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Por falta de cédula, niegan vacuna a anciana de 88 años

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A sus 88 años y poca movilidad, una anciana residente en Haina espera ansiosa a ser vacuna contra el coronavirus, pero la falta de cédula de identidad debido a un error en el registro civil ha sido el impedimento para que el centro de inoculación acceda a inmunizarla.

Pese a su avanzada edad, su estado de vulnerabilidad y residir en una zona de alta incidencia de la pandemia, Eufemia de Jesús Crucey no ha logrado ser inmunizada y teme contagiarse de covid-19.

Indica Noticias SIn que Crucey, nacida en 1933 en San Francisco de Macorís reside sola en su vivienda en el barrio La Pared de Haina desde que enviudó hace cuatro años.

Dado que durante este periodo de vacunación sólo se inocula a dominicanos y extranjeros residentes en el país, las autoridades sanitarios exigen la presentación de la cédula de identidad para ser inmunizados.

Por ello, Crucey lamentó que mientras ella ansía recibir la vacuna, muchos jóvenes que no tienen impedimento alguno para ser inoculados se resistan a inmunizarse.

Tratar de corregir el error en el registro civil y obtener su cédula para así ser aceptada en un centro de vacunación ha sido para Crucey una odisea.

Linares destacó que por la carencia del documento de identidad, su tía tampoco ha recibido ayudas sociales, incluido seguro médico y los bonos del programa Quédate en Casa.

Ahora doña Eufemia de Jesús Crucey solo apela a la sensatez de las autoridades para obtener su documento de identidad que le permita poner fin a su mayor preocupación que es vacunarse.

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A partir de diciembre quedará prohibido el uso de vasos foam y otros plásticos

La medida forma parte de una reforma a la Ley 225-20 y busca reducir el impacto ambiental provocado por los residuos plásticos de un solo uso

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A partir del próximo mes de diciembre, en la República Dominicana estará prohibida la importación y el uso de diversos utensilios elaborados en plástico, entre ellos sorbetes, tenedores, cuchillos y cucharas.

La disposición forma parte de la reforma a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, aprobada recientemente por el Congreso Nacional.

Prohibición entrará en vigencia seis meses después de la promulgación

La legislación establece que la restricción comenzará a aplicarse seis meses después de la promulgación de la reforma, plazo otorgado para que importadores, comerciantes y demás sectores puedan adaptarse a las nuevas disposiciones.

El texto legal prohíbe la importación de sorbetes, cubiertos plásticos, vasos y otros artículos fabricados con poliestireno expandido (foam) que no cuenten con una certificación de biodegradabilidad conforme a los criterios establecidos por la ley.

Impulsarán alternativas biodegradables

Como parte de la iniciativa, las autoridades promoverán el uso de productos elaborados con materiales de menor impacto ambiental, como papel o cartón reciclado y biodegradable, bagazo de caña de azúcar, bambú, fibras vegetales, materiales compostables y otros componentes biodegradables debidamente certificados.

La intención es disminuir la generación de residuos plásticos de un solo uso y fomentar el consumo de opciones más sostenibles.

También modifica el financiamiento del sistema de residuos

La reforma no solo introduce restricciones a determinados productos, sino que también modifica aspectos relacionados con el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos.

Entre los cambios figura la creación de una contribución especial obligatoria que deberán realizar las personas jurídicas, entidades públicas, patrimonios autónomos y otras organizaciones que reporten ingresos anuales ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los recursos obtenidos serán destinados a un fondo para apoyar acciones orientadas a reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos.

Aportes según el nivel de ingresos

La normativa dispone que las entidades cuyos ingresos anuales se encuentren entre cero y cinco millones de pesos deberán realizar un aporte de RD$5,000. A partir de ese monto, las contribuciones aumentarán conforme a la escala establecida en la legislación.

Tras su aprobación en el Senado, el proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, que deberá decidir si lo promulga o realiza observaciones antes de su entrada en vigor.

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