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Jean Alain Rodríguez escribe carta a Abinader; dice que teme por su vida por declaraciones Ángel Rondón

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El exprocurador Jean Alain Rodríguez expresó que teme por su vida y la de su familia tras las declaraciones de Ángel Rondón, principal imputado del caso Odebrecht, de querer asesinarlo.

En una misiva enviada al presidente Luis Abinader, Jean Alain Rodríguez indicó que Rondón expresó «de forma pública, clara y abierta durante una entrevista en Acento TV, su deseo de asesinarme, solo limitando la ejecución del acto a no tener un instinto criminal».

«Pongo en conocimiento la grave situación que atenta contra mi propia vida y la de mi familia ya que en fecha 26 de mayo de los corrientes, el ciudadano Ángel Rondón, imputado del caso Odebrecht, expresó de forma pública, clara y abierta durante el programa Acento TV, su deseo de asesinarme, solo limitando la ejecución del acto a no tener un instinto criminal. Es importante recordar que el Sr. Rondón durante el ejercicio de mis funciones como Procurador General de la República (2016-2020), y en estricto apego a las leyes, fue sometido a la justicia», dice la carta enviada al presidente Abinader por Jean Alain Rodríguez.

Rodríguez dijo que «este acto llama a preocupación, pues se trata de un individuo que ha sido acusado de escandalosos actos criminales que incluyen el desfalco en el Plan Renove, fraude al Baninter y de corrupción en el caso Odebretch, por el cual las autoridades norteamericanas han manifestado formalmente tener un alto interés, a través de la ordenanza presidencial No. 13818 de fecha 20 de diciembre del 2017, colocándolo dentro de un listado de criminales sancionados bajo la Ley Global Magnitsky, siendo Ángel Rondón Rijo el segundo de la lista junto a presuntos criminales internacionales como Mukhtar Hamid; Sergey Kusiuky y Julio Antonio Juárez, acusados de asesinatos y graves crimenes contra la humanidad».

Igualmente el exprocurador manifestó preocupación por Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y también imputado del caso Odebrecht, quien quiso agredirlo frente a periodistas en fecha 8 de febrero 2021.

«Otro hecho que debe mover a alta preocupación y atención de los organismos de seguridad, lo constituye también las amenazas constantes de agresión física a un servidor realizadas por parte del ciudadano Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas y también imputado del caso Odebrecht, quien en fecha 8 de febrero del 2021, frente a numerosos periodistas, expresó su intención de agresión física en momento próximo», explica en la misiva.

«La Ley Global Magnitsky fue aprobada en el año 2012 con el fin de sancionar a funcionarios rusos implicados en el asesinato del contador y auditor Sergei Magnitsky, quien fue asesinado precisamente tras revelar un sonado caso de corrupción, con gran similitud al caso Odebrecht», señaló Rodríguez.

A continuación la carta íntegra del exprocurador Jean Alain Rodríguez al presidente Luis Abinader:

Espero que al recibir esta misiva se encuentre muy bien y en salud, deseándole nueva vez el mejor de los éxitos en su gestión, a favor y en beneficio de todo el pueblo dominicano, mas aún en lamentables tiempos de pandemia.

El pasado 16 de agosto del 2020 usted fue juramentado como presidente constitucional de todos los dominicanos, incluyéndome, asumiendo de esa forma las responsabilidades propias del cargo que le atribuye la Carta Magna, quien como Jefe de Estado, le corresponde ser la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás cuerpos de seguridad del Estado; y así, con arreglo a la ley, mandarlas por sí mismo y disponer de ellas para fines del servicio público (Art. 128 Constitución Dominicana).

Precisamente en esa condición de Jefe de Estado, pongo en conocimiento la grave situación que atenta contra mi propia vida y la de mi familia ya que en fecha 26 de mayo de los corrientes, el ciudadano Ángel Rondón, imputado del caso Odebrecht, expresó de forma pública, clara y abierta durante el programa Acento TV, su deseo de asesinarme, solo limitando la ejecución del acto a no tener un instinto criminal. Es importante recordar que el Sr. Rondón durante el ejercicio de mis funciones como Procurador General de la República (2016-2020), y en estricto apego a las leyes, fue sometido a la justicia.

Este acto llama a preocupación, pues se trata de un individuo que ha sido acusado de escandalosos actos criminales que incluyen el desfalco en el Plan Renove, fraude al Baninter y de corrupción en el caso Odebretch, por el cual las autoridades norteamericanas han manifestado formalmente tener un alto interés, a través de la ordenanza presidencial No. 13818 de fecha 20 de diciembre del 2017, colocándolo dentro de un listado de criminales sancionados bajo la Ley Global Magnitsky, siendo Ángel Rondón Rijo el segundo de la lista junto a presuntos criminales internacionales como Mukhtar Hamid; Sergey Kusiuky y Julio Antonio Juárez, acusados de asesinatos y graves crimenes contra la humanidad.

