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Diputados aprueban préstamo por 300 millones de dólares

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La Cámara de Diputados aprobó un nuevo préstamo por 300 millones de dólares, para el financiamiento de un programa de apoyo a la emergencia generada por la pandemia del COVID-19.

El contrato, suscrito el 16 de marzo del 2021 entre el país y la Corporación Andina de Fomento (CAF), fue conocido rápidamente por la Cámara de Diputados, a punto tal que hubo quejas de las bancadas de oposición por cómo fue aprobado.

Debido a que la Cámara de Diputados estaba sesionando en el salón de la Asamblea Nacional, la votación fue manual y el presidente de este órgano, Alfredo Pacheco, realizó un curioso método para revalidar la aprobación.

La situación inició cuando el vocero del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la Cámara Baja, Gustavo Sánchez, solicitó enviar a comisión nuevamente el proyecto para ser conocido y explicada la necesidad de un nuevo préstamo, pero esto fue rechazado.

“Hicimos la propuesta de que el proyecto vuelva a comisión, ellos sometieron a votación eso y lo rechazaron y sobre eso, con 115 diputados presentes, 35 diputados del PLD salieron y a partir de ahí cualquier aprobación posterior es ilegal”, dijo Sánchez.

Y es que segundo después fue sometido el informe favorable de la comisión a votación y Pacheco lo aprobó casi de inmediato, a pesar de que supuestamente no había quorum suficiente.

Momentos después, las bancadas de oposición se levantaron de sus asientos para pedir un reconteo y Pacheco dijo que todos los que estén a favor debían pararse y al ver a todos de pie, el presidente de la Cámara dio por aprobado el nuevo préstamo.

Gustavo Sánchez calificó la acción como una “dictadura” que ha querido implementar el Partido Revolucionario Moderno “para llevar a cabo aprobaciones completamente que no responden a la Constitución ni al reglamento”.

FUENTE: Listín Diario

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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos

La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso

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A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.

La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.

Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación

La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.

El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.

Impulsarán alternativas biodegradables

Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.

La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.

También modifica el financiamiento del sistema de residuos

La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.

Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.

Aportes según el nivel de ingresos

La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.

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