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Panorama

Jean Alain Rodríguez escribe carta a Abinader; dice que teme por su vida por declaraciones Ángel Rondón

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El exprocurador Jean Alain Rodríguez expresó que teme por su vida y la de su familia tras las declaraciones de Ángel Rondón, principal imputado del caso Odebrecht, de querer asesinarlo.

En una misiva enviada al presidente Luis Abinader, Jean Alain Rodríguez indicó que Rondón expresó «de forma pública, clara y abierta durante una entrevista en Acento TV, su deseo de asesinarme, solo limitando la ejecución del acto a no tener un instinto criminal».

«Pongo en conocimiento la grave situación que atenta contra mi propia vida y la de mi familia ya que en fecha 26 de mayo de los corrientes, el ciudadano Ángel Rondón, imputado del caso Odebrecht, expresó de forma pública, clara y abierta durante el programa Acento TV, su deseo de asesinarme, solo limitando la ejecución del acto a no tener un instinto criminal. Es importante recordar que el Sr. Rondón durante el ejercicio de mis funciones como Procurador General de la República (2016-2020), y en estricto apego a las leyes, fue sometido a la justicia», dice la carta enviada al presidente Abinader por Jean Alain Rodríguez.

Rodríguez dijo que «este acto llama a preocupación, pues se trata de un individuo que ha sido acusado de escandalosos actos criminales que incluyen el desfalco en el Plan Renove, fraude al Baninter y de corrupción en el caso Odebretch, por el cual las autoridades norteamericanas han manifestado formalmente tener un alto interés, a través de la ordenanza presidencial No. 13818 de fecha 20 de diciembre del 2017, colocándolo dentro de un listado de criminales sancionados bajo la Ley Global Magnitsky, siendo Ángel Rondón Rijo el segundo de la lista junto a presuntos criminales internacionales como Mukhtar Hamid; Sergey Kusiuky y Julio Antonio Juárez, acusados de asesinatos y graves crimenes contra la humanidad».

Igualmente el exprocurador manifestó preocupación por Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y también imputado del caso Odebrecht, quien quiso agredirlo frente a periodistas en fecha 8 de febrero 2021.

«Otro hecho que debe mover a alta preocupación y atención de los organismos de seguridad, lo constituye también las amenazas constantes de agresión física a un servidor realizadas por parte del ciudadano Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas y también imputado del caso Odebrecht, quien en fecha 8 de febrero del 2021, frente a numerosos periodistas, expresó su intención de agresión física en momento próximo», explica en la misiva.

«La Ley Global Magnitsky fue aprobada en el año 2012 con el fin de sancionar a funcionarios rusos implicados en el asesinato del contador y auditor Sergei Magnitsky, quien fue asesinado precisamente tras revelar un sonado caso de corrupción, con gran similitud al caso Odebrecht», señaló Rodríguez.

A continuación la carta íntegra del exprocurador Jean Alain Rodríguez al presidente Luis Abinader:

Espero que al recibir esta misiva se encuentre muy bien y en salud, deseándole nueva vez el mejor de los éxitos en su gestión, a favor y en beneficio de todo el pueblo dominicano, mas aún en lamentables tiempos de pandemia.

El pasado 16 de agosto del 2020 usted fue juramentado como presidente constitucional de todos los dominicanos, incluyéndome, asumiendo de esa forma las responsabilidades propias del cargo que le atribuye la Carta Magna, quien como Jefe de Estado, le corresponde ser la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás cuerpos de seguridad del Estado; y así, con arreglo a la ley, mandarlas por sí mismo y disponer de ellas para fines del servicio público (Art. 128 Constitución Dominicana).

Precisamente en esa condición de Jefe de Estado, pongo en conocimiento la grave situación que atenta contra mi propia vida y la de mi familia ya que en fecha 26 de mayo de los corrientes, el ciudadano Ángel Rondón, imputado del caso Odebrecht, expresó de forma pública, clara y abierta durante el programa Acento TV, su deseo de asesinarme, solo limitando la ejecución del acto a no tener un instinto criminal. Es importante recordar que el Sr. Rondón durante el ejercicio de mis funciones como Procurador General de la República (2016-2020), y en estricto apego a las leyes, fue sometido a la justicia.

