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Panorama

Pfizer está exenta de responsabilidades legales si su producto presenta fallas

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La empresa farmacéutica Pfizer no solo estará exenta de toda acción legal en caso de que incumpla con la entrega de las dosis de vacunas contra el COVID-19 contratadas, sino también en caso de que su producto no tenga éxito, desde el punto de vista técnico, clínico, reglamentario, de fabricación, despacho, almacenamiento u otros desafíos o fallas.

Indica Diario Libre que el contrato fue suscrito entre el Estado dominicano, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y Pfizer Free Zone Panamá, S. de R.L, el pasado 5 de mayo, para adquirir 10 millones de dosis de la vacuna de ARN mensajero para prevenir el COVID-19, por un monto de US$120 millones.

También, cumplió el requisito de ser aprobado en el Senado y la Cámara de Diputados.

El acápite c, de la sección 2, de dicho contrato consigna que “no obstante, los esfuerzos y fechas estimadas contemplados en el cronograma de entregas, las partes reconocen que el producto ha completado la Fase 2b/3 de ensayos clínicos”.

Además, que pese a los esfuerzos de la farmacéutica en cuanto a la investigación, desarrollo y manufactura, su producto “podría no tener éxito por razones técnicas, clínicas, reglamentarias, de fabricación, despacho, almacenamiento u otros desafíos o fallas”.

En cualquiera de esos casos, expresa el documento, la Pfizer y sus filiales no tendrán responsabilidad alguna por omisiones a la hora de desarrollar el producto u obtener su autorización en las fechas estimadas descritas en el contrato.

En la sección 2, acápite b, sobre el suministro del producto, expresa que “el comprador (República Dominicana) reconoce y acepta que los esfuerzos de Pfizer para desarrollar y fabricar el producto son ambiciosos y están sujetos a riesgos e incertidumbres significativos”.

Asimismo, en el contrato se establece que la farmacéutica “no tendrá responsabilidad alguna por la omisión de entregar dosis en las fechas estimadas de entrega contempladas en el mismo documento. Añade que “esa omisión no dará al comprador (República Dominicana) derecho para anular pedidos por cualquier cantidad del producto”

Además, señala que si se recibe la autorización antes del 20 de junio de 2021, pero para el 31 de diciembre del mismo año la farmacéutica no está en capacidad de fabricar o entregar las dosis contratadas por motivos técnicos o de otra índole, la Pfizer no estará obligada a realizar la entrega conforme al cronograma de entregas.

Esfuerzos razonables
En varias partes del contrato se insiste en que la Pfizer hará “esfuerzos razonables” para cumplir con el acuerdo establecido.

El comprador, es decir, la República Dominicana, reconoce que la empresa farmacéutica no aceptará bajo ninguna circunstancia devoluciones del producto o de dosis del mismo.

Establece que el gobierno dominicano deberá realizar un pago inicial de US$20 millones, calculado por US$2 dólares por dosis,multiplicado por las 9,999,990 dosis contratadas.

Dicho pago deberá hacerse dentro de los 15 días siguientes al recibo de la factura de Pfizer.

Cada envío deberá ser pagado de forma anticipada por al menos cinco días previos a la fecha estimada del envio del producto, establece el documento.

El acuerdo de compra establece que “todo monto que deba ser pagado por una de las partes en este contrato, que no sea cancelado en la fecha de su vencimiento, causará intereses, en la medida que la ley lo permita, del 5 % por encima de la tasa LIBOR vigente en la fecha del vencimiento del pago”.

Otro requerimiento establecido es que las autoridades dominicanas no revendrán, exportarán, transferirán, donarán, no distribuirán el producto, directa o indirectamente, sin el consentimiento previo por escrito de la Pfizer.

En el caso de que el producto deba ser retirado del mercado, el gobierno de la República Dominicana correrá con los costos correspondientes.

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Director PN y Diputada dan por ‘superado’ incidente en Elías Piña

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El director general de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, y la diputada Millys Martínez sostuvieron un encuentro en el que abordaron el incidente ocurrido en la provincia Elías Piña entre agentes y la legisladora.

De acuerdo con un comunicado, ambas partes acordaron dar por «superada» la situación, «reafirmando su compromiso con el diálogo, el respeto mutuo y la colaboración institucional en beneficio de la ciudadanía».

Durante el pasado fin de semana, Martínez protagonizó un encontronazo con varios policías durante el pasado fin de semana, en el cuál terminó esposada junto a otra persona.

“Me están apretando, suéltenme…”, se escuchó decir la diputada en un video de la trifulca.

Un día después, la Policía Nacional comenzó una investigación para «esclarecer» las circunstancias incidente.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, comunicó que el inspector general de la Policía Nacional, general Martín Tapia Sánchez, se movilizó a la zona por instrucciones del director general, Ernesto Rodríguez García, para realizar un levantamiento y escuchar las versiones involucradas.

Asimismo, Pesqueira aseguró que si se comprueba que algún agente «incurrió» en excesos, los responsables serán sometidos a la jurisdicción correspondiente y se aplicarán las sanciones, según las normas de la institución.

