adeudamos a los laboratorios clínicos, que ya esta amenaza de parar servicios si nosotros no le pagamos», dijo .
Dijo también que en este año hasta el 30 de abril han tenido una pérdida de 908 millones de pesos, como consecuencia del COVID-19 y de los servicios normales de salud.
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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos
La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso
A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.
La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.
Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación
La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.
El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.
Impulsarán alternativas biodegradables
Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.
La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.
También modifica el financiamiento del sistema de residuos
La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.
Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.
Aportes según el nivel de ingresos
La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.
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