Este acto llama a preocupación, pues se trata de un individuo que ha sido acusado de escandalosos actos criminales que incluyen el desfalco en el Plan Renove, fraude al Baninter y de corrupción en el caso Odebretch, por el cual las autoridades norteamericanas han manifestado formalmente tener un alto interés, a través de la ordenanza presidencial No. 13818 de fecha 20 de diciembre del 2017, colocándolo dentro de un listado de criminales sancionados bajo la Ley Global Magnitsky, siendo Ángel Rondón Rijo el segundo de la lista junto a presuntos criminales internacionales como Mukhtar Hamid; Sergey Kusiuky y Julio Antonio Juárez, acusados de asesinatos y graves crimenes contra la humanidad.

La Ley Global Magnitsky fue aprobada en el año 2012 con el fin de sancionar a funcionarios rusos implicados en el asesinato del contador y auditor Sergei Magnitsky, quien fue asesinado precisamente tras revelar un sonado caso de corrupción, con gran similitud al caso Odebrecht.

Otro hecho que debe mover a alta preocupación y atención de los organismos de seguridad, lo constituye también las amenazas constantes de agresión fisica a un servidor realizadas por parte del ciudadano Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Públicas y también imputado del caso Odebrecht, quien en fecha 8 de febrero del 2021, frente a numerosos periodistas, expresó su intención de agresión fisica en momento próximo.

Estas expresiones, no motivarían a preocupación si se tratara de un ciudadano sin historial criminal o delictivo y no de un individuo que en diversas ocasiones ha agredido físicamente a diversos ciudadanos, entre ellos al entonces Secretario de Estado Félix Bautista y al jurista Julio Cury, pero mas alarmante aún, es que se trata de un sujeto señalado en diversas ocasiones de actos de corrupción, que guardó prisión por orden del Juez de la Suprema Corte Francisco Ortega Polanco y que también es de altísimo interés para los Estados Unidos de América por los graves hechos cometidos contra el erario en el marco del caso Odebrecht y las contundentes evidencias en su contra, conforme el expediente acusatorio.

Ambos casos señor presidente, delicados por sí mismos, aumentan su gravedad al haber sido realizados a través de medios de comunicación o directamente a periodistas en plazas públicas, convirtiéndolos en actos de amenaza de orden público, sin haber intervenido a la fecha las autoridades de forma alguna, lo cual mueve a suponer que estas personas se consideran protegidas y preservadas por algunas autoridades que velan por su impunidad o que incluso estén dispuestos a colaborar en eventuales actos criminales.

Señor presidente, nuestros ciudadanos aspiran a una República Dominicana dentro de un verdadero estado social, democrático y de derecho, donde se respete la vida humana y se persiga y castigue la corrupción, sin que esa lucha atente contra la vida humana. El caso que ha generado estas inequívocas amenazas, se trata del caso más serio de corrupción que ha visto nuestra historia, recibiendo el expediente inicial Odebrecht desde Brasil con los nombres, apellidos y detalles de personas señaladas como receptores de sobornos y el Ministerio Público como institución, no Jean Alain Rodríguez, sometió a la justicia con mas de 1,700 pruebas a aquellos que tenían evidencias sostenibles en un tribunal, quedando pendiente continuar la investigación para incluir cualquier otra persona no señalada en esos documentos, investigación que continua en gran parte en manos del mismo ministerio público que investigó y trabajó dicho expediente inicial, necesitando entonces esta institución la protección del Estado para salvaguardar la integridad física y moral, sin intimidación alguna y así contar con una verdadera justicia independiente con los resultados y condenas que el pueblo dominicano tanto espera y que con ojo visor observa la comunidad internacional.

Extiendo esta denuncia personalmente a usted, atendiendo a que la Procuradora General actual presentó formal inhibición para tratar cualquier asunto relacionado con el expediente relativo a las personas procesadas en el caso Odebrecht.

Es por eso y su responsabilidad como jefe constitucional de los organismos de seguridad del Estado, que pongo de su conocimiento esta grave situación, para los fines que considere de lugar.

