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Portuaria cancela a ocho empleados por irregularidades en Puerto Plata

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La Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom) informó que por las irregularidades detectadas en el puerto de Puerto Plata fueron desvinculados ocho empleados, entre ellos el encargado de la sección de comprobación y liquidación, el supervisor general, un tarjador, el encargado de caja y de depósito, por presuntas irregularidades.

A través de un comunicado, Apordom indicó que depositó ante la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y la Contraloría General de la República un informe detallado del proceso de investigación y auditoría que se realizó en la terminal de Puerto Plata.

La documentación fue entregada a la directora de Ética, Milagros Ortiz Bosch por una comisión de Portuaria encabezada por el presidente de Consejo de Administración, Alejandro Campos, en representación del director ejecutivo, Jean Luis Rodríguez.

“Desde nuestra llegada a la institución estamos llevando a cabo procesos de auditorías internas y externas en la sede central y cada uno de los puertos administrados por Apordom, es a raíz de las mismas que logramos identificar hechos irregulares de manera preliminar y que luego trascendieron en algunos medios de comunicación”, enfatizó Campos.

Milagros Ortiz Bosch, quien dirige la entidad encargada de velar por el fiel cumplimento de los procesos éticos, garantizó que también se le daría curso a la investigación desde la Digeig.

“En nuestra gestión al frente de Apordom no hay espacios para las faltas éticas. Hemos dado paso a las demás autoridades competentes para que sean profundizadas las investigaciones y puedan ser tomadas las acciones necesarias”, afirmó Jean Luis Rodríguez en carta depositada ante la entidad gubernamental.

Mediante la comunicación, también dirigida a la Contraloría General de la República, con fecha del 18 de mayo, la institución solicitó la intervención del Puerto de Puerto Plata para profundizar en las investigaciones.

Autoridad Portuaria recordó que lleva a cabo un proceso de auditorías constantes en todos los puertos administrados por la institución, como mecanismo de control y manejo transparente de los recursos.

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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos

La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso

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A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.

La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.

Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación

La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.

El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.

Impulsarán alternativas biodegradables

Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.

La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.

También modifica el financiamiento del sistema de residuos

La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.

Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.

Aportes según el nivel de ingresos

La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.

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