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Dominicanos defendieron el río Masacre en protesta en Dajabón

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Dajabón. Cientos de nacionalistas y parceleros de Dajabón marcharon por las principales calles en demanda de que Haití detenga la construcción de un canal de riego que afectaría la producción a través del río Masacre y llamaron a derribarle el muro.
Pidieron al mandatario, Luis Abinader definir si es presidente de los dominicanos o de Haití.

Además, demandaron la renuncia del canciller dominicano, Roberto Álvarez, al tiempo que llamaron traidor al alcalde Santiago Riverón.

El grupo, que caminó por las principales calles, hizo una parada frente al consulado haitiano en Dajabón, donde llamaron a los haitianos a desistir de su propósito porque de lo contrario “correrá la sangre si es necesario”.

Los principales cabecillas del grupo nacionalista G10, Manuel Nicolás Solano, la diputada Sonia Agüero, del PLD por Dajabón; el regidor Víctor Hugo del Carrasco, del PRM; José María Rivera y Julio Solano, aseguraron que no tienen miedo.

La marcha fue custodiada por un amplio dispositivo policial y militar, al mando de los generales de brigada José Delio Mora, de la Policía y Miguel Ángel Burgo, del ERD.

Manuel Nicolás Solano dijo que el río Masacre no es negociable. “El masacre es dominicano y los patriotas de este país lo vamos a defender, para que no ocurra como los hospitales que los han entregado a Haití, con todos sus servicios”.

Sostuvo que “nos quitaron los trabajos, las medicinas, atenciones de salud y no vamos a permitir que nos lleven el agua, por eso llamamos al pueblo dominicano a derribar los muros del canal en masa”.

La diputada Sonia Agüero pidió reunirse a protestar en la Plaza de la Bandera, para defender la República Dominicana.

FUENTE: El Caribe

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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos

La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso

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A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.

La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.

Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación

La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.

El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.

Impulsarán alternativas biodegradables

Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.

La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.

También modifica el financiamiento del sistema de residuos

La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.

Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.

Aportes según el nivel de ingresos

La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.

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