FUENTE: ElDia.com.do

Panorama

Cholitín propone otra ‘ley mordaza’ dizque para frenar el ‘discurso de odio’ en plataformas digitales

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El Senado de la República recibió el pasado 2 de mayo un proyecto depositado por el Poder Ejecutivo que busca reformar la Ley 61-32 sobre Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento, adaptándola a los desafíos actuales ocasionados por los medios de comunicaciones digitales.

A este suma otro proyecto que fue entregado también a la cámara alta. Aunque no alteraría la Ley 61-32, crearía una nueva para regular el contenido difundido a través de las plataformas masivas, incluyendo los tradicionales y digitales: Una pieza que pretende “prevenir, tipificar y sancionar los discursos de odio” en el país.

El documento legislativo elaborado por el senador de La Altagracia, Rafael Duluc, coloca de definición al “discurso de odio” toda expresión oral, escrita, gráfica, audiovisual o digital que incite al odio, “hostilidad, discriminación o violencia contra una persona o grupo por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, etnia, religión, discapacidad, condición migratoria, lengua, condición socioeconómica o cualquier otra condición de identidad o pertenencia”.

Castigos
Las sanciones para quienes cometan este delito serían prisión de uno a tres años y una multa de 10 a 50 salarios mínimos del sector público.

Mientras que para los que “nieguen, minimicen o justifiquen públicamente” crímenes de odio, genocidios o de lesa humanidad reconocidos por tribunales serían penalizados con cárcel de seis meses a dos años, junto a una multa de hasta 30 salarios mínimos.

Asimismo, establece que cuando el discurso de odio se difunda por redes sociales, plataformas digitales, medios electrónicos o servicios de mensajería, además de las penas previstas, el juez podría imponer la prohibición de uso de dichas plataformas por hasta tres años.

Las penas recibirían en los tribunales agravantes en los casos en que el hecho sea cometido por un funcionario público, docente, líder religioso o autoridad comunitaria. Además, cuando este ocurra en centros educativos, sanitarios, religiosos o penitenciarios y el discurso incite a cometer actos de violencia física o material contra personas o bienes.

Derechos y garantías
Según sugiere el proyecto, las víctimas de discurso de odio tendrían derecho a recibir medidas de reparación integral, incluyendo disculpas públicas, compensación económica, medidas de restitución y garantías de no repetición.

De aprobarse la ley en ambas cámaras del Poder Legislativo, el Congreso Nacional le ordenaría al Ministerio Público crear una unidad especializada en la investigación y persecución del discurso de odio, con personal capacitado en derechos humanos, tecnologías digitales y análisis del lenguaje discriminatorio.

“Las personas que denuncien hechos de discurso de odio o colaboren con las autoridades tendrán garantizada la protección de su identidad, integridad y privacidad, conforme al marco de derechos humanos”, dispone la propuesta de ley.

También, obligaría a las plataformas digitales a colaborar con las autoridades dominicanas en la detección, reporte y remoción de los contenidos tipificados.

Prevención
El Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura implementarían programas educativos permanentes que promuevan la diversidad, el respeto a los derechos humanos, la igualdad y la prevención de discursos de odio en todos los niveles del sistema educativo.


Libertad de Expresión
Mientras tanto, el proyecto de ley depositado por el Gobierno, que modificaría la regulación al derecho de Libertad de Expresión dictado en el artículo 49 de la Constitución, continúa generando rechazo en diversos sectores de la sociedad, asegurando una supuesta vulnerabilidad de derechos fundamentales.

Aunque aún no es una decisión, los miembros de la comisión especial del Senado han confirmado que están en disposición de realizar vistas públicas para garantizar el consenso de la sociedad.

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) entregó el pasado miércoles un análisis crítico al pleno del Senado de la República, encabezado por Ricardo de los Santos, en el que declaró la “inconstitucionalidad e inconvencionalidad” de la pieza entregada por el Gobierno.

Además, aseguran que el documento legislativo elaborado por el Poder Ejecutivo, junto a una comisión honorífica integrada por representantes del periodismo nacional, incurre en violaciones a “principios y valores que sustentan la democracia”.