La Ley Global Magnitsky fue aprobada en el año 2012 con el fin de sancionar a funcionarios rusos implicados en el asesinato del contador y auditor Sergei Magnitsky, quien fue asesinado precisamente tras revelar un sonado caso de corrupción, con gran similitud al caso Odebrecht.

Otro hecho que debe mover a alta preocupación y atención de los organismos de seguridad, lo constituye también las amenazas constantes de agresión fisica a un servidor realizadas por parte del ciudadano Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas y también imputado del caso Odebrecht, quien en fecha 8 de febrero del 2021, frente a numerosos periodistas, expresó su intención de agresión fisica en momento próximo.

Estas expresiones, no motivarían a preocupación si se tratara de un ciudadano sin historial criminal o delictivo y no de un individuo que en diversas ocasiones ha agredido físicamente a diversos ciudadanos, entre ellos al entonces Secretario de Estado Félix Bautista y al jurista Julio Cury, pero mas alarmante aún, es que se trata de un sujeto señalado en diversas ocasiones de actos de corrupción, que guardó prisión por orden del Juez de la Suprema Corte Francisco Ortega Polanco y que también es de altísimo interés para los Estados Unidos de América por los graves hechos cometidos contra el erario en el marco del caso Odebrecht y las contundentes evidencias en su contra, conforme el expediente acusatorio.

Ambos casos señor presidente, delicados por sí mismos, aumentan su gravedad al haber sido realizados a través de medios de comunicación o directamente a periodistas en plazas públicas, convirtiéndolos en actos de amenaza de orden público, sin haber intervenido a la fecha las autoridades de forma alguna, lo cual mueve a suponer que estas personas se consideran protegidas y preservadas por algunas autoridades que velan por su impunidad o que incluso estén dispuestos a colaborar en eventuales actos criminales.

Señor presidente, nuestros ciudadanos aspiran a una República Dominicana dentro de un verdadero estado social, democrático y de derecho, donde se respete la vida humana y se persiga y castigue la corrupción, sin que esa lucha atente contra la vida humana. El caso que ha generado estas inequívocas amenazas, se trata del caso más serio de corrupción que ha visto nuestra historia, recibiendo el expediente inicial Odebrecht desde Brasil con los nombres, apellidos y detalles de personas señaladas como receptores de sobornos y el Ministerio Público como institución, no Jean Alain Rodríguez, sometió a la justicia con mas de 1,700 pruebas a aquellos que tenían evidencias sostenibles en un tribunal, quedando pendiente continuar la investigación para incluir cualquier otra persona no señalada en esos documentos, investigación que continua en gran parte en manos del mismo ministerio público que investigó y trabajó dicho expediente inicial, necesitando entonces esta institución la protección del Estado para salvaguardar la integridad física y moral, sin intimidación alguna y así contar con una verdadera justicia independiente con los resultados y condenas que el pueblo dominicano tanto espera y que con ojo visor observa la comunidad internacional.

Extiendo esta denuncia personalmente a usted, atendiendo a que la Procuradora General actual presentó formal inhibición para tratar cualquier asunto relacionado con el expediente relativo a las personas procesadas en el caso Odebrecht.

Es por eso y su responsabilidad como jefe constitucional de los organismos de seguridad del Estado, que pongo de su conocimiento esta grave situación, para los fines que considere de lugar.

FUENTE: ElDia.com.do

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Renuncia el equipo completo de Comunicación Alcaldía SDE

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A solo horas del nombramiento de Jhonatan Liriano como vocero oficial de la Alcaldía de este municipio, renunció ayer el equipo completo de comunicación de dicha institución, por la falta de apoyo recibido por parte del alcalde Manuel Jiménez.

Así lo reveló una fuente este miércoles a El Nuevo Diario, la cual destacó que en más de un año que el equipo se mantuvo en la posición, nunca recibió el apoyo económico y logístico necesario para trazar sus políticas comunicacionales.

Los renunciantes son Nilda Alaniz, quien era la encargada de Comunicación y cuya decisión es “irrevocable”, de acuerdo a la fuente; Eloy Tejeda, encargado de Relaciones Públicas, y José Antonio Aybar, entre otros empleados.

“Ese equipo siempre tuvo muchas carencias para hacer el trabajo que debieron hacer, pero no lo tuvo”, manifestó la fuente.

La misma agregó que Alaniz, Eloy y José Antonio “sabían el trabajo que debían hacer, pero si no lo dejaban accionar, sino simplemente los llamaban cuando el lío estaba armado, no estaban haciendo su trabajo”.

Sumado a esto, la fuente reveló que los comunicadores nunca tuvieron un presupuesto asignado, lo que les imposibilitó ayudar a aquellas personas que siempre colaboraban con ellos.

Al hacer contacto con Alaniz y Eloy, estos confirmaron su renuncia y aprovecharon para agradecer a todos los comunicadores que siempre le apoyaron.