REACCIONES DE LOS DIPUTADOS
La noche del incidente, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, condenó el «intento de arresto» de la legisladora.

“Condenamos la agresión. El respeto a la Constitución y a las garantías que protegen la función legislativa debe prevalecer en toda actuación de las autoridades”, manifestó a través de X.

Además, en la sesión del pasado martes en la Cámara Baja, los diputados abandonaron el hemiciclo en protesta de la «agresión» de la que fue objeto Martínez.

LA VERSIÓN DE Millys Martínez
En la referida sesión, la diputada ofreció su versión de lo ocurrido.

La legisladora del Partido Revolucionario Moderno (PRM) dijo que intentó ayudar a un joven que fue intervenido por miembros del cuerpo policial.

«Este joven lo vi en peligro. A las 5:00 de la tarde, cuando la policía (dice) que no se puede (poner música), aún yo habiendo querido intermediar con (la policía), les digo que no se puede”, exclamó.

Sin embargo, Martínez afirmó que a pesar de que acató la limitación emitida por los agentes policiales, el joven iba a ser «maltratado».

La congresista utilizó su ponencia en la sesión legislativa para cuestionar el accionar de los agentes, afirmando que fue víctima de un “agresión y un atropello”.

“Si una diputada es víctima de semejante abuso…, ¿qué se puede esperar del agricultor, motorista o cualquier ciudadano que tiene una tribuna para denunciarlo?”, manifestó.

De manera similar, la representante de Elías Piña le solicitó al presidente Luis Abinader que garantice una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos.

NO SE HAN PUBLICADO LA INVESTIGACIÓN
A pesar de que en el mencionado comunicado la Policía Nacional y la diputada, ambas partas dan por «superado» el incidente, al momento de la publicación de este texto no se ha hecho público los resultados de la investigación anunciada por la entidad del orden y solicitada por Millys Martínez.

LD

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Diputados abandonan sesión en rechazo a agresión policial a legisladora

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La diputada Millys Martínez utilizó este martes la sesión ordinaria del órgano legislativo para hablar sobre la “agresión policial” que recibió mientras participaba en las fiestas patronales de su pueblo, Elías Piña.

Tras más de 24 horas de silencio, la congresista compartió su versión sobre cómo fue “atropellada” el pasado domingo en las celebraciones realizadas en el municipio Comendador.

Diputada del PRM por la provincia de Elías Piña, Millys Martínez.

Además, cuestionó el silencio de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien antes solía “hablar sobre derechos y calla”, ante la situación que le afectó.

Tras terminar sus declaraciones desde una de las curules del hemiciclo, los congresistas se pusieron de pie, levantaron sus manos y giraron las muñecas, simulando aplausos por las palabras de Martínez.

En cuestión de segundos, el salón situado en el Congreso Nacional se convirtió en un espacio grande vacío, ya que los diputados decidieron salir para utilizar sus ausencias como una muestra de solidaridad con la diputada “agredida”.

El presidente diputado, Alfredo Pacheco, no tuvo otra opción que suspender la sesión, ya que no contaban con el cuórum requerido por la Constitución para continuar conociendo los proyectos de resolución y de ley.

Únicamente, 23 de 190 diputados se mantuvieron presentes. La mayoría de los legisladores, sin importar partidos políticos, se unificaron.

“Esto es un vejamen a la Constitución. No creo que sea una política de la Policía Nacional, pero ese comportamiento no puede pasar por alto. Más allá de a la persona (la agresión policial a la diputada) es una violación a la Constitución”, expresó el diputado Wandy Batista.

Pacheco deploró que los diputados hayan abandonado la sesión, ya que, según considera, “ninguna situación que ocurra extra hemiciclo da razones para que se abandonen los trabajos legislativos”.

“Ante una situación mal hecha no debemos responder con otra mal hecha”, dijo a los reporteros presentes en el Congreso.

Aseguró que en sus funciones como diputado siempre ha sido partidario “de que los trabajos del pleno nunca se abandonan por ninguna circunstancia”.

“Cuando fui vocero de bancadas del PRD y PRM, casi nunca marqué la retirada porque entiendo que ante cualquier circunstancia el trabajo debe prevalecer”, precisó.

Pacheco entiende que la prudencia debe regir la forma en que se reclaman los derechos.

“Hay muchas veces que uno, teniendo la razón en la forma como reclama, entonces puede perder la razón”, indicó.

¿Un diputado puede ser detenido por la policía?
Los 190 diputados y 32 senadores de la República Dominicana disponen de una inmunidad parlamentaria que les otorga la Carta Magna.

La protección está situada en el artículo 84, que establece únicamente dos causales para que estos puedan ser apresados por la Policía y el Poder Judicial.

La anteriormente mencionada: debe ser sorprendido cometiendo algún delito o enviar una misiva a la cámara legislativa que pertenece el representante solicitando el retiro de la protección.

No obstante, la norma suprema aclara en el artículo 87 que la intención no es ofrecerle al congresista un “privilegio personal”, sino garantizar el correcto desarrollo del período legislativo.

Vía Listín Diario

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