Para fundamentar su posición, el presidente del CARD, Trajano Vidal Potentini, explicó que únicamente los considerandos, 15 primeros artículos de la pieza, al igual que las vistas de las leyes y tratados, están acordes con la carta magna.

Sin embargo, en los 60 artículos restantes, afecta disposiciones imprescindibles para el correcto ejercicio de la comunicación en la sociedad dominicana, como lo son “la cláusula de conciencia, el secreto profesional, la no censura previa, la doctrina de la doble dimensión de la libertad de expresión, el derecho a la reserva de las fuentes de información, el derecho de rectificación o respuesta, protección de niños, niñas y adolescentes”.

Vidal Potentini lamentó también que infligiera las garantías dictadas en el artículo 69 de la Carta Magna, en el cual permite a “toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, el derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso”.

Puntualizando que la capacidad sancionadora que tendría el Instituto Nacional de la Comunicación (Inacom), entidad que propone crear la Presidencia de la República a través de la modificación legislativa; excede los límites constitucionales.

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Popular, ADN, UNIBE y AMPE apoyan a menores huérfanos tras tragedia del Jet Set

Aporte solidario de RD$5.5 millones financiará terapias psicológicas, transporte y alimentación de beneficiarios

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El Banco Popular Dominicano firmó un acuerdo de colaboración con la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y la Asociación Mundial de Psicología en Emergencias (AMPE), para ofrecer acompañamiento psicosocial a los niños y adolescentes huérfanos, a causa de la trágica madrugada del pasado 8 de abril.

Gracias a esta alianza interinstitucional, se ampliará la cobertura para la ejecución de un protocolo integral de intervención sociofamiliar que priorizará la atención para las familias con mayor nivel de vulnerabilidad.

Como parte del acuerdo, el Banco Popular realizará un aporte de RD$5.5 millones, que cubrirá tres meses de terapias psicológicas, servicios de transporte y alimentación para los menores beneficiarios y sus tutores.

La iniciativa la implementarán equipos interdisciplinarios del Ministerio de Salud Pública, Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y Supérate, en coordinación con las entidades aliadas.

Las terapias se impartirán cada sábado de 11: 00 a.m. a 1:00 p.m. en el monumento Fray Antonio de Montesino, los interesados pueden solicitar información a través del correo rossy.trinidad@adn.gob.do

*Una alianza solidaria*

El presidente ejecutivo del Popular, señor Christopher Paniagua, expresó que esta alianza solidaria multiplicará el impacto positivo sobre los beneficiarios.

“Nos honra poder aportar desde nuestro rol de empresa socialmente responsable y poner en alto la solidaridad que necesita el país”, dijo, y añadió que este acuerdo es “un compromiso colectivo con la dignidad humana, para aliviar el peso emocional que cargan hoy muchas familias afectadas”.

La alcaldesa del Distrito Nacional, señora Carolina Mejía, manifestó su agradecimiento al Banco Popular, así como a las otras entidades, por su genuino interés en apoyar a las víctimas de la tragedia, “estamos aquí hoy sentados por iniciativa del Banco Popular, quienes se nos acercaron para darnos la noticia que nos estarían apoyando, quiero agradecer el buen corazón y la buena disposición de la familia Popular”.

La directora de AMPE, señora Vanessa Espaillat, expresó la importancia de poner en manifiesto la solidaridad en momentos como estos. “Nuestra misión es servir a las familias dominicanas, en situaciones de emergencia, para apoyar la salud mental de los afectados y ayudar a superar el duelo colectivo como el que nos ocupa”.

Por su parte, la señora Odile Camilo Vincent, rectora de UNIBE, dijo que cree en el poder de la unidad. “Creo en el poder de las alianzas público privada, la academia y la sociedad civil. Solo trabajando juntos podemos lograr transformaciones reales”.

Este esfuerzo coordinado busca asegurar un acompañamiento digno, humano y sostenido en el tiempo, que ofrezca no solo contención emocional, sino también rutas de atención social y de salud para cada niño y adolescente impactado por esta tragedia.

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