Asimismo, sostuvieron que pese a su renuncia, el alcalde Jiménez puede contar con ellos.

Dijeron que en lo adelante harían un comunicado público para ofrecer otros detalles sobre su decisión.

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Estado se querella contra Jiménez Bichara, hermano y dos cuñados de Danilo Medina

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Tras los hallazgos en las investigaciones y auditorias realizadas en las empresas distribuidoras de electricidad, el Estado dominicano ha presentado hoy por ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), una querella penal con constitución en actor civil contra un presunto entramado criminal de personas y empresas que estafaron al Estado a través de las EDEs más de RD$ 20,000 millones.

En un comunicado de prensa se indicó que se les acusa de estafa agravada en contra del Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos, falsedad en documentos privados y uso de documentos falsos, asociación de malhechores y soborno a funcionarios.

Los imputados son Rubén Jiménez Bichara (ex vicepresidente ejecutivo de la CDEEE), Luis Ernesto de León Núñez (ex administrador general de Edeeste), Rubén Montás Domínguez y Radhamés del Carmen Maríñez (ambos (ex administradores generales de Edesur), Julio César Correa (ex administrador general de Edenorte), Maxy Gerardo Montilla Sierra y Alexander Montilla Sierra (ambos hermanos de la ex primera dama Candy Montilla de Medina), Juan Alexis Medina Sánchez (hermano del expresidente Danilo Medina) y Messin Elías Márquez Sarraff, Domingo Antonio Santiago, Miguel Antonio Reyes Reyes, Peter Alexis Francisco Tejada y Dileisi de Jesús Rivera, así como Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda (también imputados en el caso Pulpo) y más de 25 empresas nacionales que fueron presuntamente parte del entramado mafioso contra las cuales en el día de hoy se interpuso la querella.

Andrés Astacio, vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, señaló que “la presente querella tiene como objeto poner en conocimiento del Ministerio Público este entramado fraudulento destinado a cometer crímenes en contra del Estado Dominicano, en su calidad de accionista mayoritario de las empresas, así como de las propias EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, a partir de las contrataciones públicas amañadas, fraudulentas y sobrevaloradas realizadas en violación de las leyes de la República”.

El equipo jurídico contratado, coordinado por el Dr. Miguel Valerio e integrado por prestigiosos abogados y firmas dominicanas de Derecho, ha realizado en los últimos meses auditorías en cada una de las EDEs, con la revisión de cientos de procesos, estudios de miles de páginas de documentos, entrevistas, análisis forenses, entre otras vías de actuación. Estos trabajos han evidenciado el modus operandi de la estructura mafiosa que operaba y han permitido cuantificar los montos envueltos en cada una de las operaciones realizadas.

Las intensas indagaciones han puesto en evidencia que EDESUR, EDENORTE y EDEESTE han acumulado un gran déficit funcional y operativo debido a las pérdidas insalvables producto de la corrupción y el manejo fraudulento de sus recursos por quienes estaban llamados a administrarlos de manera pulcra y honrada.

El entramado corrupto gestó un premeditado operativo basado en: a) contrataciones amañadas e ilegales, en donde se sobrevaloraban los costos de los bienes y servicios prestados; b) se adquirían bienes y servicios que no se necesitaban; c) se contrataban personas y empresas vinculadas que, muchas veces, no eran los mejores proveedores ni se encontraban capacitados para serlo, y, d) en muchas ocasiones se erogaban fondos de manera directa en manos de personas allegadas cuando no se correspondía.

El fraude contra el Estado, indica la querella, no se realizó únicamente a través de contrataciones ilícitas en las EDEs sino que también era ejecutado directamente con la CDEEE, a través de licitaciones manejadas a favor de los hoy querellados, incluso cuando dichos procesos eran realizados con fondos provenientes de facilidades crediticias otorgadas por organismos internacionales.

En la querella se solicita a la PEPCA que inicie las investigaciones pertinentes para determinar la ocurrencia de los hechos punibles y sus responsables, especialmente a los miembros de los comités de compras y contrataciones, y a los miembros de los Consejos de Administración de las EDEs que ocuparon sus cargos en el periodo 2012 a agosto de 2020. Asimismo, se pide al juez de instrucción la imposición de medidas de coerción, atendiendo a la gravedad de las circunstancias reveladas y ante el peligro de destrucción de evidencias por parte de los imputados.

Por último, el Estado, EDENORTE, EDESUR y EDEESTE, como actores civiles, solicitan evaluar, provisionalmente y de manera preliminar, en la suma de RD$ 50,000 millones el monto resarcitorio a ser pagado por los querellados como justa reparación por los daños y perjuicios ocasionados en perjuicio del Estado dominicano, más los intereses judiciales y accesorios que pudieren derivarse de dicha suma.

FUENTE: Diario Libre

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