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Fiscal DN pide a abogado Portorreal a entregarse para que responda por querellas de familia Rosario
La Fiscalía del Distrito Nacional llamó a Johnny Portorreal a entregarse y responder por las cientos de querellas que pesan en su contra hechas por miembros de la familia Rosario.
Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional, hizo el llamamiento a través de su cuenta de Twitter. También pidió a los demás denunciados por estafa a que se presenten ante las autoridades.
Ramos dijo que les garantiza a los acusados su integridad física y el debido proceso.
Contra el abogado Portorreal y los demás denunciados existen 283 querellas por estafa a los miembros de la familia Rosario, por el cobro de una supuesta herencia de 13 mil millones de euros.
“La mejor vía que tiene el señor Portorreal de rebatir dichas imputaciones es ante el MP (Ministerio Público)”, tuiteó Ramos.
Para Portorreal, el Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional prisión preventiva y declarar el caso complejo.
También pidió la misma medida de coerción contra Miguel de Oleo Montero (Miguelón), Hilario Amparo y Miguelina Gómez Santana, esta última ya fue detenida y está en proceso de que se le conozca medida de coerción.
Los imputados dijeron a las víctimas que el dinero fue transferido al Banco de Reservas desde las entidades financieras Santander, de España, y Banco Zurich, de Suiza. Banreservas negó que haya recibido dinero alguno al respecto.
El documento de solicitud de coerción señala que Portorreal Reyes y sus asociados cobraron desde 15 mil hasta 24 mil pesos por persona, con el ardid de hacer las diligencias del supuesto cobro.
El proceso de recepción de denuncias por estafa contra los implicados se inició el 16 de julio de 2018, cuando los querellantes empezaron a llevar sus demandas por ante el Departamento de Falsificaciones de la Fiscalía del Distrito Nacional.
FUENTE: Diario Libre
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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos
La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso
A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.
La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.
Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación
La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.
El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.
Impulsarán alternativas biodegradables
Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.
La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.
También modifica el financiamiento del sistema de residuos
La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.
Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.
Aportes según el nivel de ingresos
La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.
Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.
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